William Castillo: “Pretenden aprobar otra amnistía para violadores de la Ley de Telecomunicaciones”

  • Lunes, 29 Febrero 2016 06:08
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En entrevista realizada por el periodista Clodovaldo Hernández, exclusiva para La Iguana.TV, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, comentó los proyectos de reforma legal que ha comenzado a discutir la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Dijo que “se plantea una especie de borrón y cuenta nueva en el campo de la radio: no importa si vendiste, alquilaste, traspasaste la concesión, si nunca pagaste impuestos, pues los diputados van a aprobar una ley que limpiará todo eso”.

 

Castillo (Caracas, 1961) alertó que se quiere establecer en la ley una suerte de derecho a prórroga automática de las concesiones de las radioemisoras y televisoras.

 

El funcionario, licenciado en Comunicación Social egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1987, expresó también ideas como las siguientes:

 

  • “Si se aprueba tal como fue presenta, habrá que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para que interprete la Constitución y diga si esa reforma encuadra en los límites de la Carta Magna. Si allí se decide que la ley es constitucional, al gobierno no le quedaría más remedio que cumplirla, con lo cual estaríamos en presencia de la privatización del espectro radioeléctrico”.
  • “El debate de la autocensura, y lo digo como comunicador social más que como funcionario, me parece uno de los más frívolos y absurdos de cuantos ha habido en Venezuela”.
  • “Una de las propuestas plantea incorporar a ese consejo directivo a representantes de las cámaras de radio y televisión. El pueblo diría “zamuro cuidando carne”, pues sería poner el órgano regulador en manos de los particulares a los que regula. Eso no pasa en ninguna parte del mundo”.
  • “Esta misma semana vamos a darle autorización para que operen ocho nuevas emisoras comunitarias en Táchira, en un evento con el ministro Luis José Marcano. La idea es que todos entren por el carril: las radios públicas, las privadas y las comunitarias”.
  • “Si la reforma se aprobara tal como fue presentada, esas operadoras extranjeras podrían renovarse automáticamente sus concesiones con sólo manifestarle a Conatel su intención de seguir explotándolas. Es decir, que anularía la facultad del Estado de supervisar a esos operadores extranjeros. En la práctica, le estarías entregando el espectro radioeléctrico a otra nación o a corporaciones transnacionales. Es una locura, no tiene ni pies ni cabeza”.
  • “Acá hemos considerado la narconovela como un modelo particularmente nocivo de contenido porque es un seriado, una cosa consistente, un mensaje repetitivo, continuado, que además glorifica la vida de capos, de narcotraficantes, de asesinos, incluso de algunos que no son de ficción, sino gente que existió con sus nombres reales y todo”.
  • “No se están cerrando canales internacionales sino que se están regulando ciertos contenidos y es responsabilidad de las operadoras buscar una solución tecnológica”.

 

A continuación, el diálogo completo:

 

-La bancada mayoritaria de la oposición ha presentado una reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ¿Qué se esconde detrás de esta iniciativa legislativa?, ¿a quién se pretende pagarle favores?

 

-Este es un proyecto de ley que se inserta dentro de lo que hemos descrito como el contraataque de la derecha, el uso de un poder público legítimamente obtenido, con las elecciones del 6 de diciembre para destruir, desde el Estado mismo, los fundamentos de un Estado social de de derecho y de justicia, los avances sociales, la democratización que se ha logrado en diversas áreas. Y esto también se aplica al sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es una reforma de apenas tres o cuatro artículos  y eso, ya, de por sí, es misterioso…

 

-…¿Es misterioso que sea tan pequeña?

 

-Sí, claro, porque hoy en el mundo está planteada la necesidad de reformar las leyes de telecomunicaciones y eso se está haciendo en todas partes porque los avances tecnológicos son muy trascendentales, la convergencia, la revolución digital obliga a los estados a revisar constantemente la legislación al respecto. Hay muchos aspectos que deben ser incorporados en materia de satélites, uso de drones, privacidad, ciberseguridad… En fin, que uno esperaría una reforma más ambiciosa, pero ellos sólo quieren reformar tres artículos. Y cuando vemos los textos encontramos la explicación para ese carácter escueto: lo que se quiere es establecer en la ley una suerte de derecho a prórroga automática de las concesiones. Y eso es muy peligroso, pero además es contradictorio con la propia ley, con sus fundamentos. Si esa reforma se aprobara, llegaríamos a una situación absurda en la que unos artículos de la ley contradicen los fundamentos de ella misma. Eso denota un problema de técnica jurídica y deja entrever que hay un apuro, una necesidad de responder a los intereses de un sector, que yo identifico, sin duda alguna, como los grupos dominantes, mayoritarios al menos, en la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y en algunos sectores de la televisión. Creo que el canal Globovisión está desempeñando un rol importante, así como los antiguos dueños de RCTV y también el grupo radial Belfort. Se han articulado un conjunto de factores mediáticos para impulsar una reforma puntual de la ley que, además de esas fallas que señalé, es muy regresiva desde el punto de vista de los derechos sociales en el sector de las telecomunicaciones, logradas a partir del 2000 con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que se aprobó entonces. Estamos en presencia de una jugada de grupos de presión, que utilizan a diputados que, creemos, no se han leído la ley ni la comprenden. Esos parlamentarios dicen que quieren propiciar un debate en el país, pero básicamente lo que pretenden esd granjearse los favores de esas estructuras mediáticas.

