El aplastante triunfo de las fuerzas de ultraderecha en las votaciones del pasado domingo 7 de mayo para elegir a 50 consejeros constitucionales, parece haber enterrado definitivamente los anhelos de la sociedad chilena de embarcarse en un proceso de cambios profundos que le permitiera dejar atrás el pesado lastre de la dictadura de Augusto Pinochet.

En este funesto resultado luce clara la responsabilidad política del actual presidente, Gabriel Boric, cuyo liderazgo se consolidó en el contexto del estallido social de 2019, en el que se clamó, incluso con violencia, por una transformación profunda del Estado chileno.

Boric triunfó en las urnas en diciembre de 2021 con 55 % de los votos frente al ultraderechista José Antonio Katz, con un programa de indudables tintes progresistas –especialmente si se lo compara con los estándares chilenos–, pero inevitablemente amarrados a la aprobación de una nueva Carta Magna, en el entendido de que esta era la única manera de cumplir cabalmente con sus promesas de campaña.

Año y medio después, el gobernante de 37 años, no solo no ha podido poner en marcha prácticamente ninguna de las reformas ofrecidas, sino que fue incapaz de apuntalar en dos oportunidades una nueva Constitución con la que las fuerzas sociales que reclamaban el fin del neoliberalismo y de la herencia pinochetista se sintieran representadas.

Sobre este revés, cuyas consecuencias se dejarán sentir duraderamente en la sociedad chilena, reflexionó Miguel Ángel Pérez Pirela edición de su programa Desde Donde Sea.

Pero antes de entrar en materia, la agenda informativa le obligó a detenernos en el conflicto armado colombiano, tras las inquietantes revelaciones que hiciera el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mancuso confiesa que paramilitares cavaron fosas comunes en Venezuela

Pérez Pirela refirió que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos reveló que las Autodefensas Unidas de Colombia enterraron los cuerpos de al menos unas 200 víctimas en fosas comunes en Venezuela entre los años 2000 y 2002.

Ante la JEP sostuvo que «los integrantes de las autodefensas pasaban a Venezuela y enterraban los cuerpos en unas fosas comunes que fuimos creando. Allá debe haber por lo menos 200 cuerpos».

Según señaló Mancuso, para desaparecer los cuerpos hubo «coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela». Sin embargo, no precisó nombres.

El exjefe paramilitar detalló asimismo que las fosas estarían ubicadas en San Cristóbal, Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita, en Táchira, mientras que las víctimas procedían de distintas localidades del departamento de Norte de Santander, donde las AUC ejercían amplio control social y político.

El analista precisó a Mancuso realizó estas cruentas declaraciones en su segundo día de comparecencia ante la JEP, a propósito del proceso que se sigue para investigar y sancionar las acciones de los grupos paramilitares en Colombia que se cometieron antes del 1º de diciembre de 2016.

Recordó asimismo en una intervención previa, el exjefe paramilitar admitió que las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a controlar «gran parte» del Congreso, así como numerosos gobiernos regionales y locales.

Señaló además que el exjefe paramilitar admitió que los diálogos entre el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, y el grupo del que hacía parte, permitieron «el fortalecimiento» de la estructura paraestatal dentro del propio Estado.

Es decir, explicó, desde el gobierno colombiana se emprendieron acciones concretas para que los paramilitares controlaran los espacios de toma de decisiones, una denuncia que fue formulada tempranamente por políticos que hacían parte de la oposición como el actual mandatario, Gustavo Petro, y la senadora Piedad Córdoba.

En 2004, cuando Petro era un joven representante en la Cámara Baja del Congreso, fue una de las pocas voces que reclamó con dureza la ovación que recibiera el jefe paramilitar en el pleno del Legislativo.

Con la vehemencia que le caracteriza, Gustavo Petro tachó a Mancuso de narcoparamilitar y señaló que Uribe estaba «secuestrado por los paramilitares», a quienes había hipotecado la posibilidad de optar a un segundo mandato tras una enmienda constitucional presentada en el Congreso.

«Impresionante la claridad meridiana con la cual se expresó el ahora presidente Gustavo Petro, cuando era un representante legislativo del pueblo colombiano», indicó.

El presentador apuntó que diecisiete años después de aquel discurso, no quedan dudas de la existencia de la así llamada parapolítica en Colombia y tampoco del horror que causaron los paramilitares y sus aliados políticos, muchos de los cuales lograron evadir el brazo de la justicia en virtud de que las asociaciones con el gobierno se extendieron durante los mandatos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

En interés de motivar la formación de la audiencia, recomendó el libro «Parapolítica», editado por la Fundación Arcoiris, donde se recoge una extensa investigación que recoge los escabrosos detalles de este flagelo que sigue azotando a Colombia.

