Este viernes el Ministerio Público (MP) mostró su total desacuerdo por las declaraciones ofrecidas de dos relatores de las Naciones Unidas relacionadas con el caso de los «sindicalistas» presos y sentenciados recientemente.
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, en un comunicado que publicó a través de sus redes sociales dejó claro los detalles del caso que se hizo eco en la opinión pública y en los medios de comunicación.
“El MP manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello”, inicia la nota.
El funcionario destacó que las 6 personas fueron retenidas por ser parte de una “organización subversiva conspirativa” conocida como Unidad de Resistencia Popular (URP). Se trata de Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, quienes el primero de agosto fueron condenados a 16 años de prisión “por los delitos de conspiración y asociación”.
“Este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas, asaltar un Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto”, se describe en el comunicado.
Durante los casi 6 meses que duró el proceso “ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de una organización sindical”.
El Ministerio Público ha sido claro en señalar, que “la supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de inmunidad que les exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación”.
Por su parte, el canciller de la República, Yván Gil, también publicó un comunicado para “rechazar las irresponsables afirmaciones realizadas en el día de hoy, por los Relatores Especiales sobre la promoción y protección de los DDHH, respecto al presunto uso de leyes antiterroristas en el país para condenar a dirigentes sindicales”.
A continuación el comunicado el MP:
MINISTERIO PÚBLICO
COMUNICADO
Ministerio Público manifiesta su desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso en el país de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello.
El pasado 1 de agosto los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron condenados por el Juzgado 2° de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada con Jurisdicción a Nivel Nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales.
Como fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP). Este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas, asaltar un Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto.
Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio de 2022, en las que participaría el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el alto mando militar.
Al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio de 2022, a los seis se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo.
En base a las evidencias recabadas, el Ministerio Público presentó acusación contra los implicados los días 20 y 23 de agosto de 2022.
El juicio se extendió por casi 6 meses y tuvo un total de 13 audiencias, en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación, que una vez evaluados llevaron al Juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.
Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de una organización sindical.
La supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de inmunidad que les exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación.
Es necesario ratificar, que en Venezuela se aplican los principios del derecho al debido proceso, que incluyen el derecho a la defensa y el derecho de los condenados a recurrir el fallo como efectivamente han hecho.
Caracas, 11 de agosto de 2023.
Tarek William Saab
Fiscal General de la República
(LaIguana.TV)
Venezuela rechaza las irresponsables afirmaciones realizadas en el día de hoy,por los Relatores Especiales sobre la promoción y protección de los DDHH, respecto al presunto uso de leyes antiterroristas en el país para condenar a dirigentes sindicales. pic.twitter.com/8dB6dOkKuO
— Yvan Gil (@yvangil) August 11, 2023
#COMUNICADO….El @MinpublicoVEN manifiesta su #desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU.
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 11, 2023
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