 

-¿Qué pasaría si se aprueba esta ley? ¿Podría el gobierno ejercer sus funciones en el campo de las telecomunicaciones con una legislación que contradice sus principios?

 

-Yo creo que acá se va a plantear algo que ya se ha planteado con otras propuestas de reforma legislativa de la derecha, que es acudir al Tribunal Supremo de Justicia para que interprete la Constitución y diga si esa reforma encuadra en los límites de la Carta Magna. En nuestro criterio no lo hace, pero el que debe determinarlo es el Tribunal Supremo. Si allí se decide que la ley es constitucional, al gobierno no le quedaría más remedio que cumplirla, con lo cual estaríamos en presencia de la privatización del espectro radioeléctrico. Un patrimonio, un bien de dominio público que pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas habría sido, mediante una reforma puntual de tres o cuatro artículos, transferido al sector privado.

 

-¿Por qué es privatizadora?

 

-Porque lo que dice, básicamente, es que una persona o empresa que tiene una concesión para explotar una parte del espectro radioeléctrico, cuando llega su vencimiento lo que tiene que hacer es comunicarle al Conatel su intención de seguir teniéndola y, automáticamente, ya estaría renovada. El Estado, en este caso, no tendría ningún derecho a revisar lo que el concesionario haya hecho, si cumplió la ley, si pagó los impuestos, si está usando ese privilegio para negocios sucios, para cometer fraudes, para desestabilizar al país… incluso, no se podría revisar si ese concesionario ha modificado sus parámetros técnicos. Es decir, que la reforma desmonta todo el andamiaje técnico-jurídico de las concesiones.

 

-Se ha dicho mucho que una de las razones por las cuales esa ley debe ser reformada es porque induce a la autocensura de los medios de comunicación radioeléctricos. ¿Qué dice usted sobre este aspecto?

 

-El debate de la autocensura, y lo digo como comunicador social más que como funcionario, me parece uno de los más frívolos y absurdos de cuantos ha habido en Venezuela. La autocensura no se debate en ninguna parte porque es una postura ética ante la información. Aquel que se autocensura es porque decidió autocensurarse. Es una gran manipulación pretender criminalizar al conjunto de leyes que se han aprobado en Venezuela durante los últimos años y que buscan, primordialmente, garantizar los derechos de la colectividad en términos de responsabilidad ulterior. Eso está establecido en todos los pactos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de San José. Todo ese cuerpo normativo obliga a los estados a establecer por ley la responsabilidad ulterior, y eso significa que el único límite de la libertad de expresión es la responsabilidad que asume quien utiliza ese derecho. Exigir que se asuma esa responsabilidad es algo posterior a la emisión del mensaje porque esas mismas leyes internacionales, nuestra Constitución, así como el mismo tipo de leyes de otros países, prohíben la censura previa. Entonces, algo que es normal en el mundo, en Venezuela se vende como unas leyes que inducen a la censura. Yo creo que además de la manipulación intencional en este caso también hay una debilidad en la formación ética. Pienso que el periodista debe asumir el riesgo de lo que informa, tal como lo hacen los comunicadores en otros países, incluso poniendo en peligro sus vidas. En México, en Honduras, en Colombia, en Estados Unidos o en el Medio Oriente a veces pagan con cárcel o con sus vidas los riesgos de informar. En Venezuela, donde ninguna de esas situaciones extremas está planteada, se pretende decir que unas normas que protegen al colectivo promueven la autocensura. Eso es un absurdo y no queda otra alternativa que seguir denunciándolo, hasta que volvamos al buen periodismo, el que asume la responsabilidad de lo que informa.

 

-También se ha planteado el tema de cómo se integra el directorio de Conatel. ¿Ustedes están abiertos a discutir ese punto en concreto?