La novedad acaso reside en que, según Salvatore Mancuso, hay fosas comunes en Venezuela que fueron cavadas con participación de miembros del estamento militar venezolano y de algunas autoridades.

Esas acciones coincidieron en tiempo con eventos como el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton, quien permaneció cautivo dos años en un campamento de las Autodefensas Unidas de Colombia, así como en la preparación de la Operación Daktari, con la que se pretendía asesinar al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez Frías.

A este respecto recomendó el libro «La invasión paramilitar: Operación Daktari», que escribió a cuatro manos con el reconocido intelectual Luis Britto García y que puede conseguirse gratuitamente en Internet.

Desde la era Uribe hay constancia de la presencia paramilitar colombiana en Venezuela. Sobre esto, apuntó:

«Cuando escribimos este libro en 2004, había tres tipos de negacionismos: los que negaban que hubiera paramilitarismo en el país, los que lo restringían a las fronteras y los que decían que en Caracas no había paramilitares. Demostramos que los había en todo el país, incluso en la capital, y que estaban aliados con las bandas criminales locales».

Refirió que aunque las operaciones del paramilitarismo colombiano han estado centradas en la extensa frontera común, en los últimos años los remanentes de las Autodefensas y otros grupos han establecido alianzas con megabandas de la delincuencia organizada en otras zonas del país para crear corredores aptos para el tráfico de cocaína.

Puntualizó que en 2020, la banda de «El Wilexis», a la que se señala de nexos con el paramilitarismo y el ala extremista de la oposición, se encargó de crear caos en un populoso sector de Caracas los días previos a la fallida Operación Gedeón.

Además, como se recordará, a inicios de 2022 estalló un inusual escándalo de narcopolítica, por el que fueron capturados varios diputados a la Asamblea Nacional, así como una alcaldesa, entre otros altos funcionarios, a los que se sindicó de estar al servicio de cárteles de la droga asentados en Colombia, que como se sabe, son también una estructura paramilitar.

En cualquier caso, indicó, mientras se hacían públicas las inquietantes revelaciones de Salvatore Mancuso, se reunían cara a cara en Caracas los ministros de Defensa Vladimir Padrino López (Venezuela) e Iván Velásquez Gómez (Colombia).

Padrino López aludió a la recomposición de los lazos binacionales en materia de seguridad, que se han traducido en más de 30 actividades diplomáticas, políticas, militares, comerciales y migratorias cuyos saldos positivos ya empiezan a manifestarse, mientras que Velásquez calificó el encuentro como «muy fructífero» y destacó los esfuerzos de las partes para desarrollar una política común de seguridad fronteriza con enfoque identitario binacional.

Al otro lado de la frontera se desarrollaba una protesta antigubernamental de militares y policías en situación de retiro y reserva que colmó la Plaza de Bolívar en Bogotá. Según sus convocantes, el objetivo de la manifestación era expresar su apoyo a todos los agentes de la fuerza pública en Colombia, rechazar las acciones emprendidas por Gustavo Petro en materia de seguridad y presentar un pliego de demandas socioeconómicas a la Casa de Nariño.

«Cuidado y por allí no viene el golpe suave contra Petro. Estuvimos analizando los uniformes, las insignias y se parecen más a los del paramilitarismo que los del Ejército. Recordemos que el paramilitarismo fue una creación del Estado colombiano», advirtió Pérez Pirela.

Entre otros asuntos exigen la atención a los militares y policías en condición de invalidez y disminución de capacidades que no alcanzaron a cumplir los requisitos de retiro, así como el respaldo a las víctimas de atentados, minas y hechos de violencia contra la fuerza pública, pues, aseguran, se sienten abandonados por el Estado, continuó relatando.

«¡Qué casualidad, se sienten abandonados por el Estado ahora que está Petro, pero no antes!», ironizó el presentador quien advirtió que esta protesta parece más la punta de lanza de una avanzada política para boicotear las negociaciones de paz que adelanta el presidente neogranadino y no dejarlo gobernar.

A ese respecto señaló que si bien la actividad fue fundamentalmente pacífica, un manifestante retiró la bandera de los pueblos originarios que había sido izada en la estatua del Libertador, mientras una multitud gritaba consignas políticas como «¡Viva Colombia libre!, ¡Fuera Petro! y ¡Fuera guerrillero!

El paramilitarismo no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, sino como una decisión política, militar y bélica del Estado colombiano para tener un brazo armado ilegal que le permitiera realizar las atrocidades contra las guerrillas, campesinos, comunidades organizadas, estudiantes y partidos políticos incómodos.

