Aunque ya pasó el ruido y los cinco minutos de fama de los extremistas a favor de Jair Bolsonaro durante un 8 de enero de ataques que, entre otras cosas, pretendió hacer lucir a las instituciones democráticas de Brasil como si estuvieran sumidas en la absoluta fragilidad; lo que sigue al show, aunque sea menos polémico, suele ser mucho más interesante y sobre ello se profundiza en la nueva entrega de Entre Líneas.

La comunicadora e investigadora Naile Manjarrés comparte un análisis y contraste de posturas acerca de este proceso de desestabilización, el tras cámaras de un proyecto para revertir por la fuerza lo que por las urnas electorales se logra cada tanto en los países del sur: que un candidato apoyado por las mayorías llegue a presidente y, en el caso de Brasil, no solo una, sino tres veces.

Las autoridades brasileñas han hecho lo propio para determinar quiénes son los responsables de los actos del 8 de enero y el presidente dejó claro que “en nombre de la defensa de la democracia, no seremos autoritarios con nadie, pero tampoco tibios con nadie. Investigaremos y llegaremos hasta quienes los financiaron”. En adelante, se abrió – a pedido de la Procuraduría – una investigación contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por “negligencia” durante el ataque a los edificios sede de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en Brasilia, y se destituyó la cúpula de medios de comunicación públicos.

Por fuera de las acciones gubernamentales, ante la opinión pública dentro y fuera de Brasil se hizo evidente que algunas secciones del ejército fueron cómplices por acción o por omisión, pues previo al 8 de enero y durante meses, se permitió que grupos antidemocráticos instalaran campamentos alrededor de los cuarteles, sus cuarteles.

El ejército, que se supone existe para defender a la Nación de ataques extranjeros y para supeditarse a su comandante en jefe: el presidente, no se desplegó ese domingo en torno al palacio presidencial sino hasta que tenían a los manifestantes hasta el cuello. Les permitieron hacer todo el espectáculo primero, y lo mismo decidieron hacer los funcionarios de la policía militar. Esto es en extremo peligroso y digno de destacar, pues ya Ecuador -durante el gobierno de Rafael Correa- ofreció un antecedente y ejemplo a Latinoamérica sobre cómo se cocina un golpe de Estado a manos de la fuerza policial.

Sobre esto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó, en una especie de llamado al ejercicio de la memoria hacia la población, que “todo el mundo aquí (en Brasil) sabe cuánta gente fue torturada por no estar de acuerdo con el gobierno militar, y ahora la gente está pidiendo libremente un golpe de Estado frente a los cuarteles y no se ha hecho nada por parte de ningún cuartel, ningún general se ha movido para decir ‘esto no puede pasar’, ‘está prohibido pedir esto’, ‘no vamos a hacer esto’. Daba la impresión de que había gente a la que le gustaba que el pueblo pidiera un golpe”.

Desde entonces la movilización popular ha estado más que presente en apoyo a la democracia y al cumplimiento del Estado de derecho, porque si bien Lula se ha hecho con el Poder Ejecutivo, el Senado está plagado de funcionarios de extrema derecha y adeptos a Jair Bolsonaro, y la tendencia virulenta a evocar el pasado de dictadura y oda al porte de armas por parte de la población, está más que presente. 

(LaIguana.TV)