Desde el mes de octubre los medios internacionales contrarios a la política interna y exterior de Venezuela empezaron a sacar la artillería pesada contra el reclamo legítimo de Venezuela sobre el Esequibo. Empezaron anunciando de forma peyorativa que Venezuela podría empezar la construcción de una pista de aterrizaje en una zona del estado Bolívar (fronterizo con Brasil) con el aval del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

La pista de aterrizaje servirá como punto de apoyo logístico al desarrollo integral del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros que se disputan Venezuela y Guayana, aunque desde acá sostenemos que es tierra absolutamente venezolana. Esto fue posicionado mediáticamente como un abuso por parte de Venezuela, como una intromisión y, en respuesta, el gobierno guyanés informó que solicitó una explicación al embajador venezolano en Georgetown, Carlos Amador Pérez Silva, sobre el aumento de las actividades militares cerca de la frontera común.

Esta disputa se vive en lo físico-territorial, en lo mediático, y creció en términos de tensión e interés luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara competente para decidir al respecto, algo que, por supuesto, Venezuela rechaza tanto o más como la actitud del presidente de Guyana y la cartilla que sigue.

El sol de Venezuela nace en el Esequibo

Los últimos meses, Venezuela ha sido enfática advirtiendo a las cerca de diez transnacionales que operan allí que no tienen validez los acuerdos firmados entre ellas y Guyana para autorizar la explotación de hidrocarburos en la Guayana Esequiba, principalmente porque son contrarias al derecho internacional público y a la propia constitución de Venezuela.

Por cuenta de Guyana, todas las empresas estarían autorizadas para explotar recursos en aguas profundas. A cambio, cada petrolera pagaría por cada pozo entre diez y veinte millones de dólares, según declaró el propio vicepresidente guyanés. De esas trasnacionales sacamos en este nuevo episodio de Entre Líneas algunos detalles sobre las maniobras de ExxonMobil una empresa protagonista de la rencilla desde 2015 cuando encontró nuevos yacimientos de petróleo en la zona.

El juego a dos bandas de una entidad sin límites

En julio, y esto no lo difunden tantos medios de comunicación, funcionarios del gobierno estadounidense advirtieron que ya habían aconsejado en 2021 y 2022 a ExxonMobil que evitara hacer negocios con dos magnates mineros en Guayana, quienes enfrentan una investigación estadounidense por sospechas de lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando de oro, según cinco personas con conocimiento del asunto y dos informes de inteligencia vistos por la agencia internacional Reuters.

Según fuentes de la agencia ExxonMobil ignoró el consejo y llegó a un acuerdo con ellos para construir una base logística en tierra por 300 millones de dólares con un consorcio que incluía a dos empresarios guyaneses dueños de la corporación Mohamed Enterprises y con vínculos estrechos con el presidente de Guyana y algunos miembros del gabinete, según uno de los informes de inteligencia de EEUU, y tres fuentes con conocimiento de sus relaciones. En un contexto en el que gobierno guyanés controla y pretende seguir controlando arbitrariamente el acceso a las vastas reservas de petróleo recién descubiertas frente a las costas de la nación sudamericana, los empresarios se habían centrado principalmente en la extracción de oro y el cambio de moneda extranjera antes de expandirse al negocio del petróleo en los últimos años y asegurar el lucrativo acuerdo con Exxon.

Para frenar esto funcionarios estadounidenses prevén imponer sanciones a los empresarios y obligar a Exxon a que rompa su relación comercial con las personas o empresas sancionadas, pero eso no será tan sencillo pues este negocio importa: contempla la construcción de la base costera es parte de los esfuerzos de Exxon para expandir la producción de petróleo frente a las costas de Guyana por lo que ha respondido diplomáticamente y hasta que EEUU logre demostrar lo contrario: «cumplimos con todas las leyes aplicables donde operamos y llevamos a cabo nuestro negocio». Guyana es la principal apuesta de ExxonMobil para el crecimiento de la producción mundial de petróleo fuera de EEUU.

Los empresarios siguen siendo investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional por sospechas de contrabando de cocaína colombiana y oro venezolano extraído ilegalmente a EEUU y Europa.

Guyana, a pesar de ser un pequeño país de unas 800.000 personas ubicado entre Venezuela y Surinam en la costa atlántica de américa del sur, emergió como la próxima gran nación petrolera del mundo cuando ExxonMobil hizo el mayor descubrimiento en alta mar en una década para 2015. Ahora es la economía de más rápido crecimiento del mundo, según cifras del Banco Mundial. Lo que no dice la entidad financiera, es que esto se debe principalmente a contratos leoninos en favor de transnacionales.

Según el contrato de 2016 del consorcio liderado por ExxonMobil con Guyana, su gobierno actualmente toma el 12,5% de la producción de petróleo, junto con 2% de los ingresos brutos como regalías. Sobre esto – según la ONG Global Witness – el contrato de producción firmado en el 2016 está fuertemente a favor de la empresa, y privará al país de unos 55.000 millones de dólares durante la vigencia del contenido.

El actual presidente de Guyana parece haber olvidado de que llegó a la presidencia de su país prometiendo modificar los acuerdos con la transnacional y es por esto que el gobierno de Venezuela le llama «político a sueldo». A fin de cuentas, las trasnacionales no tienen dueño ni se rigen bajo las leyes que regulan a los Estados, pero los políticos – salvo contadas excepciones – por comodidad, conveniencias o por ignorancia, sí tienen precio.

(LaIguana.TV)