 

-Por supuesto. Lo que pasa es que hay dos proyectos en la Asamblea. Uno es el del diputado José Gregorio Correa, que es que plantea la renovación automática de las concesiones y el otro es el de la diputada Gaby Arellano, todavía un poco más incoherente, en el que se plantea la reestructuración del consejo directivo de Conatel. Este es un organismo del Ejecutivo nacional que tiene un consejo directivo de cinco miembros, designados por el presidente de la República. La diputada Arellano plantea aumentar el número de miembros a siete y que cinco de ellos sean nombrados por la Asamblea Nacional. Eso, prácticamente, convertiría a Conatel en un órgano del Poder Legislativo. Es un absurdo jurídico, técnico y conceptual. Pero, además, plantea algo más peligroso, que es incorporar a ese consejo directivo a representantes de las cámaras de radio y televisión. El pueblo diría “zamuro cuidando carne”, pues sería poner el órgano regulador en manos de los particulares a los que regula. Eso no pasa en ninguna parte del mundo porque es un absurdo, porque los funcionarios tendrían sentados al lado a los representantes de quienes deben ser investigados y, eventualmente, sancionados. Eso es una propuesta traída por los pelos, pero nosotros sí estamos claros en que, utilizando su facultad de control de la administración pública, la AN podría hacer una reforma e incorporar a un representante, como lo tiene en la directiva de Petróleos de Venezuela, del Banco Central o del Consejo Nacional de Universidades.  Pero convertir a Conatel en un órgano del Legislativo sería desnaturalizar su función. En el fondo, repito, lo que está en juego acá es si el Estado sigue cumpliendo sus funciones o si se le entrega al sector privado, que es lo que la oposición quiere.

 

Emisoras ilegales

 

-Otro de los grandes temas de debate que, en los últimos días, ha involucrado a Conatel es el de las emisoras ilegales. Se habla de  mil quinientas y uno se pregunta si es una exageración o, en caso de ser cierta esa cifra, ¿cómo es que se ha llegado a tal anarquía?

 

-Yo no sé si son mil quinientas, podrían ser  mil seiscientas o mil, pero en todo caso, es un número muy alto. Yo creo que supera las mil. Es muy complicado tener una estadística, precisamente porque son clandestinas. Es como si en los años 60 alguien hubiese preguntado cuántos guerrilleros hay. Por la tecnología disponible actualmente, cualquier persona con un transmisor casero puede invadir el espectro radioeléctrico. Ahora bien, sobre todos estos temas se han dicho algunas verdades, muchas medias verdades y bastantes mentiras. Una de las mentiras más graves es que esas mil quinientas emisoras ilegales han surgido en estos años de Revolución y que son todas creadas por el gobierno, que son un aparato paramediático del Ejecutivo para adoctrinar al pueblo y sabotear a las emisoras legales. Eso es falso. La verdad es que el espectro, específicamente el de Frecuencia Modulada, está invadido desde los años 70, situación que se extendió durante el último cuarto de siglo XX y ha seguido durante lo que va del actual. Estamos hablando de cuatro décadas de graves problemas de invasión del espectro e ilegalidad en las transmisiones. ¿Por qué ha sucedido eso? Bueno, esa es la explicación que nos gustaría darle a la Asamblea Nacional, pero no nos han invitado a sus reuniones. La primera razón es que Venezuela tuvo casi 60 años con una legislación muy débil, que nunca ser reformó, salvo detalles muy específicos. Esa ley no planteaba la figura de las concesiones, sino unos permisos muy discrecionales, que se daban y se quitaban según el vaivén de los partidos de gobierno. Ganaba AD y se los daba a radiodifusores aliados; llegaba Copei y se los quitaba para dárselos a los suyos; volvía AD y hacia lo mismo… A mediados de los 70 comienza a utilizarse la FM en el mundo y se inicia una pugna política por esos nuevos espacios del espectro. El presidente de la Cámara de Radio en los años 70, que era el papá de los Belfort, uno de los primeros latifundistas de la radio, denunció que en Venezuela la radio FM se rezagó ocho años porque AD y Copei no se ponían de acuerdo sobre a quién otorgarle los permisos. Esa pugna derivó en que empezaron a invadir el espectro y por tanto había emisoras sin ningún permiso, otras que tenían permiso sólo para instalar una antena, otras que podían transmitir en período de prueba, y unas pocas que tenían el permiso de inicio de operaciones. Cuando, en el año 2000, entra en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se comienza a poner orden en eso. Se les dice a todos los que tuvieran emisoras que presentaran sus títulos y permisos para convertir en concesiones todos los que estuvieran legales. De 627 operadores que estaban registrados, vinieron 535 y de esos, sólo 222 tenían permiso de inicio de transmisiones regulares. A esos se les dio la concesión. Es decir, que ya de entrada habían varios centenares de radios ilegales. Al margen de eso, siguió la invasión del espectro, eso debemos reconocerlo.

