El diputado y ex ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat explicó que para cumplir el plan de darles vivienda a todas las familias que la necesitan, se requerirían, de acuerdo a la normativa vigente, 375 mil millones de bolívares, destinados a adquirir los terrenos privados necesarios. Si se aplicaran los precios del mercado inmobiliario especulativo, en lugar de eso harían falta 34 billones 170 mil millones de bolívares, es decir, cien veces más.
El ingeniero Molina (Caracas, 1960), advirtió que a precios de mercado (como lo establece la normativa propuesta), sería imposible seguir construyendo viviendas.
Durante la conversación con el periodista Clodovaldo Hernández, exclusiva para La Iguana.TV, el parlamentario dijo también lo siguiente:
Ø La contrarrevolución que espera realizar dos negocios al modificar el régimen de propiedad de la GMVV: que las empresas inmobiliarias se apoderen de centenares de miles de viviendas construidas por el Estado, para revenderlas a precios de mercado; y generar un artificial incremento del Producto Interno Bruto al comienzo de un hipotético gobierno neoliberal.
Ø Hay elementos para declarar la ley inconstitucional, pero la última palabra la tiene la Sala Constitucional y nosotros la vamos a someter a su consideración.
Ø Los opositores plantean la idea de que la familia capitalice su propiedad, que no es otra cosa que convertirla en dinero, pero en el fondo lo que quieren es darles a la banca y al sector inmobiliario la posibilidad de comprarlas.
Ø Un día llegaría un inversionista a la casa y preguntará “cuánto te costó tu apartamento”, y cuando le respondan que un millón de bolívares, el inversionista dirá: “Bueno, yo de doy diez”, y la gente podría caer en la tentación porque tal vez le parezca una buena cifra, sólo que cuando luego vayan con esos diez millones a resolver el problema de dónde vivir, se darán cuenta de que no les sirven de nada y que tendrán que volver nuevamente al barranco.
Ø Si el Estado hizo un gran esfuerzo para darme una vivienda yo no puedo aprovecharme de eso para convertirla en mercancía y enriquecerme personalmente
Ø Eso de la preferencia electoral en los urbanismos de la GMVV es un mito. Se dice que todos votaron mayoritariamente por la oposición y eso no es verdad. Yo he revisado personalmente y puedo asegurar que en ningún urbanismo de la GMVV se ha observado una pérdida electoral ni siquiera mínima.
Ø En cuanto al tema delincuencial, no tengo duda de que la ola de actos delictivos en urbanismos de la GMVV fue producto de un plan.
A continuación, la entrevista completa:
-¿En cuánto tiempo quedaría desvirtuada, desmontada o liquidada la Gran Misión Vivienda Venezuela si entra en vigencia la ley discutida por la Asamblea Nacional?
-Se acabaría en el momento en que se requirieran nuevos terrenos. Prácticamente se podrían terminar las viviendas que están actualmente en construcción, pero se imposibilitaría el acceso a nuevos terrenos pues en esa ley se propone eliminar las normas sobre justiprecio de los terrenos que se ha aplicado hasta ahora. Esto significaría que los terrenos se comprarían a precios de mercado, especulativos, y no habría recursos suficientes para pagar lo que los particulares pretenden por esos terrenos. Los dos millones de familias que aún debemos atender, de aquí al 2019, para cubrir la deuda histórica en materia de vivienda quedarían condenadas a no tener posibilidades de acceder a una vivienda dentro de los terrenos de las ciudades. Sería necesario volver a la vieja política de lo que llamaban la vivienda social, que se construían en los peores terrenos, fuera de las poligonales urbanas, alejados de los centros de servicio. Es decir, que mediante esa ley se estaría marginando a gran parte de la población al derecho a la ciudad.
-¿Y en cuanto a las familias que ya habitan en urbanizaciones de la GMVV, en qué tiempo podrían cambiar de manos?
