Uno de los temas prioritarios para el Gobierno venezolano y que es considerado «más complejo» para Gustavo Petro en Colombia es la devolución de la empresa petroquímica Monómeros, motivo de conflicto entre los países vecinos por la intervención del Gobierno colombiano saliente.

En efecto, la restitución de Monómeros es uno de los puntos más polémicos en el marco de la restauración gradual de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, que ya incluyó la designación de embajadores en los respectivos países y apunta hacia la apertura de la extensa frontera de 2.219 kilómetros compartidos.

«Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente como se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas, hay que ver el sistema de sanciones (que impuso EEUU sobre Caracas) que aún está vigente. Eso no está fácil», confesó Petro, consultado por la prensa tan solo días después de su asunción.

La compañía, con sede en Barranquilla, es una filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Su control es reclamado por el Ejecutivo venezolano, que acusa al exdiputado opositor Juan Guaidó de apropiarse y desmantelar la compañía en complicidad con el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

En 2019, la empresa que hasta el momento representaba uno de los mayores activos de Venezuela en el exterior, quedó bajo el dominio de Guaidó, cuando se autoproclamó presidente encargado de Venezuela.

El conflicto por la compañía tuvo notoriedad pública cuando, en enero de 2019, las autoridades colombianas no permitieron el ingreso al país del entonces titular de petroquímica, Ronald Ramírez, luego de que Bogotá desconociera la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2021, mientras la empresa estaba bajo control de Guaidó, fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades con el objetivo de «ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo», de acuerdo al organismo colombiano.

Estos sucesos fueron calificados por el Gobierno de Nicolás Maduro como un «oprobioso robo».

Según datos oficiales, los activos con la intervención colombiana se incrementaron 9,63% a finales de 2021 respecto al año anterior y los ingresos aumentaron 26,01%, lo que equivale a 230.000 dólares. Ese mismo año las ganancias se incrementaron 80% —más de 13 millones de dólares—en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión de la junta directiva de Guaidó.

Desde entonces, Venezuela reclama la devolución del control de Monómeros, algo que parece más cercano con la asunción de Petro, quien mostró voluntad política para cumplir ese objetivo.

En efecto, en declaraciones recientes el mandatario colombiano se ha mostrado a favor de trabajar sobre este asunto a cambio de un plan conjunto para disminuir el precio de venta de los fertilizantes en el país.

Además, el 9 de agosto la Superintendencia de Sociedades comunicó que exoneró a la empresa de las medidas de control que había dispuesto, flexibilizando la intervención sobre la compañía.

Con presencia en el mercado desde 1967, y una capacidad productiva de 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para el agro, la compañía ofrece servicios integrales tanto para productores y empresas manufactureras de Colombia y de cerca de 50 países del mundo.

En su origen, la propiedad de la empresa fue compartida por el Instituto de Fomento Industrial de Colombia, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP).

La denominación de ‘Monómeros Colombo Venezolanos’ llegó un año después, cuando la empresa holandesa Stamicarbon se sumó al emprendimiento y la firma pasó a ser una sociedad anónima.

En 2006, los accionistas colombianos de la empresa decidieron vender sus participaciones a la estatal venezolana Petroquímica de Venezuela (Pequiven). El mismo año, la empresa venezolana adquirió la parte de la firma holandesa, obteniendo así el 100% de las acciones.

Desde ese año, Monómeros Colombo Venezolanos opera en Colombia con una filial de la estatal Pequiven, por lo que sus autoridades deben ser definidas por el Gobierno de Venezuela.

La empresa realiza sus operaciones desde dos complejos industriales ubicados en los dos puertos más importantes de Colombia: el de Barranquilla frente al Mar Caribe y el de Buenaventura, a orillas del Océano Pacìfico, donde se fabrican productos esenciales para el agro y la industria, entre los que se destacan fertilizantes, abonos y alimentos para la cría de animales.

De acuerdo a datos de la compañía, sus agroquímicos cubren más del 70 % de la demanda de cultivadores de papa, café y palma en el país.
Además, su operatividad genera 600 empleos directos y más de 1.300 puestos de trabajo a través de prestadoras de servicios.

(Sputnik)