Un comunicado publicado por la presidencia de Colombia puso fecha a un encuentro largamente esperado en la región: la reunión presencial entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, con una visita del dignatario colombiano a Caracas para un almuerzo de trabajo.

La agenda oficial de este martes 1º de noviembre contempla conversaciones sobre las relaciones bilaterales, la regularización fronteriza y el eventual regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Se trata, a no dudarlo, de un cambio difícil de imaginar apenas un año atrás, cuando la Casa de Nariño estaba ocupada por el ahora expresidente Iván Duque, quien en sus cuatro años de gestión se negó a reconocer a las autoridades venezolanas y, antes bien, hizo todo lo posible para propiciar su caída.

Como se recordará, Duque fue el principal patrocinador regional del exdiputado Juan Guaidó como pretendido presidente interino de Venezuela y su socio estratégico para cercar diplomática y financieramente al Gobierno Bolivariano e incluso, conseguir su salida por la fuerza, todo ello con el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.

Tampoco puede olvidarse que el gobernante usó su posición para respaldar un intento de incursión armada desde territorio colombiano en febrero de 2019 y permitió que exboinas verdes y exmilitares venezolanos instalaran campos de entrenamiento en La Guajira para ejecutar un ataque con mercenarios en mayo de 2020.

Del mismo modo, el exgobernante fue una pieza esencial en el descalabro de Monómeros, como muestran numerosas denuncias documentadas por el gobierno de Venezuela y reportes publicados primero por La Tabla y luego replicados con aires de novedad por la prensa colombiana, ya durante el gobierno del Pacto Histórico.

En contraste, pese a las diferencias políticas que median entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, es claro que el nuevo timonel del gobierno neogranadino está interesado en recomponer de fondo las magulladas relaciones con su vecino desde una perspectiva más respetuosa, equitativa y, sobre todo, más beneficiosa para las partes.

20 años de baches y disputas

El deterioro no comenzó con Iván Duque, sino que se remonta a los tiempos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, antagonistas por autonomasia de lo que se ha dado a llamar el primer ciclo progresista de América Latina: el uno, líder de la izquierda continental; el otro, cabeza de una derecha que nunca acabó por desaparecer e inclusive regresó al poder con más fuerza que nunca.

Con todo, huelga decir que más allá de las retóricas incendiarias, los no pocos ‘impasses’ entre Chávez y Uribe encontraron algún aliviadero en el terreno político y no afectaron la esfera de los intercambios comerciales, que en 2008 alcanzaron su máximo histórico al computar 8.000 millones de dólares.

Sin embargo, ese tiempo marcó el inicio de una etapa de crecientes tensiones en las relaciones colombovenezolanas que vivió su peor momento durante la administración de Duque, cuando finalmente cesaron todos los nexos diplomáticos y consulares.

Antes de eso, el gobierno de Venezuela decidió cerrar todos los pasos fronterizos, que eran impunemente utilizados por contrabandistas para trasegar mercancías básicas, combustible y efectivo hacia el lado colombiano ante la mirada cómplice de las autoridades.

A ello se sumó que el presidente Juan Manuel Santos optó por no respetar el resultado de los comicios presidenciales de 2018 en los que fue reelecto Nicolás Maduro y, justo antes de abandonar el cargo, permitió que líderes políticos de la oposición planificaran en suelo colombiano un atentado con drones contra Maduro.

Pese a la evidencia y las confesiones ofrecidas por buena parte de los involucrados en el magnicidio frustrado, Santos negó la especie y eso terminó de avinagrar los ya debilitados lazos, que no se estrecharon ni siquiera por el hecho de que Venezuela fue un actor esencial en los Acuerdos de Paz suscritos entre las FARC-EP y el Estado colombiano, que le valieron al gobernante de Colombia el Premio Nobel de la Paz.

De este modo, aunque los contactos telefónicos entre Maduro y Santos se mantuvieron hasta el final, los encuentros presenciales cesaron completamente a mediados de la década pasada, lo que reviste de todavía más trascendencia la visita de Gustavo Petro a Caracas.

