Exclusiva de Britto García: No es juego la renovación de orden ejecutiva de Obama contra Venezuela

  • Lunes, 14 Marzo 2016 09:02
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En entrevista exclusiva con La Iguana.TV, el escritor, abogado y articulista advirtió que nadie debe olvidar que todos los países que han sido señalados como amenaza contra EE.UU. han resultado luego agredidos y destruidos.

 

Igualmente deploró que la oposición pretenda propiciar una intervención foránea a través de la OEA, pues los principios que, en teoría, mueven a ese ente internacional son la defensa de la soberanía e independencia de los estados miembros.

 

En la conversación con el periodista Clodovaldo Hernández, Britto García (Caracas, 1940), también dio las siguientes opiniones:

 

  • Tenemos un oscuro historial de aplicación de los instrumentos internacionales de la OEA para legitimar dictaduras.
  • La intervención violenta contra Venezuela ha empezado hace tiempo. Yo llevo más de una década señalando que hay una infiltración paramilitar contumaz en Venezuela que ya ha tomado la forma de un ejército.
  • Está claro que el propósito de la derecha es utilizar todos los mecanismos, de acuerdo a la oportunidad. De hecho, no está descartada una reincidencia en los ataques terroristas. Además, hay que tener en cuenta las apetencias de poder de cada uno de los factores de esa alianza tan heterogénea. Por eso es que no pueden escoger una vía única, sino, como quien dice, echarle palo a todo mogote.
  • “Si la derecha actuara con lógica, optaría por la vía electoral”
  • El proyecto de Ley de Amnistía va contra la Constitución porque la Carta Magna no permite beneficios para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad como el terrorismo y los asesinatos con móviles políticos.  Muy posiblemente le toque a la Sala Constitucional desautorizar ese proyecto de ley porque tiene inconstitucionalidades obvias y flagrantes.

 

A continuación, el diálogo completo:

 

-Diputados de la Comisión de Política Exterior que andan haciendo lobby por Chile y otras naciones, anuncian que presentarán la solicitud formal de aplicar la Carta Democrática  de la OEA al gobierno de Venezuela, el próximo 15 de marzo. ¿Qué puede significar esto?

 

-Bueno, en primer lugar es bueno recordar que el día 11 de abril de 2002 apareció en los diarios venezolanos una información en boca del embajador de Estados Unidos para ese entonces, Charles Shapiro,  señalando que Venezuela estaba fuera de lo establecido en la Carta Democrática de la OEA. Esas declaraciones las dio Shapiro el día anterior porque ya sabía que venía un golpe de Estado contra el comandante Chávez, obviamente, porque estaba utilizando la carta como un instrumento para justificarlo y legitimarlo. Luego, en el decreto mediante el cual Pedro Carmona deroga la Constitución y ejerce la dictadura absoluta, se señala que nunca como en el gobierno de Chávez se habían violado tanto las libertades y los derechos establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Está claro que tenemos un oscuro historial de aplicación de los instrumentos internacionales de la OEA para legitimar dictaduras. Eso ya había ocurrido antes en otros países. Nunca, por ejemplo, la OEA se opuso a la instauración de la dictadura chilena.  Por otro lado, la OEA no tomó ninguna medida por propia iniciativa ante el golpe de Carmona en el cual  fue secuestrado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, un presidente electo por el pueblo. Eso a ellos los dejó totalmente indiferentes y fue necesario que una organización de derechos humanos de Colombia, llamada Minga, se dirigiera a la OEA diciéndole, “señores, miren, acaban de secuestrar a un presidente democráticamente electo, ustedes tienen que tomar cartas en el asunto” y fue cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le escribió al entonces ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Carmona Estanga para preguntarle qué había pasado. Además, lo hizo refiriéndose a él como excelentísimo señor y llamando a la dictadura “ilustrado gobierno”. Vale decir que la OEA reconoció al gobierno de Carmona Estanga y se limitó a solicitar información. No fue que pidió la liberación del presidente constitucional ni respeto para el pueblo. Este preámbulo debe ser válido para señalar que, lamentablemente, en lo que a nuestro país respecta, la OEA lo que ha hecho es legitimar dictaduras y permanecer absolutamente indiferente frente a violaciones verdaderas del orden constitucional y de los derechos humanos.

