Este martes la ONG Human Rights Watch (HRW), organización internacional criticada abiertamente por sus nexos con la política estadounidense, su apoyo a los métodos ilegales e inhumanos con los que la CIA trata a presuntos terroristas y por su ataque a los gobiernos progresistas de América Latina, lanza nueva arremetida contra Venezuela.

Ataca nuevamente, así como lo hiciera en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Caracas en 2008, a través de la publicación de un informe de 133 páginas, titulado “Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez”.

En el informe, HRW acusa al gobierno del presidente Chávez de recurrir continuamente a la intimidación, la censura y represalias judiciales contra quienes considera críticos de su gestión; de manipular el poder judicial y los medios de comunicación. Para José Miguel Vivanco, quien fuera expulsado de Venezuela por sus ataques directos en aquella conferencia de 2008 en Caracas, y que hoy ocupa el puesto de Director para las Américas de HRW, “durante años, el presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”.

Vivanco sostiene que en los últimos años, miembros del Tribunal Supremo de Justicia han irrespetado el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso en la promoción de la agenda política del presidente Chávez.

Se asombra la parcializada organización porque el gobierno bolivariano implementó una “prohibición de transmitir mensajes que fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorga a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) poderes más amplios para sancionar a las emisoras de radio y televisión y medios electrónicos que violen la normativa.

Cita además el caso “del canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007”, en vez de explicar la verdad de lo ocurrido: la no renovación de una concesión vencida cuya duración era de 20 años.

Evidentemente, Eduardo Galeano tiene razón plena cuando dice que “el mundo está al revés”. Human RightsWatch no sólo ataca, sino que además utiliza argumentos falaces. Lanza la piedra, pero la piedra se convierte en humo que crea una desorientación general. Sin embargo, por fuerza natural, la verdad se impone: lo que para Vivanco es el «cierre arbitrario» de RCTV, ya lo dijimos: es en realidad el vencimiento de una concesión para transmitir en el espectro radioeléctrico venezolano, vencimiento sobre la cual el gobierno Bolivariano no consideró necesaria su renovación. Simple contrato con fecha de vencimiento y que, como es lógico, se venció.

Asombra más que a Vivanco le parezca extraño que un Estado, a través de su gobierno legítimamente constituido, decida controlar y prohibir la difusión mensajes «fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público». Si el Estado, si el gobierno a través de una institución específica, creada entre otras cosas para esos fines, no controla el orden público, entonces ¿quién lo controla?

Evidentemente HRW, que ataca en medio de una campaña electoral en la que la intención de voto a favor del candidato-presidente Chávez está muy por encima del opositor Henrique Capriles, descubre su verdadero rostro: no es más que otro organismo controlado, tarifado, manipulado, instrumentalizado para controlar, vigilar y homogeneizar.

¿Qué tipo de credibilidad puede tener un organismo de este tipo? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la burguesía con tal de menoscabar la imagen del presidente Chávez, sobre todo en una etapa estelar como ésta y en la que la candidatura burguesa no alza vuelo?