-Bueno, allí hay un gran riesgo, que dependerá mucho de la conciencia de quienes ya tienen sus viviendas. Es conveniente subrayar que esas viviendas pertenecen a quienes ya las habitan, tienen sus documentos de propiedad. En estos días, el ministro de Vivienda (Manuel Quevedo), dijo que un poco más de 88% de las familias que han sido adjudicadas ya tienen sus documentos protocolizados. La ley de la AN pretende liberalizar algunas de las condiciones establecidas para esa propiedad y que son intrínsecas a cualquier vivienda construida por el Estado, no sólo en Venezuela, sino en cualquier país. Esas viviendas han sido construidas con recursos del Estado y, por tanto, si alguien la quiere vender, que puede hacerlo sin ningún problema, debe ofrecerla en primera instancia al propio Estado. Y si todavía hay familias que necesiten una vivienda, el Estado se las venderá a esas personas. La ley pretende abolir esa condición para que esas viviendas pasen al mercado inmobiliario. Plantean la idea de que la familia capitalice su propiedad, que no es otra cosa que convertirla en dinero, pero en el fondo lo que quieren es darles a la banca y al sector inmobiliario la posibilidad de comprarlas. La gente de la oposición tiene una tremenda contradicción, una envidia. No toleran que estas familias que antes vivían en las afueras de Caracas, o de cualquier otra de nuestras ciudades, en zonas de alto riesgo, sin servicios públicos, ahora estén en lugares donde ellos piensan que tales familias no tienen derecho a vivir. Por ejemplo, en el caso de Caracas, no aceptan que esas familias vivan en la avenida Libertador o en la avenida Bolívar.
-¿Cómo se llevaría a cabo esa operación de desalojo de esas familias de los lugares que ahora ocupan, de acuerdo a la nueva ley?
-Un día llegaría un inversionista a la casa y le preguntaría a las personas adultas de la familia “cuánto te costó tu apartamento”, y cuando le respondan que un millón de bolívares, por decir una cifra, el inversionista dirá: “Bueno, yo de doy diez”, y la gente podría caer en la tentación porque tal vez les parezca una buena cifra, sólo que cuando luego vayan con esos diez millones a resolver el problema de dónde vivir, se darán cuenta de que no les sirven de nada y que tendrán que volver nuevamente al barranco. Mientras tanto, el agente inmobiliario habrá obtenido algo que habrá pasado a ser una mercancía y que luego la podrá vender por un precio diez, veinte o quién sabe cuántas veces esos diez millones. Ese proceso se llama gentrificación y ha sido aplicado en muchos países: los grandes capitalistas compran a bajo costo las propiedades de familias pobres, las desplazan de allí y remodelan los lugares para convertirlos en condominios lujosos o en oficinas y locales comerciales, en zonas exclusivas. Un ejemplo de eso es Puerto Madero, en Buenos Aires, que hasta cierto momento fue un barrio muy pobre y hoy es una zona superexclusiva, de turismo caro, de actividades financieras. Hoy, las familias que vivían en Puerto Madero y que aceptaron los pagos de las grandes inmobiliarias están viviendo a tres horas de sus centros de trabajo, fuera de la ciudad y en zonas miserables, sin servicios, sin acceso, sin transporte. Eso es, en pocas palabras, lo que quieren hacer con los urbanismos de la GMVV, que después de que tanto los criticaron, ahora les parecen un jugoso negocio inmobiliario. Si estos grupos le llegan a poner las manos a los urbanismos que se han construido en el centro de las ciudades, los revenderían a precios fabulosos. Y esa es apenas la parte chiquita del negocio que tienen en mente, pues más allá de eso, si logran “capitalizar las viviendas”, como suelen decir, crearían una burbuja inmobiliaria que incidiría artificialmente en el Producto Interno Bruto. Esto demuestra que ellos están preparando todo para tomar el poder político, el gobierno. No lo van a lograr, pero están haciendo todo lo posible. Un país con todos los problemas económicos que tenemos, muchos de ellos provocados por la propia oposición, tiene un PIB contraído. Entonces, si de buenas a primeras salen al mercado secundario un millón de viviendas en las que se invirtieron 441 mil millones de bolívares, resulta que valen diez o quince veces más que eso, y esas cifras las refleja un Banco Central plegado a visión neoliberal, inmediatamente puede decirse que es un logro económico de la derecha. Sería una manera muy manipulada de demostrar su supuesta eficiencia en el manejo de la economía. Es parte de una componenda integral, una visión en la que para nada cuentan las necesidades del pueblo. No les interesa si el pueblo es propietario o no, sino ponerle la mano a esa inmensa inversión que ha hecho la Revolución y disponer de ella para convertirla en mercancía capitalizable.
