Una pseudo comisión delegada de la Asamblea Nacional (2015) que dice dirigir Juan Guaidó se reunirá el próximo 27 de diciembre en sesión extraordinaria para determinar si el opositor continúa encabezando el “interinato” de manera indefinida y si se aparta del legislativo.
Este 24 de diciembre, el abogado Enrique Sánchez Falcón, quien funge como el “procurador” de Guaidó, presentó una iniciativa que esboza que el desempeño de la “presidencia interina” debe ser independiente y apartado de la dirección de la AN.
De acuerdo con el jurista, Guaidó operaba con vigilancia del legislativo fundamentado en una “interpretación” que, a su juicio, es una incorrección del texto constitucional y que autoriza al presidente a cumplir completamente las capacidades del Ejecutivo soberanamente”.
Sánchez Falcón propone que se solicite la separación de poderes, y de esta manera Guaidó estará facultado para aprobar disposiciones “ejecutivas” en cuanto a los recursos del Estado a los que tiene acceso, por ejemplo, activos que se encuentran retenidos en otros países.
Por lo tanto, los cambios del Estatuto de Transición y de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital les corresponde ajustarse a esta interpretación y librar al opositor de pedidos de autorización anticipados de la AN, que para el abogado son inconstitucionales.
También cree que los controles del parlamento paralelo son descomunales y “no solo le han impedido (a Guaidó) el ejercicio adecuado de sus competencias ejecutivas, sino que también han disminuido sensiblemente su liderazgo, limitándolo incluso en sus posibilidades de gestionar nuevas alianzas para el soporte político del gobierno interino”.
Sánchez Falcón sostuvo que esos controles “han contribuido en gran medida a que no haya sido posible aún lograr el cese de la usurpación”, e indicó que el legislativo se ha apropiado de competencias administrativas de Guaidó.
Por su parte, el economista Francisco Rodríguez, quien apoya la eliminación del interinato, declaró en Twitter que “la propuesta busca afianzar el poder de Guaidó y limitar la capacidad de otros partidos de poner límites a sus actuaciones. Busca además asegurar que el control de activos y manejo de relaciones exteriores se mantenga en manos de la facción del G4 que respalda a Guaidó”.
“Los recientes escándalos en torno a manejos del gobierno interino tienen su causa en la falta de control, contrapeso y transparencia en torno a sus actuaciones. Una disminución de estos controles aumentará espacios de opacidad y creará mayores riesgos de corrupción”, explicó el experto.
La propuesta de Sánchez Falcón encendió las diferentes posturas dentro de la oposición que sobrepasó las redes sociales y llevó a discusiones en el bloque de la derecha y de acuerdo con Banca y Negocios, “Guaidó se habría quejado por estar de manos atadas para definir orientaciones políticas más claras”.
Guaidó, recordemos, se autoproclamó de forma ilegítima “presidente encargado de Venezuela” en 2019. Este título es empleado hoy día tanto por él como por el pequeño grupo que lo sigue, a pesar de que muchos países han optado por desconocerlo y le han retirado su apoyo. Incluso mediante ese “interinato” se ha hecho con recursos que son de Venezuela.
(LaIguana.TV)