En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el presunto tráfico de especies protegidas en Venezuela.

De acuerdo con Rojas, la semana pasada se emitió una alerta por el contrabando de la tortuga arrau, presentada en los estudios como la más grande de agua dulce.

Señaló que, según testimonios recabados, existen varias modalidades para el contrabando. En el caso de la tortuga arrau, una de ellas es la sustracción de la especie de manera clandestina para luego exportarla “por los caminos verdes”.

Detalló que unas de las rutas utilizadas es el pueblo de San José de Buja, al sur del estado Monagas, pues la localidad está bordeada de caños y ríos navegables que conectan a islas del Caribe, donde hay una especie de puerto libre para el comercio de especies animales exóticas, protegidas y en peligro de extinción.

Asimismo, comentó que se ha detectado la exportación del buflinchi, un pajarito que emplean para peleas. En el caso de esta ave y otras especies, la modalidad utilizada es el uso de zoocriaderos, para justificar el papeleo y comercializarlas previa colocación en sitios de internet.

Mostró como ejemplo una factura de una venta realizada por un zoocriadero, en la cual se detalla la venta de 776 animales, entre aves, felinos y mamíferos, por un monto total de 303 mil 660 dólares.

“¿Parte de esos dólares ingresan a la República o se los queda el privado aprovechando la ceguera pactada de algunos funcionarios?”, preguntó Rojas, al tiempo que recordó que algunos de esos animales están en la lista de especies en peligro de extinción y, por ende, bajo protección.

También habló sobre el caso de la guacamaya militar. Puntualizó que en enero de este año fue llevada a Tailandia la suma de 80 aves de dicha especie, según permisos expedidos por el Ministerio de Ecosocialismo.

Al respecto, indicó que la misma planilla del ministerio señala que la guacamaya militar esta en apéndice 1, lo cual significa que su población es muy baja en medio silvestre y está con amenaza de extinción.

Dicha planilla única de exportación además exige que los animales deben salir de un centro de conservación o zoocriadero a otro centro de conservación. Sin embargo, el documento dice que las aves estaban destinadas a la empresa privada tailandesa Safary Mundo Público, sitio que, según la oficina de la Comisión de Bolsa y Valores -ente oficial de la República Dominicana-, está envuelto en controversia por el trato que da a los animales.

El periodista mencionó una tercera modalidad del tráfico de especies, donde presuntamente entran en juego operadores del Sistema de Justicia.

Para ejemplificar este punto, relató que Venezuela y República Dominicana establecieron un convenio por medio del cual la nación bolivariana le entregaría un lote de 62 especies al país insular a cambio de equipos para fundar un laboratorio de reptiles.

En razón de ello el Ministerio para el Ecosocialismo otorgó los respectivos permisos. No obstante, ese lote de animales fue incautado el 18 de octubre del año 2022 en la Alcabala de Guacuy de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en la Autopista José Antonio Paéz, entre los Municipios Agua Blanca y Araure, estado Portuguesa, y fueron enviados al Zoocriadero San Antonio Abad Caracas.

Además de la incautación, los funcionarios policiales dejaron detenidos a los ocupantes del vehículo donde trasladaban los animales, identificados como: Edixon Román Arana Arana y José Manuel Carpio. 

Según un informe, estos funcionarios aseguran que actuaron por órdenes de los abogados Yamilteh Pérez, fiscal tercera del Ministerio Público en materia de defensa ambiental y fauna doméstica, y Wilmar del Valle Galíndez Meléndez, fiscal provisorio de la mencionada fiscalía.

Rojas resalta que en dicha minuta los policías dejan constancia de un detalle muy importante, que evidencia la diferencia de criterios entre estos funcionarios y las fiscales del Ministerio Público.

Específicamente, en el documento los oficiales señalan: “La redacción de las actuaciones correspondientes a dicho procedimiento fueron asumidas totalmente por la fiscal actuante, advirtiendo posteriormente que los hechos narrados en la documentación no se corresponden con lo verificado por los funcionarios policiales, por lo que no cuentan con nuestras firmas ni huellas dactilares, ya que la fiscal procedió en forma apresurada a llevarse las actas”.

El periodista subraya que los policías quieren salvar su responsabilidad porque observaron que esa movilización de animales tenía todos sus permisos en regla. El destino final era el estado La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de donde saldrían a República Dominicana.

“Es decir, estos funcionarios policiales están diciendo que la fiscal redactó el acta del procedimiento, pero que, en esa narración, los hechos no son como ellos lo vieron. Valga decir, estos funcionarios tuvieron a la vista la guía de movilización soportada en permisos otorgados por el Ministerio de Ecosocialismo, para la fiscalía eso no contó, según el dicho de estos funcionarios”, recalcó Rojas.

Además, mostró otra acta que recoge la declaración de Rusby Pilimar Tirado, directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Portuguesa, donde expresa las diligencias que realizó ante el Ministerio Público para tratar de ubicar las 62 especies incautadas y activar el protocolo de atención veterinaria, entre otros; pero no le permitieron constatar las condiciones de los animales.

Además, leyó parte de la carta enviada por República Dominicana al ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, donde reclaman por el incumplimiento del convenio.

Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.

(LaIguana.TV)

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