-¿Por qué las viviendas de la GMVV tiene un régimen de propiedad especial, distinto al de cualquier bien inmobiliario?
-Lo primero es que el socialismo tiene una visión diferente de la vivienda. Por eso, nuestra Constitución, en su artículo 82, la cataloga como un derecho de todas y de todos. Por cierto, esta ley de la AN violaría ese artículo de la Carta Magna. En socialismo se le da preferencia a la familia, pues esta es la garantía de que la sociedad funcione. La oposición ha querido establecer la idea de que la propiedad, tal como se concibe en las viviendas de la GMVV, es precaria y que, por ser propiedad familiar, el Estado puede disponer de esas viviendas. Eso es falso. En la ley de la GMVV dice que la familia tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de su vivienda. Eso es así, en respeto al artículo 82 y al 115, que contempla el derecho a la propiedad. Lo que la oposición no quiere tener en cuenta es que los recursos con los que fueron construidas esas viviendas son del pueblo en general, de la sociedad. Si yo me compro una casa con mi dinero, con la plata ganada por mí y por mi familia, yo puedo convertir esa casa en mercancía cuando quiera, pues fueron mis recursos los que invertí. Pero las casas que construye el Estado venezolano para las familias con menor capacidad financiera, lo hace con recursos que son del pueblo todo y la condición asociada a ese esfuerzo es que la familia use esa vivienda como centro de su hogar, no como mercancía. Podemos ver esto con otro caso, el de los carros que produce o importa el gobierno revolucionario. No es justo que alguien compre uno de esos vehículos en 600 mil, 800 mil bolívares o un millón, supuestamente para resolver el problema de movilidad de su familia o para trabajarlo como taxi y a los pocos días lo venda en cinco millones. Eso no sólo es ilegal, sino deshonesto, poco ético, poco solidario con el resto de la población. Más grave aún es el caso de las viviendas porque son bienes todavía más costosos. Si el Estado hizo un gran esfuerzo para darme una vivienda yo no puedo aprovecharme de eso para convertirla en mercancía y enriquecerme personalmente. Es un tema complejo, que a mucha gente no le entra en la cabeza, pero hay que seguir insistiendo. Es un esfuerzo que hacemos entre todos, que hace la sociedad, para que los más pobres puedan obtener una vivienda, algo que de otra manera resultaría imposible para esas familias; luego, es injusto que la persona pueda convertir en mercancía esa vivienda y se gane un dinero que no trabajó. Es una visión completamente contradictoria con el socialismo. La contrarrevolución pretende disfrazarlo de libertad individual, le dicen a la persona que puede vender la casa cuando quiera “porque es tuya”, obviando el hecho de que la compró gracias a una política de Estado y muchas veces con subsidio. Si la casa vale un millón de bolívares y la familia no puede pagar sino 300, el Estado financia los otros 700 mil. En esa situación, la familia no puede pretender hacer negocios para lucrarse con esa vivienda. Admitir que eso se haga sería convertir a la GMVV en un barril sin fondo, en algo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista financiero ni de justicia social. Lo que queda claro con esta ley es que para la derecha no es importante la familia ni los niños ni la justicia social sino cuál puede ser el valor de la vivienda y del suelo sobre el que fue construida. Por eso esta discusión refleja muy bien la confrontación que hay en el país entre los dos modelos: uno donde es más importante el valor monetario de las cosas y otro donde es más importante la felicidad de la gente.
-Tenemos entendido que, además, el modelo de propiedad adoptado en la GMVV fue producto de experiencias negativas previas. Por ejemplo, muchas de las viviendas otorgadas a damnificados de la Tragedia de Vargas fueron revendidas en el mercado secundario normal y algunas de esas familias retornaron a zonas de alto riesgo. ¿Es cierto eso?
