Representantes de la Asociación de Docentes Jubilados y Pensionados de Miranda, región central del país, denunciaron que el gobernador de esa entidad, Henrique Capriles Radonski, no firma contrato colectivo desde que asumió la Gobernación de Miranda hace ocho años, desmejorando las condiciones de trabajo del gremio educativo.
La denuncia se hizo a propósito de que este martes, el Ejecutivo regional entregó su memoria y cuenta ante el Consejo Legislativo de Miranda (Clebm), en Los Teques, donde Capriles señaló en su alocución que se invierte «más de la mitad del presupuesto» en materia educativa, no obstante, durante sus dos periodos gubernamentales no ha impulsado ningún tipo de reivindicación para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes.
El secretario general de esta instancia sindical, Raimundo Baroni, señaló que desde el gremio de educadores no sólo se ve con preocupación que durante dos periodos no se haya firmado contrato colectivo estadal, sino que en el presupuesto de 2016 no se incluyó un apartado presupuestario para la discusión del proyecto, el cual se inició en noviembre de 2015 pero que no ha llegado a acuerdos concretos.
En ese sentido, destacó que Capriles debió prever estos recursos pues de lo contrario no podrá cumplir con la firma de la contratación.
«El contrato colectivo estadal tiene vencido los ocho años de gestión de Capriles, en donde no se había discutido una contratación nueva, que apenas comenzó en noviembre del 2015 pero que vemos con preocupación que no se concretará en vista de que en el presupuesto de 2016 no se incluyó ningún apartado para la contratación colectiva. Capriles tuvo que haber previsto esta discusión y tener unos recursos en garantía para satisfacer la necesidad de los docentes porque no podrá firmar contrato colectivo sino tiene esos recursos «, señaló.
Recordó que el anterior gobernador Diosdado Cabello dejó lista la documentación para firmar el proyecto colectivo, la cual no procedió por órdenes de Capriles. «Él (Capriles) se negó a firmar el contrato y se reunió con unos sindicatos para firmar un acta de convenio que ha incumplido y violado durante todo este tiempo. Podemos decir que no contamos con ningún beneficio estadal porque los que hemos adquirido los últimos años es por la contratación colectiva nacional».
«No existe ninguna reivindicación por parte de Capriles hacia los docentes», enfatizó.
Recalcó que las deudas acumuladas desde el 2011 que se lograron saldar fue gracias a la lucha emprendida por los educadores, quienes exigieron sus derechos y gracias al respaldo del parlamento mirandino, «se logró que el gobernador (Capriles) cancelara la inmensa deuda que tenía con los docentes, debido a la lucha reivindicativa emprendida por los docentes y el apoyo del Consejo Legislativo», dijo.
Denunció que la Procuraduría de la entidad impugnó la participación de esta asociación dentro de las discusiones siendo ilegal, donde también participan los otros seis sindicatos regionales. «La procuraduría nos vetó ante la Inspectoría del Trabajo para que no pudiéramos participar en las discusiones, no entendemos porque la Gobernación que se hace llamar demócrata también impide nuestra participación como observadores. Estamos cansados que entre los gremios patronales y el gobernador, y negocien a favor del Ejecutivo regional», explicó
Memoria y Cuenta será evaluada
El vicepresidente del parlamento y presidente de la Comisión de Contraloría, Ismael Capinel, destacó que con la entrega de la memoria y cuenta por parte del Ejecutivo Regional se da cumplimiento a lo establecido en la Constitución del estado Bolivariano de Miranda, donde se señala que el informe de gestión debe presentarse los 30 días siguientes al inicio del período de sesiones ordinarias del Consejo Legislativo.
«Nosotros haremos la fiscalización, evaluación y control administrativo de la gestión gubernamental a través de las comisiones de Contraloría y Finanzas para profundizar la investigación. Revisaremos los tomos entregados por el gobernador donde se concentra toda la gestión del año 2015», sostuvo.
Puntualizó que el parlamento mirandino ha fungido como defensores de las luchas reivindicativas de los servidores públicos adscritos a la Gobernación, cuya tarea continuará este año para lograr el pago de deudas a bomberos y personal jubilado de la policía estadal.
«Logramos una victoria con la cancelación de deudas a educadores que estaban acumuladas desde el 2009. Ahora nos corresponde acompañar a los bomberos en lograr mejoras para la infraestructura, dotación de equipos y que se invierta en la seguridad del estado», sostuvo.
Pese a que la bandera de gestión de Capriles es la educación, se acumularon deudas millonarias que sólo fueron canceladas luego de las continuas protestas de calle que emprendió el gremio de educadores en la entidad. Lo propio ocurrió con los apagafuegos quienes también tomaron acciones de calle para exigir pago de deudas y mejoras en las condiciones de trabajo.
De acuerdo a un informe presentado por la comisión especial del parlamento regional, el 50% del parque automotor está paralizado e inoperativo que incluyen camiones de bomberos, ambulancias, vehículos de rescate y cisternas necesarias para atender las emergencias de la comunidad. De las 60 ambulancias, el 75% esta inoperativo, es decir, sólo funcionan 15.
Lo propio ocurre con la flota de Polimiranda, donde casi el 50% de las patrullas también se encuentran paradas a falta de repuestos.
(AVN)
