La presidenta de la Subcomisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional (AN), la diputada Adriana D’Elia, aseguró este miércoles 16 de marzo que la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) y Otros Programas Habitacionales del Sector Público, ya está lista para ser aprobada. Así lo afirmó durante la más reciente discusión del citado proyecto legal, el cual constará de 27 artículos.
«Ya está bueno del chantaje y de la precariedad en la asignación de viviendas. A partir de la aprobación de esta Ley se establecerá que el régimen jurídico de otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad, sea de obligatorio cumplimiento por parte del órgano o ente público competente, encargado de la ejecución del proyecto habitacional», puntualizó.
Dicha normativa, según D’Elia, establecerá que, una vez se culmine el proyecto urbanístico y se asignen las unidades habitacionales, el órgano o ente a cargo de su ejecución deberá cumplir con todos los pasos establecidos en el Capítulo II, para que el documento de propiedad quede a nombre del beneficiario en la Oficina de Registro Público Inmobiliario que corresponda.
«Queda establecido en el artículo 19 que el órgano o ente público ejecutor competente procederá, de manera inmediata e incondicional, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente Ley, a emitir, suscribir, y protocolizar el documento de propiedad, por ante la oficina respectiva y de forma gratuita», señaló la parlamentaria.
Recordemos que esta «Ley de Propiedad», discutida actualmente en el seno de la nueva AN, de mayoría opositora, ha sido calificada por altos funcionarios del gobierno como un «proyecto de privatización de los urbanismos de la Gmvv». El referido documento «legal», solo estaría buscando la mercantilización de los apartamentos, casas y terrenos otorgados, despojando al pueblo venezolano de su derecho social a adquirir una vivienda digna. El propio presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó este texto como una normativa inconstitucional.
(LaIguana.TV)