Al crear el paramilitarismo pudo desaparecer personas, crear fosas comunes, aterrorizar, etcétera, para que el Ejército no estuviera obligado a cometer directamente todas las atrocidades, abundó.

En este proceso, subrayó, tuvo un papel fundamental el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien al alcanzar la primera magistratura, logró consolidar un régimen de terror que se trató de exportar hacia Venezuela, por la vía de las asociaciones entre Uribe y Leopoldo López primero, y luego entre Los Rastrojos y Juan Guaidó, entre otros personeros de la ultraderecha local.

Pérez Pirela subrayó que la trama paramilitar en Venezuela mostró su potencia en acciones de terrorismo urbano –guarimbas– y en los modus operandi implementados por bandas criminales que operaban en la capital venezolana y en el centro del país.

Para concluir este tema, el especialista sostuvo que para entender las declaraciones de Mancuso y calibrar apropiadamente su impacto, era necesario hacer un mínimo recorrido por los orígenes del paramilitarismo y sus relaciones con Venezuela, que fue el punto de partida de su internacionalización.

Ultraderecha arrasó en el Consejo Constitucional chileno

«La culpa de lo que está pasando en Chile es toda de un personaje políticamente gris como Gabriel Boric, que llegó en la ola de una constituyente impulsada por el pueblo chileno para superar la constitución de Pinochet y perdió dos veces. Ahora, la ultraderecha y la derecha controlan el Consejo Constitucional y redactarán otra Constitución, también de Pinochet».

Con este duro comentario inició Miguel Ángel Pérez Pirela sus reflexiones sobre el reciente proceso comicial en Chile, donde el Partido Republicano, liderado por el ultraderechista José Antonio Katz, se alzó como gran ganador al asegurarse 23 de los 51 consejeros –50 más uno de los pueblos originarios– en los que recaerá la responsabilidad de redactar una nueva Constitución para Chile.

Apuntó asimismo que la coalición derechista Chile Seguro, cercana al expresidente Sebastián Piñera, consiguió 11 escaños. De su lado, la lista Unidad para Chile, integrada por los partidos de la coalición de gobierno, alcanzó 16 cupos, mientras que las fuerzas políticas de centroizquierda y la centroderecha no obtuvieron ningún representante.

A este respecto señaló que si se hacen cuentas, aunque la derecha y la ultraderecha presentaron listas separadas para el Consejo Constitucional, no es muy difícil pensar que eventualmente podrían aliarse y controlar 34 de los 50 votos.

Las palabras tras la derrota y la victoria

Poco después de anunciarse los resultados, un visiblemente desencajado Gabriel Boric ofreció declaraciones a la prensa en las que trató de presentar la jornada como una victoria para la democracia de su país.

«Eso es falso. Por su culpa, por ser blandengue y tratar de acomodarse a los intereses de los Estados Unidos y no los del pueblo obrero, el pueblo estudiante que fue mutilado, golpeado y encarcelado para que él pudiera ser presidente, la derecha redactará una constitución pinochetista», criticó el analista.

En todo caso, en su intervención, el mandatario también exhortó a los recién electos miembros del Consejo Constitucional a elaborar una Carta Magna con mirada de largo plazo, en lugar de privilegiar disputas partidistas coyunturales.

En concreto, conminó a los recién electos convencionales a trabajar por la unidad del país y recordó que el proceso de aprobación previo de una nueva Constitución fracasó porque, entre otras cosas, quienes pensaban «diferente» fueron incapaces de alcanzar acuerdos.

«Gabriel Boric saldrá de la presidencia para un cargo diplomático en el extranjero o dará clases en una universidad de los Estados Unidos», vaticinó.

Pérez Pirela consideró que la ausencia de referencias directas de Boric a la derrota de su coalición, no debería llevar a concluir que el presidente chileno no está consciente de los peligros que ello supone para la institucionalidad democrática liberal que suele defender.

A su parecer, al saberse vencido aplastantemente por la ultraderecha –que a efectos ilustrativos puede comparársela con el bolsonarismo y el trumpismo–, recalcó la importancia de mantenerse dentro de los límites de las instituciones.

Parece un comentario muy obvio y hasta retórico, pero advirtióque no es gratuito, pues estos grupos, guiados por la antipolítica y los discursos basados en ataques personales, no son muy proclives a respetar las reglas del juego cuando los resultados les son adversos en términos de su proyecto político, que con frecuencia es equiparado con el sentir de las mayorías.

En pocas palabras: o las cosas se hacen según ellos dicen o rápidamente emprenden acciones contra el Estado, a menudo con complicidad de agentes locales y ante la mirada desviada de la así llamada «comunidad internacional», como se ha visto en Venezuela, Brasil, Argentina e incluso en los Estados Unidos, por mencionar algunos casos bien documentados.

