El ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, se reunió ayer con los trabajadores de Empresas Polar en el Centro de Distribución ubicado en la avenida Intercomunal de Antímano, en La Yaguara, para tratar el tema sobre la desocupación del espacio.
El desalojo de los terrenos y los galpones de las empresas distribuidoras de alimentos y bebidas del lugar, ya estaba anunciado legalmente y no puede considerarse bajo ningún concepto una expropiación.
Así lo aseguró un empleado de Pepsi-Cola del grupo Polar, Bladimir Camargo, secretario general del Sindicato Profesional Bolivariano de Trabajadores de las Bebidas, Afines y Conexos.
«Ya los patronos de las empresas que allí funcionan estaban debidamente notificados, porque esos terrenos tienen dueño; ellos, los empresarios, son unos inquilinos y deben acatar la medida de desalojo para que se puedan construir las viviendas para los trabajadores y las comunidades aledañas», dijo.
Así se lo hicieron saber al ministro, previo a la visita que este realizó ayer a los terrenos donde funcionan los galpones de distribución de Alimentos Polar, Nestlé, Cargill, Pepsi-Cola y Coca Cola, en la avenida Intercomunal de Antímano, sector La Yaguara.
Camargo explicó que la medida sobre los terrenos –con una extensión aproximada de 140 hectáreas– tiene un propósito social, y «ya basta de que los empresarios le sigan dando largas al asunto. Ellos estaban advertidos», aseguró.
Contó el sindicalista que «en enero de 2012 el Comandante Hugo Chávez había decretado que esos terrenos estarían disponibles para desarrollar allí complejos habitacionales en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela».
Molina se comprometió con los trabajadores y con la empresa a colaborar en la búsqueda de una nueva ubicación para los galpones con todos sus activos, a los fines de garantizar mejores condiciones laborales, y resguardando el derecho de los 560 trabajadores de Pepsi-Cola del lugar, donde operan como centro de distribución de bebidas para la zona oeste de Caracas.
Con la visita de Molina se reiteró que las compañías tienen un plazo de 60 días para desocupar en su totalidad esa propiedad, tal como lo había determinado el Tribunal Laboral, medida que había sido ratificada por la inspectora del Trabajo, Patricia Zambrano.
No obstante, si los trabajadores consideran que no se ha conseguido una nueva sede, con óptimas condiciones para desempeñar sus funciones, están en la potestad de pedir una nueva prórroga.
Asegura Camargo que la Inspectoría del Trabajo ampara y resguarda todos sus puestos de trabajo con sus derechos intactos.
Explicó que hicieron una asamblea en la que «el patrono trató de victimizarse alegando que se trataba de una expropiación, pero los trabajadores hicimos ver la realidad y solo le pedimos que se pongan a derecho y que respeten nuestros derechos laborales, como lo determinó la inspectoría, como lo dice el contrato colectivo, con los beneficios que nos otorga la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras».
De igual modo, se acordó con Molina avanzar en los proyectos del complejo habitacional, para lo cual se creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat, la Inspectoría del Trabajo de Distrito Capital, la Defensoría del Pueblo, los patronos, los consejos comunales que ya han adelantado proyectos de viviendas en el sector y los trabajadores de Polar, que se beneficiarían con 300 nuevas viviendas, según lo determinó un censo.
El sindicalista dijo que Polar/Pepsi-Cola debería seguir el ejemplo de Coca Cola, «porque apenas se dictó la medida de desalojo, ellos estaban preparados y realizaron la mudanza a otros galpones que ya tenían dispuestos», aseguró.
EXPERIENCIA PREVIA
Relata Camargo que ya vivieron una experiencia similar en la que todas las partes salieron ganando.
«Hace algo más de dos años, la distribuidora de Pepsi-Cola de Catia La Mar fue reubicada, porque después de ocho años de haber sido notificada de su desalojo, la medida se cumplió. Con la colaboración del gobernador, Jorge Luis García Carneiro, logramos nuevos espacios, más cómodos, con mejores condiciones para laborar y hasta una carretera propia de uso exclusivo para que los camiones y las gandolas de la empresa sean cargados para la distribución», indicó.
Agregó que el desalojo tenía como fin social la construcción del nuevo Mercado Municipal de Catia La Mar, «que hoy es un digno ejemplo para la distribución de alimentos de muy buena calidad y a precios justos. Se benefició la comunidad, la empresa y los trabajadores. Por eso estamos seguros de que en esta ocasión no será distinto».
Paro ilegal
Es ilegal el paro de planta Los Cortijos de manera unilateral por parte del patrono, alegando que no tienen CO2, que es un insumo nacional. Además, los trabajadores detectaron la existencia de más de 7 toneladas de cebada, suficiente para seguir laborando. El 9 de agosto llega un buque con 22 mil toneladas más, por lo que no conciben el paro. La información la dio Frank Quijada, del sindicato nacional de bebidas. Quieren suspender los salarios a los trabajadores y les bloquearon los carnets para evitar que ingresen a la planta.
Instalarán Tribunal
El representante de los trabajadores en el laudo con Empresas Polar, abogado Juan Carlos González, anunció que será el venidero jueves 6 de agosto, a las 2 de la tarde, cuando se instale el Tribunal Laboral para discutir la nueva contratación colectiva con el representante empresarial Alejandro Di Silvestro y el árbitro designado por el Ministerio del Trabajo, Sergio Fernández. La sede permanente será la Defensoría del Pueblo, según se determinó por acuerdo entre las partes, ayer en reunión ante la inspectora nacional, Patricia Zambrano.
(Ciudad Ccs)