 

-¿Por qué ha continuado?

 

-Porque es un fenómeno muy difícil de controlar. Cierras una emisora clandestina y abren tres. Además, a veces hay factores políticos, empresarios, funcionarios públicos involucrados. En noviembre y diciembre cerramos seis emisoras en Táchira porque no tenían concesiones y transmitían una programación casi paramilitar y una de ellas estaba en una alcaldía bajo el control del partido Voluntad Popular. Allí les cayeron a botellazos a los funcionarios de Conatel. En este desorden ha participado mucha gente. Por eso, me parece que si se abre un debate será la oportunidad para revisar todo y que queden legalizados los que tengan sus recaudos y se cierre a los que merezcan el cierre. Además, es necesario revisar otros aspectos porque hay muchas emisoras que tienen concesión pero sus titulares originales las han traspasado o alquilado, no pagan impuestos o cometen otras infracciones previstas en la ley. Buena parte de la gente que está detrás de estos proyectos de ley saben que están en una situación irregular, porque quien haya vendido, alquilado o traspasado su concesión hizo algo ilegal y no se le puede renovar.  Por eso es que, jugando un poco con el lenguaje, podríamos decir que esta reforma se parece a la Ley de Amnistía. Se plantea una especie de borrón y cuenta nueva en el campo de la radio: no importa si vendiste, alquilaste, traspasaste la concesión, si nunca pagaste impuestos, pues los diputados van a aprobar una ley que limpiará todo eso y tú podrás ser radiodifusor por veinte años y, por si eso fuera poco, tú te podrás autoasignar la concesión. Esa es la situación, independientemente de que admitimos que ha habido debilidad regulatoria de parte del Estado en estos quince años.

 

-¿Las emisoras comunitarias están en esa situación de ilegalidad?

 

-No. En la ley aprobada en el 2000, el comandante Chávez exigió que se legalizara a las emisoras comunitarias porque en la IV República se perseguía y se metía preso a todo aquel que pusiera una radio o una televisora en un barrio o en un pueblito. TV Boconó y CatiaTV sufrieron persecuciones durante años. Hoy hay 262 emisoras FM y 44 televisoras comunitarias habilitadas. Algunas de ellas han tenido problemas porque cambiaron de junta directiva o por otras causas, de manera que estamos en el proceso de que se pongan a derecho igual que las privadas o públicas. El ministro (del Poder Popular para la Comunicación e Información) Luis José Marcano ha ordenado un proceso de reorganización, apoyo e reimpulso de las emisoras comunitarias y por eso Conatel va reabrir y actualizar el registro y a darles acompañamiento. En lo que coincidimos todos es en que las emisoras comunitarias deben dedicarse a cumplir su cometido, no deben convertirse en emisoras privadas ni en ninguna otra cosa. Por cierto, esta misma semana vamos a darle autorización para que operen ocho nuevas emisoras comunitarias en Táchira, en un evento con el ministro Marcano. La idea es que todos entren por el carril: las radios públicas, las privadas y las comunitarias.

 

-¿Qué efectos tendrían las reformas planteadas más allá de la industria de la radio?

 

-La Ley Orgánica de Telecomunicaciones no sólo tiene que ver con radio y televisión. También regula las concesiones para telefonía móvil, Internet y transporte de datos. La ley dice que en radio y televisión no puede haber operadores extranjeros. Ese es un aspecto muy sabio de esta legislación. En cambio, en telefonía celular  o TV por suscripción se permite, a través de empresas registradas en Venezuela. Ese es el caso, por ejemplo, de Movistar o DirecTV. Si la reforma se aprobara tal como fue presentada, esas operadoras extranjeras podrían renovarse automáticamente sus concesiones con sólo manifestarle a Conatel su intención de seguir explotándolas. Es decir, que anularía la facultad del Estado de supervisar a esos operadores extranjeros. En la práctica, le estarías entregando el espectro radioeléctrico a otra nación o a corporaciones transnacionales. Es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso queremos que la AN nos invite para decirles todas estas cosas y advertirles que mucho de lo que están planteando es peligroso, regresivo y demagógico. Allí se verá si de verdad quieren mejorar la legislación de telecomunicaciones o lo que quieren es seguir atizando la confrontación con el Tribunal Supremo para luego reforzar su matriz internacional de que a la pobre Asamblea democrática no le dejan ejercer sus funciones.

