Acá, cinco puntos clave sobre el acto de apertura del Parlamento y de los posibles primeros escenarios tras esa instalación. Lo importante no es sólo su instalación que, se espera, se cumplirá dentro de los parámetros formales, sino en el venidero debate político que se pronostica será de gran intensidad.
La instalación
No es necesaria una convocatoria previa para la instalación de la AN, ya que la Constitución establece la fecha para realizar dicha actividad legislativa.
Tal como lo establece el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, la instalación del nuevo Parlamento está a cargo del diputado de mayor edad. Posteriormente se designa un secretario o director de debate accidental.
Ese personaje dirige el proceso de instalación. Luego se realiza un discurso, se hacen las postulaciones de la directiva, viene una réplica, se da un breve debate -el reglamento establece cuántas intervenciones son- y luego se va a la votación. La junta directiva se elige ese mismo día y cada cargo se vota por separado.
El diputado de mayor edad es Héctor Agüero, de 75 años, quien fue reelecto por el estado Carabobo por el Psuv. También funge como coordinador político del Psuv en ese estado. Cabe destacar que la bancada opositora anunció que este domingo hará públicos a sus designados para ocupar los puestos de esa junta directiva.
El ambiente
Para este 5-E, se espera que simpatizantes de ambas coaliciones políticas se manifiesten en la calle. Este sábado, la Mesa de Unidad Democrática convocó a «acompañar» a sus diputados electos desde el Metro de La Hoyada, en el centro de Caracas.
Por su parte, organizaciones, colectivos sociales y movimientos políticos simpatizantes del proceso político del Gobierno nacional tienen previsto efectuar una movilización nacional bajo el lema “Los de Chávez a la calle”. El punto de concentración será en Plaza Venezuela.
La polémica conformación
Tras la suspensión temporal de efectos de elección de cuatro diputados por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tres de ellos pertenecientes a la Mesa de Unidad (MUD) y uno al Psuv, se espera que la Asamblea Nacional se instale con 109 diputados de la MUD y 54 del Psuv. Sobre este punto, el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó que irán en contra de esa sentencia, agregando que tienen “un mecanismo”, sin precisar mayores detalles.
La sentencia del TSJ afectaría la mayoría calificada de 2/3 partes de la MUD. Según lo estipulado por la Constitución, la Mayoría Calificada se aplica respondiendo a dos criterios, el de las 3/5 partes (100 diputados) y el de las 2/3 partes (111 diputados), cada una con competencias específicas en lo que se refiere a la creación o supresión de Comisiones Permanentes, aprobación u modificación de Leyes orgánicas, elección o remoción de titulares de otros poderes, entre otras.
¿Los primeros debates?
El 28 de diciembre pasado, el diputado de Primero Justicia Julio Borges aseguró en entrevista televisada que los parlamentarios del bloque opositor promoverán cuatro leyes el próximo 5 de enero, entre las que contó una ley para “otorgar títulos de propiedad” a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una “ley de producción nacional”, una ley que norme los tickets de alimentación y medicinas para los jubilados” y una «Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional», esta última la más polémica.
Según Borges, esta última propuesta “logrará la apertura de un diálogo nacional (…) buscamos beneficiar a nuestros presos políticos, exiliados, personas que han sido inhabilitadas políticamente y procesadas y que no cuentan con ningún tipo de justicia. Esta ley beneficiará a decenas de personas que se encuentran en estas situaciones».
El anuncio público de la misma ha tenido la respuesta del propio presidente Nicolás Maduro. “No puede haber impunidad frente asesinos. No se puede tratar de aplicar lo que ellos hacían cuando eran poder, asesinaban al pueblo y el culpable era el pueblo asesinado (…) y no me pidan perdonar asesinos”, sostuvo.
En cuanto a la ruta legal de esta ley, el abogado y constitucionalista Hermann Escarrá sostuvo en un foro realizado el pasado 17 de diciembre que «el artículo 7 de la Constitución es claro, es decir, no existe ningún organismo público que emita algún tipo de acto que no sea objeto de control constitucional, de tal manera que en el momento en que presenten la Ley de Amnistía, uno de los recursos es la incostitucionalidad ante el TSJ, que además tiene la potestad de suspender ese debate, pero a eso hay que agregar que el Presidente tiene el derecho de vetar», precisó.
Un punto aparte: Los medios de comunicación
El tema de los medios de comunicación ha sido otro de los puntos candentes. Más allá de la aprobación de la entrada al hemiciclo para los periodistas anunciada por la oposición, el tema central está en el debate de la función de los medios públicos en la cobertura parlamentaria (caso ANTV) y en la cobertura nacional.
Integrantes de la bancada opositora han manifestado públicamente su necesidad de revisar las leyes que norman a los medios de comunicación, mientras que voces del Sistema Nacional de Medios Públicos han salido en defensa de lo que han considerado “ataques” a su labor por parte de la oposición. Otro de los debates en puerta.
(ÚN)
