¿Cuáles son las leyes que amenaza desde hoy la oposición venezolana en la Asamblea Nacional?
martes, 5 de enero 2016

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela emitió este lunes el segundo boletín de resultados electorales, tras los comicios celebrados este domingo para elegir a los 167 diputados de la Asamblea Nacional (AN).

 

De acuerdo con el segundo boletín del CNE, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzó 109, mientras que el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo 55 diputados y tres son de la representación indígena.

 

Según la Constitución vigente de 1999, una mayoría calificada contaría con los votos necesarios para designar o remover a las autoridades de otros poderes públicos: Tribunal Supremo de Justicia (TS) o los rectores del Consejo Nacional Electoral.

 

La Carta Magna establece además que con dos tercios de la AN pueden promover referendos, reformas constitucionales y asambleas constituyentes, promulgar leyes orgánicas o que sirvan de base conceptual para otras leyes y reglamentos. Asimismo, someter tratados internacionales a referendo en caso de que atenten contra la soberanía nacional.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, Sección Segunda: Del Referendo Popular, artículo 73, las dos terceras (2/3) partes de la Asamblea pueden someter a referendo aprobatorio los proyectos de Ley que discuta el hemiciclo.

 

Igualmente, serán sometidos a consulta aquellos proyectos de ley en discusión por la AN, “cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea”.

 

Además, someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales.

 

Según el artículo 187, Título V, Capítulo I Del Poder Legislativo Nacional, Sección primera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional, con las tres quintas partes de los diputados, puede dar voto de censura al vicepresidente de la República, cuestión que implicaría la destitución del mismo.

 

Leyes que promovería la oposición parlamentaria:

 

1. Promulgación de una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes

 

Obtendrían los votos suficientes para aprobar una ley de amnistía y liberar a políticos que cometieron crímenes contra el Estado, entre ellos, el dirigente opositor Leopoldo López condenado a 13 años de cárcel por ser el responsable de la muerte de 43 venezolanos en las guarimbas (protestas violentas) entre febrero y marzo de 2014.

 

El politólogo Vladimir Adrianza, en una entrevista exclusiva para teleSUR, precisó que la promulgación de una Ley de Amnistía y Reconciliación de los presos políticos sería una violación al estado de derecho y a la Constitución del país porque “a lo que ellos llaman presos políticos son personas que han incurrido en delitos de derechos humanos”.

 

2. Implementar una Ley Programa para el Pleno Abastecimiento

 

Los candidatos opositores no han especificado cómo llevarán a cabo este programa.

 

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha garantizado el abastecimiento de alimentos a través de la red Mercal, Pdval y Abasto Bicentenarios a precios subsidiados. Hasta marzo de 2015, más de 120 mil toneladas de alimentos se distribuyeron en todo el país. Al menos 20 millones de personas se han beneficiado.

 

Adrianza explicó que la derecha venezolana quiere conseguir que el Estado no tenga propiedades y así privatizar todas las empresas aún cuando “se tendría que someter a voluntad popular”.

 

El Gobierno Bolivariano ha nacionalizado empresas de alimentación con el fin único de garantizarle al pueblo un desarrollo soberano de este rubro.

 

Adrianza explicó que la derecha venezolana quiera reformar y hasta eliminar proyectos sociales creados en los 16 años de Revolución, causaría que “nos estuviéramos devolviendo a los años 80 donde no había un desarrollo concreto para el pueblo venezolano”.

 

Éstas son las leyes populares y convenios internacionales que están amenazados por la tolda opositora en el Parlamento venezolano:

 

1. Ley Habilitante para combatir la corrupción

 

En diciembre de 2013, con 99 votos a favor fue aprobada la Ley Habilitante para luchar contra la corrupción, la especulación y el acaparamiento.

 

Con la mayoría calificada, la MUD eliminaría los estados de excepción declarados por el presidente Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana para detener el contrabando de extracción y desvío de alimentos producidos en su país.

 

El artículo 203, Sección cuarta: de la formación de las leyes de la organización del Poder Público Nacional, Capítulo I, la AN aprobará o rechazará la Ley Habilitante por las tres quintas partes de sus integrantes, es decir, 100 diputados.

 

2. Convenio Cuba-Venezuela

 

La cooperación entre ambos países ha permitido a través de la Misión Barrio Adentro Salud salvar la vida a 1 millón 760 mil 330 venezolanos, otros 19 millones 500 mil han recibido atención médica. Hasta la fecha se han realizado 731 millones 397 mil 832 consultas. En estos 16 años se han efectuado 1 millón 880 mil 615 intervenciones quirúrgicas. La Misión Milagro ha atendido a 1 millón 093 mil 021 venezolanos.

 

Hasta la fecha se han graduado 183 mil 762 nuevos médicos y próximamente se graduarán 29 mil 044 médicos lo que en total suma una cifra cercana a los 50 mil.

