mineros de Tumeremo: caso resuelto, verdades concretas y acción de Estado (+artículo)

  • Miércoles, 16 Marzo 2016 11:05
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En menos de 10 días se despejó la incógnita sobre la violencia que se desplegó sobre Tumeremo, al sur del estado Bolívar. Un caso que de no haberse atendido con la sobriedad y la prontitud necesaria, podría haber sido el punto de partida de otra serie de desencadenantes que bajo el manto mediático, hubiesen degenerado en un expediente aún más adulterado y peligroso contra el país.

 

Víctimas, verdades concretas y respuesta del Estado (lo que intentaron no contarte)

 

El lunes 14 de marzo, al mediodía, la Fiscal General de la República, así tuiteó: "Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo".

 

Y frente a un panorama que se quería nublado, vago, deliberadamente adulterado, comienzan a aparecer respuestas concretas de las comisiones oficiales designadas para el caso, contra un paisaje mediático en el que las baterías buscaban enfilar en una sola dirección: el crimen de Estado.

 

Se habló, para establecer el tono, y sin prueba alguna para el momento, de 28 desaparecidos, y antes de cualquier demostración ya se pretendía soltar el trademark Ayotzinapa para delimitar el campo semántico, en el ámbito del consumo "noticioso" globalizado mientras pretendía levantar el expediente político concreto.

 

Encontrados cuatro cuerpos en el sector Nuevo Callao, "se tiene la identidad plena de 18 de las víctimas por las características que nos dieron sus familiares",declaró en el programa televisivo de Vladimir Villegas al mediodía del 14, Luisa Ortega.

 

Y lo que han querido ensordecer, lo que no te han dicho, es que en un caso así de peliagudo, esta ha sido la secuencia (a grandes rasgos) por el que el gobierno evitó que la iniciativa sobre el terreno sea un asunto tan de pranes como los probables vínculos entre politiqueros, pranes y Amnistía Internacional:

 

El 6 de marzo fueron enviados dos fiscales para investigar sobre el terreno. Se le sumó un equipo de expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público (MP) del estado Bolívar y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en una primera comisión.

 

El día lunes 7 de marzo, Tarek W. Saab, Defensor del Pueblo, informó que también había comisionado a cuatro delegados "para facilitar la investigación y recoger las denuncias como Estado venezolano garante de los derechos humanos, de la constitución y la democracia".

 

El mismo 7, el Ministerio Público solicitó medidas de protección para dos familiares de desaparecidos que acudieron a denunciar. La institución estatal también resguardó la identidad de los denunciantes en las actas de investigación. El Nacional, Américo De Grazia, y etc., se ensañaron en lo contrario, trancando la partida.

 

Al día siguiente (8 de marzo), el presidente Nicolás Maduro anunció durante el acto conmemorativo del día de la mujer, que se había designado desde la Presidencia una comisión mixta compuesta por el MP, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Esa misma mañana, el Defensor del Pueblo había visitado la población de Tumeremo para reunirse con los familiares que denunciaron la violencia y las desapariciones. 

 

En su momento, el Defensor apuntó que la comisión está desplegada "en silencio" en la zona del suceso para garantizar una investigación efectiva, lazando por elevación a la epidemia de versiones aventureras, que en su aventurerismo enturbiaron los mismos testimonios que habían recabado en un primer momento. "Las personas que han denunciado tendrán la debida protección que merecen como lo demanda la Constitución, así como la legislación nacional e internacional".

 

El mismo 8 de marzo, el MP confirmó la garantía de resguardo de identidad y víctimas en respeto a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

 

El miércoles 9 de marzo, en conferencia de prensa, Saab a nombre de la Comisión, develó que "existe la participación criminal de sujetos al margen de la ley e incluso algunos de nacionalidad colombiana", datos aportados por los testigos del suceso. En ese momento, declinó aportar más detalles por el momento que puedan dañar la investigación, pues se encuentran "en reserva legal".

 

El jueves 10 de marzo, el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, afirmó que se han realizado un total de 21 entrevistas a familiares y testigos.

