La pretendida junta administradora de Petróleos de Venezuela designada por el exdiputado Juan Guaidó –que opera en el extranjero con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos–, celebró este viernes un fallo de la Corte de Apelaciones en la que se estimó relevante el marco jurídico venezolano para poner fin a disputas con tenedores de bonos.

«La opinión de la Corte de Apelaciones fue adoptada de manera unánime por los tres jueces que conforman el panel, e indicaron que la decisión sobre la legalidad de la transacción queda suspendida mientras solicitan una opinión a la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York (la corte de mayor jerarquía de dicho estado) sobre si la ley aplicable debe ser la ley venezolana o la ley del estado de Nueva York», reza parte de una nota de prensa publicada este viernes.

Según se explica en el texto, la supuesta argumentación de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y PDV Holding, Inc fue respaldada por «un ‘amici curiae’ de la República de Venezuela (sic) y por académicos en Estados Unidos» cuyos nombres no trascendieron.

La figura del ‘amici curiae’, procedente del derecho anglosajón, se refiere a una persona natural o jurídica que sin ser parte de un litigio interviene voluntariamente en él para aportar información relevante. Es reconocida en diversas instancias jurídicas internacionales, incluyendo la Organización Mundial del Comercio.

En el veredicto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos apuntó que «varias disposiciones de la Constitución venezolana son relevantes para esta disputa» –se refiere los artículos 150, 187 y 303–, así como a resoluciones de la Asamblea Nacional adoptadas por la legislatura electa en 2015, que cesó en funciones el 5 de enero de 2021.

Más precisamente, se alude a una votación en la que la mayoría de entonces se opuso a la decisión de otorgar como garantía ante los acreedores de bonos de la estatal petrolera el 50,1 % de las acciones de CITGO Holding, Inc., filial de PDV Holding, Inc.

A inicios de esta semana, una Corte Federal del estado de Delaware ordenó el pago de acreencias a costa de las acciones de Citgo, si bien la medida tendría que ser autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para entrar en vigor.

El pasado julio, esa instancia otorgó una licencia hasta enero de 2023, que prohíbe disponer del capital de la refinadora para cancelar deudas con terceros.

En ocasiones previas, el Estado venezolano ha denunciado que las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Pdvsa y los bloqueos financieros le han impedido honrar sus compromisos.

Asimismo, desde Caracas se ha acusado a Estados Unidos de usar su sistema de justicia para apropiarse irregularmente de los activos de terceros países, al tiempo que se les impide ejercer su defensa.

(LaIguana.TV)