 

-En este caso, tomando en consideración las constantes declaraciones hostiles del secretario general,  ¿se puede sospechar algo parecido?

 

-Sí, eso es así. En todo caso, nos estamos moviendo en el terreno del derecho internacional, la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Interamericana establecen como uno de sus  principios básicos la no intervención en los asuntos internos de los miembros. En su declaración de principios, indican que los Estados se integran a la OEA para fomentar su solidaridad, robustecer su cooperación y defender su soberanía, su integridad territorial e independencia. En este caso se estaría pretendiendo utilizar estos tratados internacionales para lo contrario: destruir la soberanía y la independencia de Venezuela porque una intervención internacional tendría ese significado. Específicamente, la Carta de la OEA dice, en su artículo 3, ordinal e, que “Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma en que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los estados americanos cooperarán ampliamente entre así, con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. Esto está muy claro: cualquier injerencia, interferencia o intento de inmiscuirse en la política venezolana va contra los documentos de la OEA que son la base de esa organización.

 

-Más allá de lo estrictamente jurídico, ¿qué consecuencias políticas podría traer esta denuncia de la Asamblea Nacional?

 

-Cierto, pueden hacer mucho fuera de la ley y de los principios internacionales, pero eso entra en el plano de la delincuencia.

 

-En otras oportunidades quienes han pedido la aplicación de sanciones contra Venezuela han sido individualidades, partidos, ONG o ex presidentes de otros países, pero en este caso es la Asamblea Nacional, uno de los cinco poderes públicos del país, además recientemente electo. ¿Eso no le concede un mayor peso?

 

-En el campo del derecho público internacional no. Como está dicho en la pregunta, es uno de los cinco poderes públicos de Venezuela, pero la República Bolivariana de Venezuela es el pueblo soberano que mantiene su soberanía a través de esos cinco poderes. Uno solo de ellos no puede hablar en nombre del país, por más que haya obtenido una victoria circunstancial. El Poder Legislativo es una fracción del Estado, uno de sus órganos, no es la totalidad de los poderes.

 

-Esto se presenta en un contexto en el que además acaba de ser renovada la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que se califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de esa nación. ¿Se están alineando todos los recursos internacionales para una acción de fuerza contra el gobierno venezolano?

 

-El presidente Obama en una oportunidad declaró que era ridículo y exagerado considerar a Venezuela una amenaza extraordinaria contra Estados Unidos. Claro que lo es, porque EEUU es la primera potencia militar del mundo. Ya no es la primera potencia económica, pero sigue siéndolo en el terreno militar. Es un país que tiene más armamento que el resto del planeta sumado. El ejército de EEUU anda cerca de los tres millones de efectivos, si se toman en cuenta los mercenarios y otros combatientes tercerizados. Obama dijo que esas órdenes ejecutivas se hacían siguiendo un formato que contenía esas expresiones, como amenaza inusual y extraordinaria, pero que no había que tomárselo al pie de la letra. La verdad es que ese formato ha significado la condena a muerte de países enteros. Nadie debe olvidar que todos los países que han sido señalados como amenaza contra EEUU han resultado luego agredidos y destruidos, borrada su tradición cultural, como ocurrió con Irak, Afaganistán, Libia y Siria. En esas naciones, previamente calificadas de amenaza, se han cometido genocidios, se han confiscado sus riquezas naturales para las transnacionales. Lamentablemente no es cosa de broma o juego esta orden ejecutiva ahora renovada. Los países que han sido declarados como amenazas contra la seguridad de EEUU coinciden mucho con los que hace muchos años el general Wesley Clark señaló como las naciones a las que EEUU debería invadir. Muchos de esos países de la lista de la muerte han sido efectivamente invadidos.