 

Ley anticadenas

 

-Otro de los puntos que han planteado los diputados opositores es la posibilidad de regular las transmisiones conjuntas. ¿Qué opina?

 

-Ellos han hablado de una Ley Anticadenas, pero en los documentos que hemos conocido hasta ahora no se toca ese punto. Me imagino que ese proyecto lo están escribiendo actualmente. Creo que internamente tienen un debate entre incluir ese punto en una reforma que también han anunciado de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos o hacer una ley especial. En este momento, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones tiene regulaciones sobre los mensajes de interés público, las alocuciones presidenciales. Allí se establece el derecho del Estado a usar el espectro radioeléctrico por razones de interés público, de interés nacional. No sé, esperemos a ver qué deciden para dar una opinión.

 

Narcotelenovelas

 

-Otro punto de controversia en la labor de Conatel se refiere a la prohibición de las llamadas narcotelenovelas. La pregunta sería ¿por qué se les aplica tan estrictamente la normativa a ese tipo de programas y no se hace lo mismo con otros sumamente violentos o que presentan también peligrosos antivalores como buena parte de las series y películas estadounidenses?

 

-Es una inquietud muy válida. Siempre en los debates sobre la Ley Resorte se dice que deberíamos permitir todo o no permitir nada. Pero, primero que nada debo recordar que el fundamento de esa ley no es aplicar la censura sino la responsabilidad social. Por eso lo que hacemos acá es incitar a los emisores de mensajes a que revisen su programación, a ser responsables cuando programen, en lugar de dar cuentas después de que los mensajes han sido emitidos. Evidentemente en este caso hay mucha polémica. Acá hemos considerado la narconovela como un modelo particularmente nocivo de contenido porque es un seriado, una cosa consistente. Tú puedes ver una película con una alta carga de violencia, pero se puede decir que es un evento aislado. En cambio, cuando se trata de una serie, emitida en horario infantil, de todo usuario, se pone a los receptores a captar un mensaje repetitivo, continuado, que además glorifica la vida de capos, de narcotraficantes, de asesinos, incluso de algunos que no son de ficción, sino gente que existió con sus nombres reales y todo. Por eso consideramos que es un caso extremo. Pero, en principio, no se están persiguiendo los contenidos, pues si así fuera, tendríamos que dejar fuera al 70% de la programación o, al menos, exigir que las cambiaran de horario. Lo que hacemos es exhortar a las empresas para que regulen esos contenidos particularmente nocivos. Lo hicimos en 2010 con Televén y más recientemente decidimos hacerlo también con operadoras de cable. No se trata de cerrar canales ni de bloquearlos ni de impedir que la TV por suscripción funcione en el país, sino que les hemos dicho que cambien esa novela por otro programa.  Por cierto, no se trata de algo que sólo nos preocupe a nosotros: en Colombia se han hecho estudios y se han dado debates muy interesantes sobre los efectos de las narconovelas. Sería interesante preguntar a ver qué dice la sociedad colombiana acerca de lo que ha producido allá ese fenómeno.

 

-Lo que ocurrió fue que la respuesta de algunas cableras fue retirar completamente el canal que transmitía la telenovela cuestionada…

 

-Eso fue responsabilidad de ellos. Nosotros tenemos un diálogo abierto con las operadoras de televisión por suscripción y esta semana nos vamos a reunir con ellas. La televisión satelital viene en formato digital que permite hacer adaptaciones y negociarlas con los canales. Se puede bloquear una programación en un país y dejarla libre en otro. De hecho, lo hacen con la publicidad y con grandes eventos, como el Mundial de Fútbol o con las películas pay per view. Por eso queremos debatir directamente con ellos y enviarle un mensaje al país, decirle que acá no se están cerrando canales internacionales sino que se están regulando ciertos contenidos y que es responsabilidad de las operadoras buscar una solución tecnológica. Sabemos que algunas operadoras reciben todavía una señal analógica que viene en un paquete que o lo pasas completo o no puedes pasar nada, pero no es así en todos los casos. Finalmente, creemos que este no es un tema exclusivo para ser tratado entre Conatel y las operadoras, sino que debe ser un asunto de las familias, de los padres y las madres, que se deben alfabetizar tecnológicamente para estar en capacidad de regular los contenidos que ven sus hijos.

 

(Clodovaldo Hernández / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 

 

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