-Allí hubo mucho para aprender. Era un gobierno recién instalado, sobre una estructura prácticamente desmantelada y esa tragedia sorprendió al comandante Chávez y a todos los que participábamos en ese momento. No había recursos para asumir los costos de aquella catástrofe. Sin embargo, se hizo un tremendo esfuerzo y la gran mayoría de las familias afectadas fueron atendidas en materia habitacional con lo que se pudo en ese momento. Se cometieron errores, es cierto. Desde el punto de vista sociológico, por la emergencia seguramente, se cometió por ejemplo el error de llevar gente de Vargas, que es una zona costera con una cultura muy arraigada, a un urbanismo muy bonito y con todas las condiciones, pero en San Felipe, estado Yaracuy. Muchos no se adaptaron, a pesar de que el comandante Chávez dio instrucciones para que no se le dieran solo las viviendas, sino inclusión laboral, centros educativos, acompañamiento social. Eso no resultó del todo bien, aunque también muchas familias sí lograron implantarse y están haciendo sus vidas en las nuevas zonas. Esos fueron errores que se cometieron con la mejor de las intenciones, pero además se han ido corrigiendo. En el caso de la GMVV, con las familias damnificadas por las lluvias de 2010 a 2012, se decidió atenderlas a todas en sus lugares de origen. Por ejemplo, para las familias de Caracas se procuró reubicarlas en la ciudad, sólo que ya no en La Pedrera o en cualquiera de los otros barrios de donde habían salido, sino en la ciudad propiamente. Igual pasó con las familias de Miranda, Aragua, de todo el país. Otro error que cometimos fue en 2007 o algo así, cuando promovimos el Programa 8, que consistía en darles un financiamiento a familias que quisieran comprar una vivienda en el mercado secundario y demostraran tener dificultades socioeconómicas. En ese entonces se estableció un tope que creo que fue de 8 millones de bolívares y ocurrió un fenómeno: si una vivienda costaba 3 millones, la ponían en 8 para sacarle provecho al financiamiento del Estado. Eso tuvo una influencia dura en el mercado inmobiliario y prácticamente cualquier rancho podía llegar al precio tope porque ese era el monto que el Estado estaba dispuesto a aportar. Eso se enmendó rápidamente, pero fue otro error cometido por buenas intenciones. En el marco de la GMVV se ha creado un marco que no es perfecto, pero que ha corregido muchas de esas desviaciones. Ahora, con esta nueva ley, se pretende romper con esa política exitosa y eso significa que volveremos a la situación en la que la mayoría de las familias no va a poder acceder a vivienda.
-¿Hay cifras al respecto?
-Sí, tenemos unas proyecciones hasta 2019. Para cumplir el plan de darles vivienda a todas las familias que la necesitan, se requerirían, de acuerdo a la normativa vigente, 375 mil millones de bolívares, para adquirir los terrenos privados necesarios. Si se aplicaran los precios del mercado inmobiliario especulativo, en lugar de eso harían falta 34 billones 170 mil millones de bolívares, es decir, cien veces más. Eso, por sí solo, inviabilizaría la política de vivienda de la Revolución, sobre todo con las dificultades que tenemos por el comportamiento del mercado petrolero. La ley, junto con este ingrediente, mataría a la Gran Misión.
-Hay un componente importante en este caso, que ya usted lo señaló, y es la conciencia de las familias favorecidas. Algunos síntomas hacen dudar de que esté en el nivel adecuado: por ejemplo, la presencia de elementos de la antisociedad en las urbanizaciones y el comportamiento electoral de sus habitantes. ¿Será que no se hizo el trabajo adecuado en este plano de la conciencia política o es que la derecha gana la batalla en la mente de las personas?