De ahí que, en su opinión, no sorprendan las declaraciones que formulara José Antonio Katz, devenido en líder indiscutible de la oposición, en las que atribuyó el triunfo de su alianza a la situación socioeconómica del país –aunque haya sido el gobierno de Piñera el principal responsable– y a una especie de pase de factura a un «gobierno fracasado».

El especialista destacó que si se presta atención a lo expresado por Katz, se revela el mecanismo discursivo que expuesto previamente: el proyecto político de la ultraderecha –en este caso, no cambiar la Constitución pinochetista y no enfrentar las causas de la elevada desigualdad presente en el país–, se equipara sin más a los deseos de la mayoría de la población.

«Él mismo lo dijo: ‘Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho’, es decir, que no van a cambiar nada», agregó.

¿Qué dicen los resultados?

En términos prácticos, los resultados indican que los representantes de los partidos de la derecha y la ultraderecha dispondrán de poder de veto absoluto sobre el articulado desarrollado por la Comisión de Expertos y no estarán obligados a negociar ningún punto de la norma constitucional con otras facciones políticas, interpretó el experto.

A su juicio, el hecho de que concurrieran a las urnas el 85 % de los chilenos habilitados para votar, deja fuera de cuestión cualquier debate sobre la legitimidad de quienes resultaron electos, así como cualquier posible cuestionamiento sobre la supuesta apatía de la sociedad chilena con respecto al cambio constitucional, una matriz que fue abiertamente impulsada por medios europeos tales como BBC o France24.

A ello sumó que otro aspecto a considerar fue la alta incidencia de votos blancos y nulos en la elección de los consejeros, que según sus defensores, constituía una forma activa de manifestarse contra la legitimidad del proceso, que derivó de un acuerdo entre partidos políticos en el Congreso y no de la voluntad popular.

En este orden recalcó que el 26 % de los chilenos que sufragaron el pasado domingo optaron por marcar la opción en blanco o directamente anular su voto. Globalmente considerada, la cifra ocupó la tercera casilla entre las preferencias, quedando por debajo de la lista oficial por apenas 100.000 votos.

Sobre esto indicó que en un trabajo para la agencia RT, el analista político Ociel Alí López destaca que la opción de votar nulo o blanco se quintuplicó en relación con el proceso de septiembre de 2022, donde se rechazó la Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

Desde su punto de vista, no es un dato menor. Si se interpreta en conjunto con el fracaso estrepitoso de los partidos de la Concertación –que gobernaron Chile desde 1990 hasta la emergencia de Sebastián Piñera–, queda bastante claro que estas organizaciones no gozan de los apoyos de la mayoría, pero no solo.

En conversación con teleSUR, el analista Guillermo Holzman avanzó que los comicios del pasado domingo dejaron en evidencia un desgaste en el sistema político chileno, una debacle afecta de manera particular a los partidos tradicionales, aunque también a las izquierdas, altamente fragmentadas e incapaces de cohesionarse en torno a un programa político claro, lo que contrasta con la coherencia exhibida por José Antonio Katz y su partido.

Pérez Pirela señaló que algunos personeros que participaron en la elaboración de la Carta Magna rechazada abrumadoramente en septiembre, trabajaron decididamente para objetar el nuevo mecanismo constituyente en virtud del control que tienen los partidos políticos sobre él.

En ese orden comentó que a finales de abril, el senador independiente Karim Bianchi aseguró que desde que inició el nuevo proceso constitucional, se había visto «cómo Chile ha sido violado por los partidos políticos».

En el mismo tono crítico –más bien próximo a la antipolítica– señaló que «los expertos [que están trabajando el anteproyecto de Carta Magna] están demostrando ser unos monigotes, unos títeres de los partidos políticos, redactando todo para la perpetuidad de los partidos».

Desde la izquierda, voceros como el exdiputado Hugo Gutiérrez, quien sirvió como constituyente por la lista del Partido Comunista de Chile, respaldó públicamente el voto nulo, al considerar que el intento de redactar una Constitución en un conciliábulo controlado por los partidos constituía «un fraude democrático».

El presentador valoró que si bien puede decirse que son opiniones de particulares, es claro que ese discurso contra-institucional está ganando terreno y logró calar en un sector significativo de los votantes, que pareciera estar en la actitud de no querer saber nada de la política, de los partidos y ni siquiera de la nueva Constitución.

