Honrando el compromiso asumido, la Asamblea Nacional aprobó, luego de dos discusiones, la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social contra el Bloqueo Imperialista, propuesta por el presidente de la República el pasado 1ro. de mayo, con el fin de fortalecer el ingreso que reciben los pensionados y las pensionadas, devastado por la caída del valor del ingreso familiar como consecuencia de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales.

No es un hecho menor que esta ley haya sido aprobada por unanimidad, lo cual refleja el consenso político en cuanto a su necesidad; ni tampoco que fuese de alguna manera aceptada por parte del sector empresarial –como se sabe–, usualmente reacio a suscribir acuerdos que impliquen meterse la mano en el bolsillo para favorecer el bienestar colectivo.

La ley refleja, pues, estos dos consensos: que es necesaria económica y socialmente para apoyar a los pensionados y pensionadas, y que dicha medida es consecuencia de una agresión económica inusitada, cruel y extensa, que ha herido profundamente a nuestra economía y a nuestro pueblo durante casi una década. Se trata de una ley muy simple, sencilla y clara. Crea una contribución especial para las personas jurídicas de carácter privado (no es un nuevo tributo) que realicen actividades económicas en Venezuela, radicadas o no en el país. Esa contribución fortalecerá los aportes que hace el Estado a las pensiones de la seguridad social, con el objeto de recuperar progresivamente el ingreso de los titulares de las pensiones.

Actualmente, el Estado venezolano paga 99 por ciento de lo correspondiente a los casi seis millones de pensionados y pensionadas. Se dice poco, pero esto quiere decir que si usted trabaja 30 años para una empresa, su pensión la paga el Estado y no el patrono que se benefició de su trabajo. Al igual que el salario y que las prestaciones sociales, las pensiones fueron devastadas por el bloqueo económico que en los primeros ocho años arrebató hasta 99 por ciento de los ingresos en divisas del país, produciendo pérdidas totales a la nación por la caída del PIB estimadas en 642.000 millones de dólares.

La Constitución Bolivariana –que es amplísima en derechos–, en su artículo 133, establece entre los pocos deberes el que tienen todos los ciudadanos de contribuir a resolver los problemas nacionales. No se trata, entonces, de un favor, de un acto de de caridad que se esté pidiendo al sector privado, o de un acto ilegal o arbitrario.

La contribución establecida en esta Ley de Pensiones se pagará sobre el monto de la nómina de las empresas, incluyendo salarios y bonos no salariales hasta un tope de 15 por ciento. Dependiendo del tipo de actividad económica, el monto lo fijará anualmente el presidente de la República, quien también podrá exonerar de dicho pago en función de necesidades de inversión y desarrollo del país.

Es incierto –lo que afirman falsamente economistas a sueldo de ciertos sectores políticos y empresariales– que la Ley de Pensiones genere nuevas cargas tributarias al sector productivo, es decir, que incremente la presión fiscal. Los legisladores han tenido el tino de establecer que el pago de dicha contribución sea deducible del cálculo para el pago del impuesto sobre la renta. De allí que lo que los empresarios se sacarán de un bolsillo mensualmente para contribuir con las pensiones, se lo meterán en otro bolsillo a la hora de cancelar el ISRL.

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

La semana pasada, en la primera parte de esta reflexión, recordamos que fue El Libertador –tal como lo expresara la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Parlamento– el primer hombre de Estado que, en todo el mundo, habló de la “seguridad social” como parte fundamental de la construcción de una República de ciudadanos libres e iguales.

En 1819, en su Discurso de Angostura, esa pieza extraordinaria que dio nacimiento a la Gran Colombia, Bolívar estableció la tríada para evaluar el que consideraba el mejor sistema de gobierno: aquel que produjese al mismo tiempo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política.

Thomas Piketty, un economista que a todos nos haría bien leer, ha dicho que la sociedad capitalista naturaliza la desigualdad, la convierte en ideología, en el sentido marxista de “falsa conciencia”. Así, el capitalismo convierte a la desigualdad en un hecho natural e incluso “bueno” para el sistema. Muchas veces no nos importa que alguien a nuestro lado muera de penurias, hambre o soledad. Estamos demasiado ocupados tratando de hacernos ricos, y de salvarnos cada uno de nosotros. Por ello, no nos importa que una minoría cada vez más pequeña y desvergonzada acumule la riqueza de miles de millones de ciudadanos. “Es que la vida es así”, nos decimos, mientras nos encogemos de hombros.

Bolívar, quien no vio la era dorada del capitalismo, pero que sí entendió plenamente los principios humanistas de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad), decía que sólo la ley podía igualar a los hombres, allí donde hay desigualdad física, material, de dinero o de poder. Únicamente la ley podía, en cierto modo, corregir las injusticias de la naturaleza.

Sólo un sistema político, una sociedad que se esfuerce por reducir la desigualdad, la pobreza, la exclusión, los extremos a que lleva el modelo del capital, puede ser sostenible y brindar alternativas a la humanidad.

Venezuela ha empezado a superar el bloqueo porque nuestro pueblo ha entendido que sólo cuidándonos, protegiéndonos entre todos, valorando a quienes han dado su vida para levantarnos, atendiendo a los vulnerables, rescatando ese espíritu solidario que Chávez practicó hasta su partida, podremos alcanzar una sociedad próspera y feliz.

Las leyes, que no son perfectas, pero sí perfectibles, deben apuntar a este objetivo superior: la justicia, la equidad, el equilibrio. La Ley de Pensiones es, fuera de toda duda, una ley bolivariana. No daña a nadie y nos mejora a todos. Y estoy seguro de que Bolívar la hubiese firmado y votado con las dos manos.

(William Castillo / correodelorinoco.gob.ve)

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