El exdiputado Carlos Vecchio fue denunciado este jueves ante el Ministerio Público por presuntamente orquestar «una estrategia para destruir la industria petrolera nacional», reseña el periodista Eligio Rojas en un trabajo para Últimas Noticias.

En la nota se precisa que el Alejandro Terán Martínez entregó formalmente sus señalamientos en el despacho del fiscal general, Tarek William Saab.

Rojas refiere que, de acuerdo con el denunciante, Vecchio contaría con el respaldo «de ciertos factores en el Poder Judicial venezolano» y de un ciudadano identificado como Jesús Alberto Pérez Oropeza.

De acuerdo con esta versión, el plan de Vecchio consistiría en «paralizar paulatinamente la producción petrolera», para lo cual se habría hecho del control de ICM Proyectos 2001, principal proveedora de la estatal Petropiar.

«Básicamente el objetivo era que Petropiar no llegara a su meta productiva, ya que le cortaban las posibilidades a ICM como importante contratista de Petropiar y con licencia OFAC a través de Chevron. Esto se tejió en la oficina de Carlos Vecchio en Estados Unidos, desde donde este personaje se presentaba como supuesto embajador de Venezuela», relató Terán Martínez a Eligio Rojas.

El abogado sostuvo que pesquisas realizadas por ICM Proyectos 2021 revelaron que un operador –detenido en la Operación Especial Anticorrupción– pretendía intervenir la compañía, otorgarla en concesión y apoderarse de los equipos que Petropiar usa en su operación.

La estrategia, refirió Terán, se basaba en impedir que Chevron manejara las operaciones tras conseguir la licencia del Departamento del Tesoro, por medio de una querella judicial en el Tribunal 3° Antiterrorismo, a cargo de la jueza Luisa Garrido.

Siempre en apego a este recuento, Garrido designó una junta provisional para ICM Proyectos 2021, pero la decisión fue reversada «y ella destituida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia», puntualizó el denunciante.

«Llama la atención varias cosas en ese proceso: primero, todo fue sincronizado en el tribunal antiterrorista; segundo, la jurisdicción era la incorrecta porque debió tramitarse en un juzgado de Anzoátegui; tercero, nunca hubo un denunciante sino un apoderado, jamás se hizo una denuncia ni la presunta víctima estuvo presente en ningún momento en Venezuela; llama la atención cómo llegó ese caso a un tribunal de terrorismo siendo un hecho mercantil», detalló.

Terán Martínez subrayó que los funcionarios de Petróleos de Venezuela que participaron de esta componenda y están actualmente judicializados por la presunta comisión de actos ilícitos en la industria, «apostaron por el asfixiamiento de ICM y con ello el ahorcamiento a Petropiar, como una primera cabeza en el plan de perturbar la producción petrolera venezolana».

(LaIguana.TV)