Las consecuencias de «gobernar para todos»

A lo dicho sumó que con la derrota del domingo, el gobierno de Gabriel Boric, inscrito en un progresismo ambiguo más próximo al centrismo, acapara todas las miradas, pero no por las razones más afortunadas, pues al cierre de esta investigación, su convulsa gestión figura en el horizonte como una promesa vacía, hueca, incapaz de caminar con firmeza hacia ninguna dirección favorable a los intereses de las masas populares que le aseguraron el triunfo hace menos de año y medio.

En primera instancia señaló que tras el fracaso en conseguir la aprobación de la Constitución redactada por los más de 500 constituyentistas electos en votación directa, el Ejecutivo chileno ofreció una nueva salida para hacer cumplir la voluntad de cambio expresada en el plebiscito de 2020.

Sin embargo, la metodología que guió esta solución –un comité de expertos designados por los partidos, que trabajarán de la mano con los 51 consejeros electos el domingo–, no fue capaz de convencer a quienes un par de años atrás parecían haber cifrado todas sus esperanzas en un cambio constitucional como mecanismo para avanzar en la refundación del Estado.

En nuestra criterio, la respuesta de tinte claramente conservador, tecnocrático e inscrita en la lógica de la democracia representativa, es el precio que Boric tuvo que pagar por no haber conseguido la aprobación de la Constitución que redactó la Convención Constitucional el año pasado.

Las razones de este fracaso son variadas. Sintéticamente podrían resumirse en querer cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo al interior de una sociedad que simbólicamente está completamente atravesada por el neoliberalismo y su modelo de terror, primero político y luego económico.

Empero, aunque tales factores fueron sin duda importantes –y la derecha sacó amplio partido de ello en la esfera mediática–, para Miguel Ángel Pérez Pirela lo que parece haber signado la derrota del proyecto constitucional elaborado por representantes electos en las urnas fue la incapacidad de Boric para liderarlo, aunque sus posibilidades de cumplir con el programa de gestión por el que fue electo dependían enteramente de ello.

En septiembre de 2022, cuando 2 de cada 3 chilenos se manifestaron en contra de una Constitución que solo pudo tener lugar gracias a meses de protestas callejeras en medio de una cruenta represión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, identificaba la falta de claridad de la propuesta y la ineptitud de Gabriel Boric para conectarla con las masas populares como las razones reales del fracaso, más allá de cualquier mentira mediática.

Maduro, que es corredactor de la Carta Magna vigente en Venezuela, aludió también a los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador para mostrar las falencias del chileno, que en su opinión no fue ni «originario» ni «plenipotenciario» y careció de conducción política.

El analista consideró que un político más curtido y menos arrogante habría escuchado con cuidado el balance del mandatario venezolano, pues resumía contundentemente las razones por las que no salió adelante la nueva Constitución chilena. Es claro que Boric no lo hizo y, en lugar de buscar apoyos populares, los buscó entre la élite gobernante y con los Estados Unidos y

Este error de cálculo ha tenido efectos muy claros. El más evidente es que la ultraderecha, a la que no le interesa cambiar nada en favor de los anhelos populares, hará una nueva Carta Magna todavía más garantista para sus propios intereses.

En segunda instancia, mencionó que el pacto de cúpulas partidistas también parece haber contribuido significativamente a la consolidación de despolitización entre la sociedad, un escenario poco imaginable apenas un año atrás, donde el pueblo chileno estaba en la calle.

Si se atiende a los resultados del pasado domingo, 1 de cada 4 chilenos está descreído de la política tradicional, de sus instituciones y de sus propuestas, lo que resulta un caldo de cultivo altamente favorable para el triunfo electoral de proyectos ultraconservadores, precisó.

Sobre este asunto, se permitió recuperar lo que Ociel López indicara en su trabajo para RT sobre este tema: «A partir del plebiscito de 2022, las grandes masas abstencionistas (casi la mitad del electorado) han sido obligadas a votar y ello ha favorecido el voto radical, sea para la derecha antiliberal e incorrecta como la de José Antonio Kast (líder del Partido Republicano), o para el asombroso incremento del voto nulo: el porqué las mayorías decisivas han preferido a la derecha radical o al voto nulo es la respuesta que se debe construir para entender los nuevos fenómenos de la política chilena».

El experto aseguró que comparte la pregunta y la preocupación, pero el panorama no luce nada favorable para Gabriel Boric, que sigue sin encontrar la manera de llevar adelante ni siquiera mínimas reformas, muy alejadas de las que ofreciera en su campaña presidencial, donde anunciaba que pondría fin a más de tres décadas de neoliberalismo signadas por una espantosa desigualdad.

Comentó además que en un estudio referido por la periodista Naile Manjarrés en su programa Entre Líneas, se señalaban los peores efectos del modelo neoliberal devenidos en motor de cambio social, cuyo velo terminó de caer –o al menos así se creyó entonces– con el advenimiento de la pandemia.