 

El viernes 11 de marzo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, hizo pública la identidad del planificador del suceso en Tumeremo. Jamilton Andrés Ulloa Suárez de 44 años de edad, apodado "El Topo", de nacionalidad ecuatoriana, fue identificado según la colección de materiales criminalísticos y operaciones especiales en el área. González López informó que hasta ese momento, las operaciones desplegadas en el área permitieron capturar a un miembro de la organización que lidera "El Topo" -también conocido como "El Don"-, quien aporta datos sobre la estructura, modus operandi, vinculaciones y conexiones de esta y otras organizaciones (los "sindicatos") en la zona.

 

El sábado 12 de marzo, la Fiscal General de la República informó a través de su cuenta de Twitter que el MP solicitó una orden de aprehensión contra Jamilton Andrés Ulloa Suárez, "El Topo". Asimismo, el MP ha logrado incautar once vehículos que aparentemente fueron utilizados por los responsables de los desaparecidos.

 

En el programa José Vicente Hoy, transmitido el día 13 de marzo, Saab indicó en entrevista que de 11 pasaron a 17 desaparecidos confirmados según los datos aportados por los familiares denunciantes, sin embargo "no significa que esa sea la cifra definitiva aunque hay un aproximado de 25 desaparecidos".

 

También informó que los mismos familiares de los desaparecidos identificaron, retrato hablado mediante, a los autores materiales del suceso, y destacó "un detalle importante (…): familiares y testigos nos revelaron que en la tranca que se presentó en el lugar estaban cuatro de los verdugos delincuentes que participaron en el suceso, confundiéndose con los que protestaban, como si Dudamel dirigiera lo orquesta y además tocara primer violín. Porque la música propiamente la paga otro.

 

Tan cerca de Siria y tan lejos de la verdad. El 14 de marzo, la fiscal Ortega cerró el radio especulativo en relación a quienes y cuántos han sido desaparecidos, a quienes el Topo y sus financistas desaparecieron, mejor dicho. Dato verificable cuando ciertos actores empujan hacia sus propios intereses. Soltaron 28 como cifra de consumo, pero al día de hoy se especula que son 25 almas según declarara Saab el domingo 13, de las cuales se tiene "identidad plena" de 18.

 

En declaraciones posteriores, la Fiscal finalmente aseveró que se trataban de 21 nombres, personas, historias, memorias, que mató directamente El Topo, e indirectamente la guerra mineral.

 

El 14 en la noche la fiscal actualizó: "Hemos concluido la búsqueda de los desaparecidos en Tumeremo con el hallazgo de 17 cadáveres".

 

Las pretensiones paralelas (ni Ayotzinapa, ni El Amparo)

 

Ya desde el principio se buscó mover el velo del terrorismo de Estado en Venezuela. Se trató de alborotar un dato del mar de fondo histórico meándose sobre la frescura de la muerte de las víctimas que los medios pretendían defender.

 

Primero se hizo el empeño de asociarlo automáticamente con caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero (y para diferenciar entre lo que operadores mediáticos irresponsablemente pretenden poner en el mismo nivel, revise esta nota que el mexicano Alberto Torres sentida y generosamente escribió para Misión Verdada propósito de Ayotzinapa y la tradicion mexicana de terrorismo de Estado).

 

Porque, en la misma lógica reversiva que empaña las acciones de guerra irregular contra la paz venezolana, también se trató de aproximar a la funesta masacre de El Amparo, en la frontera apureña, en 1988, el 29 de octubre.

 

El Amparo (perpetrado por las bandas criminales de Henry López Sisco) fue reconocido como crimen de Estado por el gobierno de Caldera y por presión internacional, en julio de 1998.

 

A esta altura, establecer cualquier punto de comparación con ambos precedentes no sólo evidencia el rumbo de la agenda de intereses dentro del desastre, sino la pretendida intención de hacer de Tumeremo un expediente de consumo globalizable, y en el extranjero.

 

Y una vez más, no pudieron.

 

(LaIguana.TV / misionverdad.com)

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