En su más reciente entrega de «Tubazos», el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el juicio contra presuntos integrantes de un grupo de exterminio, acusados de asesinatos y desaparición forzada en el estado Bolívar.
Según la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del pasado 14 de abril, un total de 10 personas -dos de las cuales están evadidas- son procesadas por el asesinato de Manuel Cristóbal Aguillón Moreno y la desaparición de Carmelo Ramón Morgano Rangel.
Los sujetos están identificados como: Jhoandry José Farías Boada, Guido Ferrucci Jiménez, Simón Rafael Gutiérrez, Joshua Bryan Piñango Escoriguela, Leonardo José De Pablos Romero, Miguel Ángel Romero Figuera, Marcos Antonio Rouhana Farrera, Darwin José Cedeño Tovar, René Ferrucci Jiménez y César Augusto Trillo Estanga.
Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2017, cuando Manuel y Carmelo viajaron desde Valencia a San Félix para comprar repuestos de vehículos. Ese mismo día, entraron en contacto con una persona para vender unos gramos de oro, la cual los condujo hasta Joyería E Inversiones Ferruchi, ubicada en San Félix, propiedad de los hermanos Guido y René Ferruchi.
A partir de ese momento, Manuel y Carmelo dejaron de comunicarse con sus familiares, razón por la cual la esposa de Carmelo interpone una denuncia ante el Cicpc el 1° de mayo de 2017 y se inician las investigaciones el 8 de mayo de ese mismo año, las cuales conducen a los primeros detenidos, quienes contaron lo que ocurrió.
Rojas refiere que uno de los primeros detenidos fue Guido Ferruchi Jiménez, uno de los dueños de la joyería y quien es identificado por el Ministerio Público como el cerebro de todo el grupo. De hecho, a él se le imputa el delito de desaparición forzada de personas en grado de determinador, es decir, autor intelectual.
De acuerdo con los testimonios de los aprehendidos, el 28 de abril de 2017 sometieron a Carmelo y a Cristóbal y los trasladaron hasta la vivienda de René Ferruchi, ubicada en el barrio La Unidad, calle Tamanaco, San Félix, donde los mantuvieron amarrados. En ese traslado participó el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana Joshua Bryan Piñango Escoriguela y el agente de la Policía Municipal Darwin José Cedeño Tovar.
En horas de la noche, las dos víctimas son trasladados en su mismo vehículo hasta el destacamento de vigilancia fluvial de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, vía San Félix-Puerto Ordaz, estado Bolívar.
A ese sitio acudieron tres funcionarios del Cicpc, integrantes de ese grupo delictivo, identificados como Jhoandry José Farías Boada, Leonardo José De Pablos Romero y César Augusto Trillo Estanga.
Una vez en el lugar, Farías, utilizando un revólver propiedad de Rene Ferruchi, dispara a una de las víctimas, quien es lanzada a un río por René y César Trillo. Luego De Pablo y Trillo, utilizando una pistola glock, le dispararon al segundo sujeto en reiteradas oportunidades y también lo arrojaron al río.
Posterior al crimen, Trillo entregó a Miguel Ángel Romero Figuera la pistola glock empleada en el hecho de sangre, dicha persona es un comerciante de oro, quien también tiene un establecimiento en San Félix, cerca de la joyería de los Ferruchi.
Tras las detenciones de los implicados, ocurridas entre mayo y diciembre de 2017, dos de los 10 procesados, identificados como René Ferruchi Jiménez y César Trillo, se escaparon en medio de las audiencias.
Entre los delitos imputados a los procesados se encuentran: homicidio calificado por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva, agavillamiento, robo de vehículo automotor, asociación para delinquir y desaparición de personas forzada en grado de cómplices no necesarios
Rojas destacó que el juicio contra estas personas comenzó el 15 de julio de 2022. Ese día, cinco de los ocho procesados se acogieron al principio de la admisión de los hechos y fueron condenados a 10 años de prisión.
No obstante, el Ministerio Público interpuso ante la Sala Penal del máximo tribunal del país un recurso de apelación por la decisión del Tribunal 6° de Juicio de condenar a 10 años de prisión por admisión de los hechos. Seguidamente, la Sala Penal anuló la decisión luego de encontrar irregularidades y, en consecuencia, ordenó celebrar un juicio contra los cinco procesados.
De acuerdo con Rojas, este es el segundo caso de funcionarios procesados por desaparición forzada en el estado Bolívar. Recordó que en programas anteriores relató los pormenores de la desaparición del ganadero guariqueño Arturo Camaripano y la veterinaria Carmen González, ocurrido el 4 de febrero del año 2010.
Dicho crimen presuntamente fue cometido por un grupo mixto, con funcionarios del Cicpc y del hampa común.
Agregó que, en ambos casos, está pendiente el juicio.
Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.
(LaIguana.TV)