A contrapelo del discurso triunfalista que siguió a la victoria de Boric en diciembre de 2021, Manjarrés advertía que aunque su programa de gestión contemplaba temas críticos visibilizados durante el estallido social de 2019, su empeño en complacer a todos podría signar su fracaso.

Para fundamentar su apreciación, recordó los ejemplos de personajes como Michelle Bachelet o Lenín Moreno, que tras haber ascendido al poder con las banderas de la izquierda, gobernaron del modo opuesto bajo la premisa de que lo hacían «para todos».

Lamentablemente, Manjarrés no se equivocó en su apreciación. Con apenas un año como presidente, Gabriel Boric ha sufrido dos derrotas estratégicas asociadas a la nueva Constitución y tampoco ha logrado avanzar en proyectos importantes como la reforma tributaria.

En relación con este último tema recordó que a inicios del pasado mes de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso rechazó por estrecho margen la propuesta presentada por el Ejecutivo, con la que pretendía obtener fondos para financiar programas sociales por un monto equivalente al 3,6 % del Producto Interno Bruto –unos 10.000 millones de dólares– durante los próximos cuatro años, que estarían destinados a la ampliación de la seguridad social en salud, educación y pensiones, tres de las exigencias que salieron a la luz durante el estallido social de 2019.

La negativa aparentemente se asentó en las modificaciones propuestas para el Impuesto Sobre la Renta, las exenciones tributarias, las regalías por concepto de explotación minera y el gravamen de las utilidades de las empresas privadas.

Aunque el gobierno de Boric reconoció haber trabajado arduamente por más de ocho meses para sacar adelante la reforma, finalmente atribuyó el rechazo de la iniciativa a la imposición de discursos supuestamente ideologizados frente a una propuesta catalogada como «pragmática».

Pérez Pirela puso el acento en la elección de las palabras de los representantes gubernamentales de Chile: pragmatismo versus ideología. Es de nuevo, un vano intento en presentarse como un gobierno «para todos».

Señaló asimismo que otro tanto sucede con las reformas asociadas al modelo de explotación del litio, del que Chile, junto a Bolivia, Argentina y México, acumula una de las reservas certificadas más grandes del mundo.

Hábilmente, Gabriel Boric ha equiparado su Estrategia Nacional del Litio con la nacionalización del cobre, iniciada por el presidente socialcristiano Eduardo Frei Montalve y consolidada durante el gobierno socialista de Salvador Allende.

El también director de LaIguana.TV opinó que se trata de un paso aparentemente beneficioso para el pueblo chileno, que incorpora un enfoque claramente ambientalista, que garantiza la participación del Estado en todo el proceso productivo y que persigue como meta la producción de derivados en lugar de concentrarse exclusivamente en la extracción del mineral.

No obstante acotó que si se mira con atención, el plan no solo permite la participación de particulares en «colaboración virtuosa» dentro del negocio, sino que no especifica cuál será el porcentaje de participación del Estado chileno dentro del esquema.

Adicionalmente puntualizó que si bien se promete no dar ningún paso sin consultar a las comunidades locales, la actuación represiva y criminalizadora del gobierno para con los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, hace dudar de la honestidad de esta oferta.

Tampoco puede dejarse de lado que Boric recalcó que su administración respetará los contratos de explotación de la estadounidense Albemarle y la Sociedad Química y Minera, Soquimich, controlada desde hace 30 años por Julio Ponce, un exyerno del dictador Augusto Pinochet, que hasta ahora ostentan el oligopolio en el negocio del llamado oro blanco.

Si se añade su docilidad ante los dictámenes del gobierno estadounidense y el paso por Chile de altos funcionarios como Antony Blinken, Olaf Scholz o Josep Borrell para suscribir acuerdos de cooperación en materia ambiental y tecnológica, desde su punto de vista, la frase «el Estado es el dueño del litio» carece de asidero.

Antes bien esta declaración parece encajar mucho mejor con las pretensiones de control de Washington sobre el litio de la región, como expresara sin rubores meses atrás la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.

El especialista consideró que los dos casos expuestos muestran claramente los límites y riesgos que se corren al abrazar la política de «gobernar para todos» por las que optó la administración de Gabriel Boric: no permite cambiar nada en favor de las mayorías populares e inevitablemente beneficia a las élites.

Pinochet revivió y goza de buena salud

El fracaso de la nueva Constitución chilena en el plebiscito celebrado septiembre de 2022, motivó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a escribir una lapidaria frase en su cuenta de Twitter: «Revivió Pinochet».

«Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas», complementó el mandatario, que fue tildado de exagerado e incluso acusado de alentar la conflictividad social en un país que no era el suyo.

