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“Me gustaría saber qué les pasaría a estos muchachos si hubieran hecho algo así en otro país”, le comentó un señor a sus acompañantes en los asientos azules del Metro. El señor les mostraba las fotografías publicadas por Ciudad CCS de una patota de manifestantes opositores, golpeando a una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana.

 

Como la profesión obliga, la inquietud del pasajero del subterráneo dio lugar a una modesta indagación. Aquí va.

 

Lo que pasó, lo que va a pasar

 

Repasemos, antes que nada, lo ocurrido. Digamos que pasó y está pasando lo de siempre. Los manifestantes de la oposición, luego de perpetrar hechos sumamente violentos, son tocados por la varita mágica de los medios de comunicación de la derecha y de las ONG de derechos humanos, tras lo cual se convierten en mansas palomas de la paz, jóvenes injustamente perseguidos por “su forma de pensar”.

 

En este caso, particularmente, el procedimiento ocurre a contrapelo de todas las evidencias, incluso de algunas imágenes grotescamente claras como la de los vándalos pateando, apaleando, apedreando y dándole puñetazos a una mujer policía. 

 

Está clarísima la sevicia, la alevosía, la ventaja: la persona atacada es una mujer y todos los agresores son hombres; estaba desarmada (salvo el escudo para protegerse), mientras ellos portaban palos, piedras y botellas; y cuando más se le golpeó fue en momentos en que la agente estaba indefensa, en el suelo. Pero, para los medios nacionales e internacionales al servicio de la contrarrevolución y para las ONG de derechos humanos, estos manifestantes ya son inocentes, pues actuaron así en procura de la libertad y la democracia. El silencio informativo se impuso en muchos de los medios y las ONG han obviado descaradamente este episodio de la infamia.

 

Sin tener dotes proféticas, se puede vaticinar que aparecerán voceros de otras nacionalidades a opinar sobre este hecho que en sus países habría ocasionado severas sanciones sin derecho a pataleo. ¿Cuáles son esas penas?

 

Una indagación periodística realizada recientemente por el portal español lainformación.com  da cuenta de algunos aspectos de la legislación vigente en varios países en torno a las agresiones a los policías (La información original está disponible en: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/agredir-a-un-policia-puede-suponer-anos-de-carcel-en-otros-paises_mLtLtcbTipsOQmruRjCF06/). Vale la pena darse este paseo por la normativa mundial para hacerse una idea de lo que podría ocurrirles a los atacantes de la mujer policía en Caracas si estuviesen en esas naciones.

 

En Europa

 

En Reino Unido, si la agresión causa heridas  leves, por ejemplo cuando la persona se resiste al arresto, se le aplican una multa o una breve pena de cárcel, de entre una semana y diez días. Pero si la agresión causa lesiones graves, en especial cuando el funcionario amerita hospitalización, el imputado puede enfrentar prisión por varios años.

 

En Francia, una “travesura” como la cometida por los “jóvenes estudiantes” el miércoles puede acarrear multas de hasta 30.000 euros y tres años de cárcel. La ley gala establece incluso sanciones por insultar o amenazar, en persona o por escrito, a un policía (se le llama ultraje). Las penas por esas faltas pueden llegar hasta seis meses en la cárcel y 7.500 euros de multa.

 

“Si el hecho es calificado como desobediencia a la autoridad, la sanción es de un año en prisión y multas de hasta 15.000 euros. Cuando la desobediencia es en grupo, las condenas pueden elevarse hasta los dos años entre rejas y sanciones económicas de 30.000 euros”, dice la nota antes referida. “Si hay violencia física contra los agentes policiales, la persona responsable puede enfrentarse a tres años de cárcel y 45.000 euros de multa”.

 

El reportaje del portal español indica que el primer ministro de Francia, Manuel Valls, solicitó, cuando era ministro del Interior, mayor severidad en estas penas.

 

 La legislación italiana establece castigos de entre 3 y 10 años de prisión para quien agreda a un policía.