-Mi apreciación es que el pueblo venezolano, en general, tiene un nivel de conciencia infinitamente superior al que tenía, por ejemplo, en 2002. En ese momento reaccionó de una manera inusitada, sorpresiva, pero no tenía el nivel de conciencia que tiene hoy. Eso de la preferencia electoral en los urbanismos de la GMVV es un mito. Se dice que todos votaron mayoritariamente por la oposición y eso no es verdad. Yo he revisado personalmente y puedo asegurar que en ningún urbanismo de la GMVV se ha observado una pérdida electoral ni siquiera mínima. Hay una presencia electoral de la oposición de hasta 8%. En Ciudad Caribia es de 3,2%, es decir, que sí hay opositores, pero poquiticos. No es cierto que en los urbanismos haya falta de apoyo, desconocimiento o rechazo al gobierno revolucionario. Por lo demás, esa es una demostración de que nuestro proceso es incluyente, que una persona puede ser opositora y no por eso se le niega el derecho a la vivienda. Además, en la comunidad, las personas saben que ese señor o esa señora son de oposición y no por eso se les trata mal. Es un comportamiento muy distinto al que muestran algunos opositores que segregan a quienes señalan como chavistas, peligrosos y chusma. En cuanto al tema delincuencial, no tengo duda de que la ola de actos delictivos en urbanismos de la GMVV fue producto de un plan. No tengo datos científicos para demostrarlo, pero es algo que se huele, entre otras razones porque fue algo muy extraño que en 40 urbanismos, en Caracas, en los Valles del Tuy, en Valencia, Los Teques, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros, Maturín, de manera simultánea ocurrieran estos hechos. Además de la simultaneidad estuvo la forma de actuar, pues no fueron eventos violentos para robar o distribuir drogas, sino para sembrar terror en la gente. Por otro lado, eso se acompañó con una campaña comunicacional muy recia de parte de la derecha, destinada a estigmatizar a todas las familias que viven en la GMVV como malandros, delincuentes. Todo eso demuestra que fue un plan urdido para desmoralizar y golpear un plan evidentemente muy exitoso.
-Entonces, ¿sí se ha hecho un esfuerzo en el campo de la formación de conciencia?
-Sí, yo estoy convencido de que sí. Desde el Ministerio de Comunas, desde la Vicepresidencia Social, se han hecho trabajos intensos en cuanto a la organización de las comunidades, de la formación de comités multifamiliares de gestión, consejos comunales, comunas, misiones formativas. Nos han faltado urbanizaciones, pero es que, justamente, son muchas… Basta con revisar las cifras: del millón y tantas viviendas construidas, más o menos 600 mil familias están en urbanismos y para hacer un trabajo de formación, organización, estímulo permanente, conformación de unidades de producción con esa cantidad de familias hace falta un ejército de funcionarios trabajando exclusivamente en eso. Ha sido una labor muy cuesta arriba, pero ahí va… Por ejemplo, ya se puede apreciar cómo está funcionando en muchos urbanismos la tarea de la agricultura urbana. Ya prendió, ya arrancó con fuerza. También pasa esto con las pequeñas unidades de producción, con la organización de grupos de trabajo textil, en fin, que cada vez el pueblo entiende mejor que la organización y la participación protagónica es la vía para lograr sus objetivos.
-Usted ha dicho que la ley opositora es contraria al artículo 82 de la Constitución Nacional. ¿Eso significa que es posible esperar que el Tribunal Supremo de Justicia también la declare inconstitucional, como ya ha ocurrido con otras recientemente aprobadas por la AN?
-Yo creo que sí, digo que hay elementos para declararla inconstitucional, pero la última palabra la tiene la Sala Constitucional y nosotros la vamos a someter a su consideración. Hay dos aspectos fundamentales que son razones duras para que se declare inconstitucional. En primer lugar, la negación del derecho a la vivienda contemplado en el artículo 82 constitucional. Al cercenar la posibilidad de que el Estado acceda a los terrenos, las familias no van a tener cómo ejercer ese derecho. Por otra parte, un artículo de esta ley ordena la conformación de una comisión parlamentaria que revisará todos los proyectos construidos, en construcción y por construir por la GMVV para determinar si a los dueños de esos terrenos se les está pagando o no al precio correcto. Esa comisión le dará instrucciones al Ejecutivo de pagarle a fulano o a mengano. En ese artículo le asignan al Poder Legislativo acciones que corresponden al Poder Ejecutivo, es decir, que la Asamblea se asigna superpoderes, lo cual es inconstitucional. Es más o menos lo mismo que pasaba con la Ley de Amnistía, que, por fortuna, ya es cosa del pasado.
(Clodovaldo Hernández / [email protected])