Petro no solo ha hecho frente a críticos externos e internos por restablecer las relaciones con Venezuela y su gobierno, sino que ha defendido la necesidad de preservarlas y mejorarlas, con independencia de quiénes ocupen Miraflores y la Casa de Nariño, dada la imbricación histórica de las dos naciones, la gran migración binacional y la interdependencia comercial.

La victoria de Lula y la reinserción de Venezuela en los foros regionales

En el contexto regional, el primer encuentro personal entre los presidentes de Colombia y Venezuela se anunció apenas un día después de conocerse la victoria para un tercer mandato presidencial de Luiz Inácio «Lula» da Silva, referente incuestionado de las izquierdas en América Latina.

De un lado, la mediación de Lula podría eventualmente ayudar a armonizar puntos álgidos entre Caracas y Bogotá; de otro, serviría impulsar un corredor entre los tres países, algo que resultaría particularmente beneficioso para Venezuela, visto que comparte con ambas naciones sus fronteras terrestres más extensas.

En reseña de su conversación telefónica con el mandatario electo, Maduro refirió que acordaron retomar la agenda bilateral de cooperación, que se elevó a niveles estratégicos durante los mandatos de Da Silva y Chávez.

A este respecto también conviene apuntar que Petro ha insistido en el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a su reintegro al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dos foros regionales de relativo peso que han dado algunas muestras de recomposición, sin que ello signifique hasta ahora una reinvención más ajustada a los paradigmas de integración que se propugnan desde espacios como la Celac.

Bajo el punto de vista del mandatario colombiano, la vuelta de Venezuela a la CAN puede resultar en beneficios para su maltrecha economía, ampliamente lesionada por las sanciones estadounidenses. En concreto, esto podría traducirse en nuevos mercados para sus productos, incluyendo el petróleo.

Sobre el retorno venezolano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conviene apuntar que ha sido una demanda pública de Petro hacia Maduro y de hecho figura entre los puntos que se discutirán en el primer intercambio presencial.

Aunque el gobierno de Venezuela ha dicho que está dispuesto a evaluar desprejuiciadamente lo propuesto por el presidente colombiano, hasta el momento no ha hecho públicos comentarios que permitan deducir hacia qué lado de la balanza se inclinan sus valoraciones.

Empero, hay que decir que a diferencia de los señalamientos que se han proferido contra Venezuela y su gobierno en materia de derechos humanos, el neogranadino no ha dudado en reconocer que las violaciones de los derechos fundamentales forman parte de las tristes improntas del continente, por lo que señalar a tal o cual país es cuando menos hipócrita, en tanto los que acusan con el dedo arrastran tras sí cruentos historiales.

Esta posición, que no niega la existencia de violaciones reiteradas a los derechos humanos en la región, puede resultar mucho más fructífera y a la postre redundar en que se deje de señalar a Venezuela como caso excepcional, en favor de acciones orientadas a corregir de fondo prácticas criticables en la materia instaladas en los Estados-Nación latinoamericanos.

De parte de Washington, un actor central en estos asuntos, se ha dicho que aspiran que Petro pueda interponer sus buenos oficios ante el Gobierno Bolivariano, de cara a la reanudación de las conversaciones con el sector de la oposición que goza de su respaldo para discutir las condiciones de los comicios presidenciales, previstos constitucionalmente para 2024.

Colombia es el principal socio de los Estados Unidos en la región y hasta el arribo del gobierno del Pacto Histórico, jugó un papel estelar en la estrategia de cambio de régimen avanzada por la Casa Blanca en Venezuela.

La administración Biden entendió rápidamente que no podía jugar las mismas barajas, pero delegó obligaciones en el presidente colombiano, en el entendido de que es posible que consiga la reactivación de las negociaciones a cambio de asuntos como no incluir a Monómeros –ya bajo control del Estado venezolano– en la temida lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, algo que sin dudas es conveniente para Venezuela y para Colombia.

Las deudas pendientes: migración, comercio, conectividad y seguridad

A casi tres meses de haberse restablecido formalmente las relaciones diplomáticas, Caracas y Bogotá aún tienen una lista larga de asuntos pendientes que demandan solución y atención prioritaria.