 

En España, las autoridades se han quejado de que los jueces no aplican las penas con severidad. La polémica recrudece cada vez que se absuelve o se le da una pena leve a algún manifestante catalogado como radical, acusado de golpear a un funcionario. En todo caso, el Código Penal español, en su artículo 551, establece que el delito de atentado contra la autoridad tendrá una pena de dos a cuatro años de prisión y adicionalmente una multa. Si el hecho es cometido por varias personas y se determina que están asociados ilícitamente (equivalentes a asociación para delinquir y el agavillamiento de la legislación venezolana), el juez puede aplicar la pena más dura.

 

Los reclamos de las autoridades se refieren a los casos de varias personas que han sido condenadas recientemente por agresiones a policías. Por ejemplo, el estudiante Ángel González, de Jaén, recibió una sentencia de seis meses en prisión y una multa de 700 euros por haber dado un puñetazo y una patada a un oficial de policía durante una protesta en 2013.

 

Previamente, en 2012, en esa misma región española, una joven fue condenada a un año de cárcel por haber dado una patada en los genitales a un policía durante una manifestación. Ella alegó que los policías fueron quienes la agredieron porque trató de grabar en video un enfrentamiento con varios participantes de la protesta.

 

Vamos ahora con la meca de la democracia liberal, el país que tanto se preocupa por lo que pasa en Venezuela y al que tanto invocan como ejemplo los opositores criollos: Estados Unidos. Allá, si a usted se le ocurre golpear a un policía, y queda vivo luego del intento, le pueden tocar entre 6 meses y 10 años de prisión.

 

En esa nación también hay diversos grados para el delito en cuestión: si la acción no causa daños graves, el agresor puede estar preso durante 180 días o pagar 1.000 dólares o las dos cosas. Pero si hay lesiones de consideración, el acusado puede pasar diez años entre rejas y quedar con una multa de 10 mil dólares.

 

Una investigación muy detallada realizada por la página web Hopesandfears.com  (algo así como Esperanzas y Miedos), precisó que en el estado de Nueva York, solamente por resistirse a ser detenida, una persona puede ser sentenciada a un año de prisión. Si el agente policial resulta herido levemente, la pena llegará hasta un tope de quince años de cárcel, y si las heridas son graves, 25 años. El trabajo, en inglés, es ubicable en la dirección http://www.hopesandfears.com/hopes/city/city_index/215849-city-index-the-penalties-for-assaulting-a-cop

 

En otros países

 

En Rusia, el panorama no es mejor para los agresores de policías. Sólo por insultar a un representante de la autoridad, se contemplan multas y trabajos forzados  entre 120 horas y 12 meses. Si la cuestión fue una amenaza o agresión sin que haya peligro para la vida o la integridad física del agente, se castiga con hasta 5 años de prisión. Si la vida o la integridad física del agente han corrido peligro, la sentencia puede ser de entre 5 y 10 años.

 

En Canadá, las leyes ofrecen bastante margen al ciudadano para que trate de demostrar que la agresión fue “razonable”, pero si se llega a demostrar que no lo fue, le puede tocar hasta 5 años de privación de libertad.

 

En Israel, según si se determina que el acto fue premeditado o no, la pena oscila entre un mes y 5 años de cárcel.

 

Un caso de redes sociales

 

En nuestro propio vecindario ha ocupado mucho espacio en las noticias un caso ocurrido en Perú. Una mujer fue condenada a seis años y ocho meses de cárcel por golpear e intentar desconocer la autoridad de un policía de tránsito que le puso una boleta por estacionar mal en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima.

 

La señora empujó al funcionario y, de un manotazo, le tumbó el sombrero tipo hongo (como los que usaba antes la Policía de Chacao). Luego se subió al carro e intentó irse. El policía de tránsito se colocó delante del carro y ella, de todos modos, siguió avanzando hasta que fue detenida por otros funcionarios. Lo particular de este caso es que quedó registrado en video y colgado en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Ic3s-BtH2Es) por lo que la alebrestada mujer no pudo imponer su versión de que el policía la maltrató primero. Además de la pena de cárcel, tendrá que pagar una reparación civil de 10 mil soles.

 

En Perú, agredir a la autoridad se pena con prisión de entre 8 y 12 años.

