En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas explicó los motivos por los cuales no se han materializado las extradiciones aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra determinados prófugos de la justicia venezolana.
De acuerdo con Rojas, en el proceso de extradición intervienen dos poderes: el Ejecutivo, representado por la Cancillería –que se encarga de consignar la documentación ante los países emplazados- y el Judicial, representado por la Sala Penal del TSJ.
Comentó que los venezolanos solicitados en extradición debido a sus conexiones en los países a donde huyeron comenzaron a hacer un sinfín de trámites y solicitudes en los tribunales para impedir ser regresados a Venezuela.
Según explicó un funcionario consultado por el periodista, aunque Venezuela invocó los convenios suscritos para perseguir el crimen trasnacional, muchos de esos ciudadanos seguían el patrón que emplearon en Venezuela, es decir, el soborno a los funcionarios públicos del sistema de justicia.
Entre los prófugos de la justicia venezolana citó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz -removida por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017-, cuya orden de extradición fue acordada por la Sala Penal del TSJ el 17 de agosto del año 2018, por encontrarse incursa en siete delitos: traición a la patria, usurpación de funciones públicas, uso de documento público falso y uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación para delinquir
Estos hechos los habría cometido Ortega Díaz al solicitar a un ente que denominaron “TSJ en el exilio” una orden de aprehensión contra el presidente Nicolás Maduro. Para ese tiempo, 2017, se encontraba en Bogotá, Colombia, desde donde habló a los medios como si todavía estuviera al frente del Ministerio Público venezolano denunciado el supuesto financiamiento por parte de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del comandante Hugo Chávez en 2012.
La Sala Penal declaró procedente la solicitud de extradición ante Colombia y la sentencia fue remitida al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otra extradición que no se ha materializado es la de Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de PDVSA, desde 2004 al 2013. La justicia venezolana lo requiere para juzgarlo por múltiples hechos de corrupción, por lo que pesan sobre él cuatro solicitudes de extradición acordadas desde la Sala Penal del máximo tribunal de Venezuela. La primera de ellas dirigidas a España, donde se presumía que se encontraba inicialmente, el resto a Italia, donde reside actualmente Ramírez.
Según Rojas, la Corte de Casación Italiana dictaminó que Ramírez no podía ser enviado a Venezuela vía extradición porque recibió el estatus de refugiado. Señaló que además de Ramírez, la extradición de su esposa y cuñado tampoco se ha concretado.
Siguiendo con la lista, el periodista mencionó a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia en el año 2017. Sobre este sujeto pesan dos solicitudes de extradición, una por homicidio intencional calificado en grado de frustración, en la persona del presidente de la República y la segunda por homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión de socorro, por el arrollamiento de un niño.
Precisó que la primera solicitud de extradición relacionada con Borges dirigida a Colombia se acordó el 16 de agosto de 2018, según sentencia 249 publicada en esa fecha por la Sala Penal, por su vinculación con la denominada Operación Jericó, que tenía como objetivo sacar de Miraflores al presidente Nicolás Maduro.
La segunda orden está motivada por los hechos que ocurrieron el 18 de agosto de 2017 en el estado Miranda, cuando César Augusto Hernández, quien fungía como conductor de Borges, trasladaba al exdiputado y atropelló a un niño de 9 años que se encontraba jugando, quitándole la vida. Al percatarse de la situación, Borges procedió a emprender una veloz huida hacia su residencia.
Agregó que en noviembre de 2022 se conoció que Borges había migrado de Colombia a España.
También señalo el caso de Leopoldo López, quien estando con casa por cárcel se fugó el 30 de abril de 2019 para aparecer en el distribuidor Altamira con el entonces diputado Juan Guaidó en una fallida intentona golpista.
En virtud de ello, el 2 de mayo de 2021, se acordó revocar la medida humanitaria que gozaba López por su incumplimiento y se dictó una orden de aprehensión en su contra, pero López huyó del país.
Recordó que este sujeto fue condenado el 1° de octubre de 2015 a cumplir la pena de 13 años, 9 meses por la comisión de los delitos de determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daños, autor en el delito de instigación pública y asociación.
La Sala Penal declaró procedente solicitar a España la extradición de Leopoldo López para el fiel cumplimiento del resto de su condena en el territorio venezolano, la cual es de 8 años y 6 meses.
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(LaIguana.TV)
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