La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, informó este 27 de noviembre que formuló una denuncia constitucional ante el Congreso del país contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

En un mensaje, la funcionaria indicó que la denuncia es por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de varios civiles.

«No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como el abuso de poder», sentenció Benavides.

La mandataria peruana es señalada por su responsabilidad en delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves durante las protestas sociales, entre diciembre y marzo en Perú, que se desataron tras la destitución de Pedro Castillo.

El caso involucra asimismo al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y otros altos funcionarios del Ejecutivo.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 49 personas murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que otras 11 por consecuencias indirectas de las movilizaciones. Además, un policía falleció presuntamente a manos de manifestantes.

Un informe de la ONU del 19 de octubre afirma que la Policía aplicó la fuerza letal «por fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales».

«Esto equivaldría a una privación arbitraria de la vida», señala el texto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Días después, la presidenta Boluarte dijo a los medios locales que la actuación de las fuerzas represivas está bajo investigación.

(sputniknews)