Aunque en ese momento no estaba claro qué haría el gobierno chileno para reponerse de la derrota, en su trino, Petro marcaba el único camino posible para que el revés solo fuera táctico y no estratégico: unificar a las fuerzas democráticas y populares en Chile.

El comunicador indicó que aunque no lo mencionó directamente es evidente que en la alianza que proponía, no podían estar incluidos quienes reivindican el deshonroso legado del pinochetismo y consideran que la sociedad chilena no está todo lo bien que podría estar, pero por culpa de la falta de «orden».

A este respecto estimó pertinente recordar lo expresado por José Antonio Katz el domingo pasado, a pesar de que su partido se impuso indiscutiblemente. En un momento que invitaba a la celebración, el político ultraderechista se atrevió a decir que «no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien», gracias a la deficiente gestión de Gabriel Boric.

«Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, migratoria, económica, social (salud, educación, vivienda y tantas otras) donde todo sube, suben los homicidios, sube la migración, las listas de esperas y personas viviendo en campamentos», enumeró.

En esta lista, Pérez Pirela identificó dos temas principales: seguridad y migración, a partir de los cuales las derechas nacionalistas y el trumpismo, incluidas sus variantes, han obtenido importantes réditos electorales.

De esta manera, en la sobresimplificación discursiva que caracteriza a las ultraderechas latinoamericanas, con frecuencia se responsabiliza a los migrantes de los problemas de seguridad ciudadana, que menudo son amplificados por la prensa hegemónica, interpretó.

Sin demasiado esfuerzo y con la inestimable ayuda del propio Boric, la ultraderecha chilena ha logrado desplazar el interés de la opinión pública hacia lo que denominan «crisis de seguridad» y «crisis migratoria», con claro tinte xenófobo hacia los migrantes venezolanos.

Sobre el asunto de la seguridad ciudadana precisó que el asesinato de tres carabineros en un plazo relativamente breve, impulsó al Ejecutivo a promulgar una ley que amplía el margen de acción de la fuerza pública para, supuestamente, contrarrestar la delincuencia.

Para el especialista venezolano, esta política draconiana es abiertamente contradictoria con el discurso pro-defensa de los derechos humanos que suele mantener Gabriel Boric en público y que a menudo ha utilizado como arma arrojadiza para atacar a otros gobiernos en la región, particularmente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por si ello no bastara, desde su punto de vista, este enfoque entierra en el foso de los olvidos el cruento historial de los carabineros en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no solo durante la dictadura pinochetista, pues durante el estallido social de 2019, el cuerpo asesinó a cerca de una veintena de personas, encarceló injustamente a varias decenas de miles e hirió seriamente a cerca de 3.000, como el mismo Boric y diversas organizaciones se encargaron de denunciar oportunamente.

Si se lee esta acción en términos coyunturales, es claro que el gobierno chileno quedó entrampado en la narrativa sobre la seguridad impuesta por la ultraderecha liderada por José Antonio Katz. Acaso no supo qué hacer con eso, pero tampoco no hizo esfuerzo alguno por explicar las causas estructurales asociadas al fenómeno y en su lugar prefirió adoptar una estrategia defensiva desde el Estado, con una retórica pretendidamente despolitizada: la represión. Es decir, optó por seguir el rumbo de las derechas en el poder.

Para Pérez Pirela otro tanto corresponde a la política migratoria, cuyo principal foco discursivo son los migrantes venezolanos. Lejos de señalar abiertamente la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera en la promoción de la migración irregular, Boric estimó pertinente adoptar el cierre de fronteras, los centros de detención, la deportación y la violación de derechos fundamentales de los migrantes.

Estos métodos están muy lejos de cualquier solidaridad entre pueblos como la que el presidente chileno dice defender y demasiado cerca de las respuestas de Washington y la Unión Europea ante las crisis migratorias que ellos mismos se han encargado de generar, donde prevalecen el leguleyismo y las retóricas vacías, antes que el interés de solventar el problema o de respetar la dignidad y los derechos de las personas migrantes.

En honor a la verdad, el presentador aclaró que esta política no empezó en medio de la coyuntura electoral por la Constituyente, sino que corresponde a un caramelo envenenado que le dejó Sebastián Piñera a su sucesor en el Palacio de La Moneda, poco antes de entregar el testigo.

Sobre este asunto mencionó que una agencia poco sospechosa de ser tribuna para el discurso de la izquierda como EFE, aseguró en febrero de 2022 que la nueva ley de inmigración había sido objeto de severas críticas por organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Destacó que pese a las advertencias tempranas de las consecuencias que podría traer la legislación en términos de las violaciones a los derechos de los migrantes, más de un año después, el gobierno de Boric no ha hecho nada para derogarla o matizarla y, antes bien, ha reforzado su política de cierre de fronteras y de estigmatización de seres humanos.