Así, pese a que las partes han manifestado reiteradamente su voluntad para atender las necesidades de la numerosa migración binacional, a la fecha no se han reabierto ni siquiera parcialmente las sedes consulares.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, los embajadores Félix Plascencia y Armando Benedetti subrayaron esta urgencia, pero Plascencia no dio una fecha concreta y Benedetti aventuró que esperaba que los primeros consulados comenzaran operaciones antes de que finalice el año en curso.

Por otro lado, la reapertura de la extensa frontera común ha sido sin dudas una buena noticia, pero es insuficiente para acabar con las mafias que controlan el comercio ilícito entre los dos países, que se vio ampliamente fortalecido tras siete años de interrupción de los intercambios regulares.

Pocas jornadas atrás, el propio Petro reconoció públicamente el flagelo –es el primer mandatario colombiano que lo hace–, aseguró que pondría fin a las «trochas» y al cobro de peajes en alcabalas irregulares, y solicitó la cooperación del gobierno venezolano para estos fines, en tanto la práctica es contraria a los intereses nacionales de los dos países.

Otro de los temas que sigue en el tintero es la reanudación integral de los puentes aéreos, una demanda sentida de la población binacional que no ha podido concretarse todavía.

Inicialmente se anunció que los vuelos reiniciarían el mismo día de la apertura de la frontera terrestre, pero los anuncios se han pospuesto varias veces. De acuerdo con algunos informes mediáticos, aparentemente, el retraso se atribuyó a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela, pero la versión no ha sido confirmada por voceros autorizados.

Finalmente, el pasado 21 de octubre, autoridades de Colombia comunicaron que recibieron autorización Avianca, Wingo y Satena del lado colombiano y Laser y Conviasa por Venezuela, aunque todavía no se han precisado las fechas.

De mayor calado resulta el resguardo de la extensa frontera común, permeada por el conflicto armado que atraviesa al vecino país desde hace décadas, incluyendo fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo de distinto signo.

Como es sabido, desde marzo de 2021, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha desplegado operaciones militares en los estados fronterizos para expulsar a grupos irregulares armados procedentes de Colombia, implicados en trasiego y fabricación de estupefacientes, tráfico de armas, secuestros, toma hostil de tierras extranjeras y otros delitos.

El abandono histórico de la frontera común por parte de Colombia y también, hay que decirlo, la respuesta poco eficaz de Venezuela antes de 2021, contribuyeron a que estas prácticas se instalaran y expandieran, con las consecuencias que ello entraña en términos de seguridad nacional y de perjuicios para los habitantes de las zonas afectadas.

Por separado, los mandatarios han reconocido que para acabar definitivamente con este flagelo y sus consecuencias hace falta trabajar codo a codo, algo que ha resultado imposible hasta ahora, pero que podría cambiar en el futuro cercano.

Desde el punto de vista del gobierno colombiano, la paz total, acaso la mayor apuesta política de Petro, resulta indispensable y en ella Venezuela juega un papel estelar, particularmente en lo que corresponde a su rol como país garante de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Una valoración semejante merece la lucha contra el tráfico de drogas derivado de la actividad de los cárteles.

El territorio venezolano ha fungido desde hace décadas como punto de tránsito de droga fabricada en Colombia, por lo que el control serio de las fronteras y los despliegues de seguridad conjuntos son asuntos indispensables en los que habría que empezar a trabajar con urgencia.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con otros temas como el comercio, la migración o el tráfico aéreo, la inexistencia de una institucionalidad común e incluso de planes para atender conjuntamente el problema, hacen que este desafío se torne todavía más arduo.

Esto se inscribe además en un cambio de enfoque de la Casa de Nariño, que decidió desprenderse de la doctrina de seguridad vigente desde el inicio del Plan Colombia, basada en la militarización del territorio con presencia de efectivos castrenses extranjeros, en favor de resolver las causas últimas de la implicación de la población en el narcotráfico: la tenencia de la tierra y la ausencia de oportunidades de vida.

(LaIguana.TV)