 

-¿Es inminente una intervención violenta de fuerzas externas en Venezuela?

 

-Esa intervención ya ha empezado, hace tiempo. Yo llevo más de una década señalando que hay una infiltración paramilitar contumaz en Venezuela que ya ha tomado la forma de un ejército y que tienen vinculaciones con el ejército regular de Colombia, porque los paramilitares lo que hace es el trabajo sucio que las fuerzas militares no quieren hacer por razones de prestigio. Esa organización está operando en Venezuela y por eso llevamos dos centenares de líderes campesinos víctimas del sicariato; llevamos una cantidad casi igual de dirigentes sindicales urbanos que han sido asesinados violentamente, sin el motivo ostensible del robo. En los hechos violentos de los años recientes se detuvo a una cantidad de paramilitares y quedó demostrado que muchas de las víctimas de la guarimba fueron asesinadas con disparos en la cabeza a larga distancia. Esas no son prácticas de un estudiante o un apasionado manifestante, sino de personas entrenadas en el uso de las armas. La respuesta a esa invasión progresiva ha sido tardía, con medidas como las operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

 

-¿Por qué la oposición le hace el juego a esa forma violenta de destrucción de la Revolución si está viviendo su mejor momento en términos electorales?

 

-La derecha, a raíz del resultado de las elecciones de diciembre, que creo fue sorpresivo hasta para muchos de ellos mismos, tiene una buena esperanza de retomar el poder por vía electoral, a través de un referendo revocatorio o de otras opciones. Si la política conservadora tuviera alguna lógica, jugarían esa carta porque en ese caso tendrían la legitimidad que no tuvo el gobierno de Carmona Estanga. Deberían tener un poco de paciencia para ir a un referendo o para obtener victorias en las elecciones de gobernadores y alcaldes y, luego ponerle la mano al Poder Ejecutivo. Pero lamentablemente no hay lógica en los procedimientos de la derecha, sino un ansia desenfrenada de poder de la que se puede esperar cualquier cosa.

 

-La hoja de ruta de la oposición es, más bien, un abanico de vías que conducen al mismo lugar: derrocar al gobierno de Maduro y retomar la senda neoliberal. Como analista político, ¿qué opinión tiene acerca de esa diversidad de opciones?

 

-Ahí está claro que su propósito es utilizar todos los mecanismos, de acuerdo a la oportunidad. De hecho, no está descartada una reincidencia en los ataques terroristas. Por otro lado, a cada momento hay rumores de supuestos golpes… En fin, hay que recordar que la oposición es un saco de gatos que incluye sectores antagónicos  a los cuales solo los une su odio a la Revolución Bolivariana. Además, hay que tener en cuenta las apetencias de poder de cada uno de los factores de esa alianza tan heterogénea. Por eso es que no pueden escoger una vía única, sino como quien dice, echarle palo a todo mogote.

 

-Dada la mayoría que tiene la oposición, se espera que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, a la que usted ha llamado Ley de Impunidad. Como jurista, ¿qué cree que va a pasar luego de que sea aprobada?

 

-Nuestro sistema constitucional es de división y equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos para evitar que un poder pueda someter a los demás. Ese proyecto de ley va contra la Constitución porque la Carta Magna no permite beneficios para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad como el terrorismo y los asesinatos con móviles políticos.  También es muy cuestionable porque contempla la amnistía para personas que incurrieron en delitos de narcotráfico y otros de naturaleza financiera. La Constitución faculta al presidente para vetar las leyes con las que no está de acuerdo. La Asamblea puede rechazar ese veto. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el diferendo puede ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional. Muy posiblemente le toque a la Sala Constitucional desautorizar ese proyecto de ley porque tiene inconstitucionalidades obvias y flagrantes. Claro, todo esto es hipotético porque todavía no ha sido aprobada la ley ni mucho menos vetada por el presidente.

 

(Por Clodovaldo / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

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