El pasado 15 de marzo, el mandatario dijo a los medios que «proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y ordenada» será «una prioridad» para su administración, en medio de un discurso incendiario contra la migración irregular pronunciado desde la localidad de Colchane, fronteriza con Bolivia.

Boric advirtió que las personas «que vienen con ánimo de delinquir no son bienvenidas» en Chile. «Las vamos a perseguir y les vamos a hacer la vida imposible dentro del Estado derecho», subrayó.

Pérez Pirela explicó que el fundamento de estas acciones represivas es la Ley de Infraestructura Crítica, que contempla la presencia militar por 90 días en un operativo que para la fecha sumaba miles de controles y decenas de detenciones.

El jefe de Estado pretendió justificar estas prácticas violatorias de los derechos fundamentales con el argumento de que la adopción de esas medidas «permite que quienes viven en estas zonas se sientan más seguros y resguardados».

«Un discurso de derecha por toda la línea el de Boric. La gente prefirió votar por la derecha de verdad y no por la izquierda que se disfraza de derecha», interpretó el analista.

Refirió además que la situación fronteriza empeoró todavía más cuando el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú anunció la militarización y cierre de la frontera con Chile para impedir el tránsito de migrantes, lo que dejó sin posibilidad de circulación a más de 400 personas que deseaban regresar a su país de origen.

Tras negociaciones y la negativa de Santiago a aceptar que un avión de Conviasa aterrizara en suelo chileno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro logró repatriar a 115 personas en un vuelo privado. Insólitamente, Gabriel Boric calificó la operación como «un triunfo diplomático» y «del diálogo».

De acuerdo con reportes de la cadena teleSUR elaborados a inicios de la semana en curso, unos 300 migrantes –en su mayoría de origen colombiano y ecuatoriano– continúan atascados en el paso fronterizo de Chacalluta, que separa las localidades de Arica (Chile) y Tacna (Perú).

El comunicador advirtió que a la fecha, cientos de personas permanecen a la intemperie, en tierra de nadie y sin ningún tipo de garantías, lo que las convierte en presa fácil de las redes de tráfico de personas que operan en la zona y en potenciales víctimas de toda clase de abusos, una situación que incluso ha sido cuesionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A modo de cierre señaló que en el repaso por algunos temas centrales de la gestión de Gabriel Boric quedó en evidencia que el conservadurismo parece estar guiando todas sus decisiones políticas de gran calado, con las inevitables consecuencias que ya están empezando a sentirse con dureza y que muy probablemente empeorarán en los poco menos de tres años que le restan en la presidencia.

Esta situación, a no dudarlo, favorecerá a los herederos del pinochetismo, que ha resultado un adversario hábil y muy difícil de derrotar, pues incluso recibe oxígeno desde quienes ahora ejercen el poder en Chile, con independencia del rechazo que expresan hacia él.

De otro lado comentó que si bien antes del inicio de esta segunda fase constituyente se establecieron como bases considerar a Chile como una república democrática, cuya soberanía reside en el Estado «unitario y descentralizado» y asumir que es un «Estado social y democrático de derechos» donde está garantizada la división de poderes, el método adoptado para la redacción del texto no augura buenos resultados para las aspiraciones de cambio en el seno de la sociedad chilena.

En ese orden recordó que para garantizar que la nueva Carta Magna no contradiga las bases acordadas por los partidos políticos en el seno del Congreso, se creó un Comité Técnico de Admisibilidad conformado por 12 integrantes y se instaló un Panel de Expertos de 24 miembros designados por las organizaciones políticas para redactar la propuesta, que a su vez será revisada y ampliada por el Consejo Constitucional electo este 7 de mayo, controlado por las fuerzas derechistas y ultraderechistas.

Este órgano se instalará el venidero 7 de junio y dispondrá de cinco meses para acabar su tarea, que luego será sometida al voto plebiscitario el 17 de diciembre de 2023.

Así las cosas, especuló que es muy posible que el texto constitucional resultante contenga, bajo gruesas capas de maquillaje y con muchas condiciones que dificulten su ejecución práctica, algunas de las exigencias sociales manifestadas en el estallido social de 2019, especialmente para evitar un nuevo veto en las urnas, pero en ningún caso se sentarán las bases para la transformación profunda del Estado y la sociedad chilena que condujo al cambio de la Constitución de 1980.

«Todo indica que, por obra y gracia de Boric, la próxima Constitución de Chile será una Constitución pinochetista como la actual, pero un poco maquillada», concluyó.

(LaIguana.TV)