 

En Venezuela hoy

 

En el Código Penal Venezolano se tipifican y castigan los delitos de lesiones a otras personas, que se clasifican en levísimas, leves, graves y gravísimas. Las penas oscilan entre unos meses y 6 años de cárcel. Cuando el delito es cometido contra alguno de los altos funcionarios del Estado, oficiales militares o policiales, se le considera un agravante, por lo que las condenas pueden ser incrementadas.

 

En la actualidad, en Venezuela rige también la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Tal vez el caso de la funcionaria de la Policía Nacional agredida en la avenida Libertador sea una oportunidad para que se estudie si esta ley es aplicable en caso de funcionarias de seguridad de Estado. De cualquier manera, esta ley establece que los responsables de lesiones levísimas o leves a  mujeres serán castigados con entre 6 y 18 meses de cárcel. En el caso de lesiones graves o gravísimas, se aplicará lo establecido en el Código Penal más un tercio de pena adicional, es decir, ocho años de cárcel.

 

A propósito del suceso del miércoles, la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un tuit en el que aparece la foto de la paliza a la agente y  la leyenda” Violencia contra la mujer. Dubraska Álvarez agredida por manifestantes”. De inmediato lanzaron otro trino, esta vez con una foto de las guarimbas de 2014, en la que se observa una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana golpeando con su casco a una manifestante ya sometida. El texto dice: “Violencia contra la mujer: Marvinia Jiménez golpeada varias veces por GNB”. La sutil yuxtaposición no es una mera muestra de equilibro, sino una señal de que más pronto que tarde, las ONG encontrarán los argumentos para relativizar la acción de los agresores.

 

En Venezuela, en otros tiempos

Agredir a un policía de la IV República era, en primer lugar, una genuina temeridad o una demostración de tendencias suicidas. Especialmente si hablamos de las brigadas que actuaban en el control del orden público o en las grandes redadas en las barriadas populares. Entre los años 60 y 80 la sola llegada de los llamados “casco blanco” de la tristemente célebre Policía Metropolitana era una señal de que se habían acabado las contemplaciones. Si usted es joven y no vivió esa época, pregúntele a alguien mayor y es casi seguro que le dirá que un episodio como el ocurrido el miércoles pasado muy posiblemente hubiese terminado con un saldo trágico.

 

Entre los 80 y los 90 se hicieron célebres los llamados “Pantaneros”, suerte de escuadrón de la muerte integrado por agentes “mala conducta”, dispuestos a dar de baja a cualquier individuo que fuera señalado por sus superiores como objetivo. Se dedicaban, más que nada, a liquidar azotes de barrio, pero también recibían encargos de ajustar cuentas con cualquiera que hubiese causado algún daño a un policía. En el amplio espectro de las razones para ser objeto de una venganza entraban desde haber asesinado a un agente hasta una disputa por una novia o una deuda. Por supuesto que si alguien agredía a una mujer policía en la forma en que todos lo vimos esta semana, ya podía saber lo que le esperaba.

 

En esos tiempos, por cierto, ninguna  persona acusada de agredir a un funcionario podía aspirar a que lo defendieran las ONG ni mucho menos a que los medios de comunicación les concedieran algún espacio o tiempo para dar su versión de los hechos. Así lo recuerda el defensor del Pueblo, Tarek William Saab: “En nuestra época de activistas de derechos humanos trabajábamos con las uñas, sin ningún apoyo mediático, salvo un puñado de periodistas amigos que le cubrían a uno y buscaban la manera de publicar las notas, aunque fuera en la sección de Sucesos. Y si no teníamos apoyo de los medios nacionales, menos íbamos a tenerla de los medios internacionales. Tampoco nos respaldaba Amnistía Internacional ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo digo responsablemente. No había visitas de ONG internacionales a Venezuela para apoyar el trabajo de los defensores locales. Se excusaban diciendo que no querían que se les vinculara a grupos de extrema izquierda, terroristas, subversivos o rebeldes”.

 

En cambio, los agresores de la mujer policía de estos tiempos pueden estar tranquilos, a pesar de que varios de ellos ya fueron detenidos. En pocos días, gracias a la varita mágica de los medios contrarrevolucionarios y de las ONG nacionales e internacionales serán presos políticos, mártires de la lucha contra la dictadura, gente perseguida “por su forma de pensar”.

 

(Clodovaldo Hernández / [email protected])