 

El politólogo Miguel Jaimes indicó que los convenios Cuba-Venezuela serán uno de los primeros que atacará la derecha venezolana dado que “ellos están siendo guiados por el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), ahora en unión con el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri”.

 

“Ellos funcionan a través de la venganza y por ello es que irán contra Cuba. Causarán un retroceso por décadas de lo que hasta ahora han sido lazos bilaterales con Cuba”.

 

El Convenio Cuba -Venezuela fue impulsado por el presidente Hugo Chávez, y este ha beneficiado al pueblo venezolano en salud, educación, cultura y deporte.

 

3. Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)

 

El hilo constitucional también establece amparar a los millones de trabajadores con la LOTTT , impulsada por Chávez y aprobada en 2012. Es por ello, que ante la amenaza de perder este derecho, el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez ratificó este lunes que no van “a permitir el despido de millones de trabajadores”.

 

Para Vladimir Adrianza que la oposición pretenda reformar la presente Ley del Trabajo causaría que “la integración o derecho adquirido de la mujer se perdiera, la suplantaría o disminuiría”. Explicó que el impacto de la reforma de esta ley sería “casi inmediata” lo que daría como resultado una ley neoliberal en el que “la familia, el niño y la mujer perderían el sentido de derecho”.

 

“El derecho adquirido de la mujer es legal y constitucional”, reflexionó.

 

Igualmente señaló que para reformar la ley de los trabajadores, la derecha tendría que derogar la presente, suplantarla por otra y al momento que se tenga “una nueva ley neoliberal”, tendrían que darle una integración al pueblo situado a lo que era la ley anterior.

 

Rodríguez denunció este lunes que Fedecámaras, la organización que agrupa a comerciantes y empresarios del sector privado del país, ha propuesto a la Asamblea Nacional, electa este 6 de diciembre, anular la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

 

"Piden la anulación de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir que van a proponer el despido de millones de trabajadores. No lo vamos a permitir", aseveró Rodríguez, durante una rueda de prensa en Caracas.

 

En las propuestas de Fedecámaras a la AN también se encuentra la "reforma" al Presupuesto Nacional aprobado este año y que otorga más de 60 por ciento a la inversión social.

 

4. Ley de Precios Justos

 

La derecha plantea revisar la Ley Orgánica de Precios Justos, aprobada en 2014 por el presidente Nicolás Maduro y reformada este año para proteger el salario de los venezolanos de la especulación del sector comercial privado.

 

Una publicación de Notilab del 2 de diciembre de 2015, señala que el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, en el primer consejo nacional del período 2015-2017, reafirmó su rechazo a la Ley de Precios Justos, porque supuestamente "genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios", dado que la norma establece ganancias máximas de 30 por ciento para garantizar precios justos, de acuerdo con la estructura de costos de producción y no de la especulación.

 

A este hecho le antecede la petición que hizo Fedecámaras cuando introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la ley, documento que no fue admitido.

 

La Ley de Precios Justos entró en vigor el pasado 23 de enero de 2014 para combatir la guerra económica instaurada por representantes de la derecha desde finales del año pasado, y garantizar el equilibrio económico nacional, así como defender, proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad.

 

5. Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)

 

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) se inició formalmente en abril del año 2011, con este programa, el Gobierno venezolano dignificó las condiciones de vida de los ciudadanos más pobres, quienes enfrentados a años de exclusión, se vieron obligados a construir ranchos en terrenos peligrosos ante la imposibilidad de habitar en las buenas y céntricas zonas tomadas por terratenientes o negociantes inmobiliarios.

 

Aún cuando la derecha no ha definido sus acciones ante este logro soberano, ya tiene en sus planes establecer una misión de hipoteca que imposibilitará al pueblo a acceder a una vivienda.

 

Frenar la Gran Misión Vivienda es una de las promesas electorales de la oposición, en un plan neoliberal que tiene nombre y apellido: Ley Impulso al Desarrollo de Viviendas.

 

Actualmente, esta gran iniciativa habitacional cuenta con una Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue aprobada en el parlamento el 6 abril de 2011 bajo el decreto N° 8.143.

 

De igual forma, esta gran misión es producto de una estrategia nacional, que incluye al pueblo organizado, los gobiernos regionales y municipales, así como al sector privado (banca y empresariado).

 

Asimismo, ha sido vital el apoyo internacional a través de convenios con países del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia. Acuerdos que hoy están en riesgos de ser clausurados por el “Paquete Legislativo” que ofrece la MUD.

 

Las cuatro mentiras de la oposición previo a parlamentarias.

 

Esta propuesta legal plantea que cada familia posea una estructura mínima inacabada de una casa y luego se endeude con la banca privada para que amplíe la vivienda.

 

De esta manera, la oposición evidencia el querer apoderarse del presupuesto público para la inversión social que le pertenece al pueblo organizado.

 

(teleSUR)

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