Haber capitaneado el paro-sabotaje petrolero de 2002, la guerra económica interna y el ataque a la moneda a lo largo de varios años a partir de 2013 ya le concede “méritos” suficientes a la oposición venezolana en el área de destrucción de la economía nacional. Solo con esas tres estrategias queda en evidencia el descaro de andar ahora prometiendo que en un eventual gobierno de la derecha se logrará una reconstrucción del aparato productivo.  

Pero, vistos esos hechos en retrospectiva, resulta que eran apenas el preludio de lo peor, pues fue a partir de 2015 y con creciente intensidad que se produjeron los más corrosivos y antipatrióticos atentados contra la economía nacional, siempre solicitados y aplaudidos por el sector político opositor. 

Estos hechos son la declaración de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos; la agudización de las medidas coercitivas unilaterales; el bloqueo total; el robo de empresas, activos, cuentas y reservas de oro; y los obstáculos impuestos para el endeudamiento y el pago de los compromisos pendientes de la República. Veamos en detalle. 

El decreto de Obama

En 2015, el presidente afroblanqueado Barack Obama dio el primer paso para la mayor agresión que hubiese sufrido Venezuela desde el bloqueo naval de 1902: firmó una orden ejecutiva (OE) en la que califica al país como una amenaza para la seguridad de la superpotencia. 

Evidentemente no había tal amenaza. Solo que era necesario hacer esa declaración para luego intensificar las medidas contra el país y someterlo a toda clase de coacciones. 

La gran mayoría de las fuerzas opositoras respaldaron abierta o silenciosamente el decreto de Obama. Quienes se atrevieron a discrepar, entre ellos Henri Falcón (en ese entonces gobernador de Lara) fueron execrados de la oposición. 

La orden ejecutiva dio luz verde al grueso de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) para beneplácito de los líderes opositores. Esto comenzó a ocurrir en 2015, cuando el país atravesaba uno de sus peores años en materia de guerra económica, inflación, desabastecimiento, migración inducida y ataques a la moneda. 

Intensificación de las “sanciones”

Ya las primeras MCU estaban en vigor antes del decreto de Obama, pero a partir de su firma, se incrementaron en cantidad e intensidad. Los voceros de la oposición, especialmente los del ala extrema, fueron los solicitantes de más y más “sanciones”, aunque siempre alegando que no iban dirigidas contra la población en general, sino contra el presidente Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores. 

“Inicialmente, las sanciones, que establecieron la posibilidad de congelar activos venezolanos en Estados Unidos, se dirigieron a funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. No obstante, ese régimen inicial podía ser extendido a ‘toda persona’ que el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, determinara como ‘responsable o cómplice’ de acciones que EEUU, definiese unilateralmente como ‘ilícitas’”, indica un informe del Centro Internacional de Inversión Productiva. 

“Lo trascendente en el caso de la OE 13692 es que esta se convirtió en la columna vertebral para las seis órdenes ejecutivas posteriores, así como para las 502 medidas de sanción, agresión económica, punitivas, extorsivas y de bloqueo contra la economía nacional y el pueblo venezolano”, añade el documento. 

Las mal llamadas “sanciones” (que carecen de algún sustento jurídico internacional) han hecho profundo daño al país a través del “incremento artificial del índice de riesgo país, que aumenta de forma exponencial el costo de la deuda soberana de Venezuela. Del mismo modo, impone toda clase de restricciones financieras a las operaciones de comercio internacional para la importación de alimentos, medicinas, materia prima y bienes estratégicos para empresas y servicios públicos”. 

A la yugular: arremetida contra PDVSA

Prosigamos citando el informe referido: “En 2017, ya bajo el mandato de Donald Trump, el gobierno estadounidense emitió la OE 13808, que prohíbe la compra directa o indirecta de títulos valores (deuda soberana) procedentes del Gobierno de Venezuela y deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Igualmente, intensificó el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca tanto privada como pública y afectó gravemente las operaciones de la industria petrolera nacional. Fue entonces cuando se demostró con claridad el plan para la destrucción de la economía venezolana, iniciado con el decreto Obama. La medida impidió que el país tuviese acceso a los mercados financieros de EEUU, al tiempo que marcó el inicio de una fuerte caída de la capacidad importadora de la nación”. 

Fue frontal la agresión contra PDVSA, entendida como un asalto directo a la vena yugular de la economía venezolana. Deplorables personajes como el exembajador William Brownfield lo declararon sin ningún rubor. El propósito era intensificar hasta la agonía el dolor causado a la colectividad, mediante el ataque contra la principal industria nacional. 

Hay que insistir en que todas estas acciones de los gobiernos de Estados Unidos (el primero demócrata y el segundo republicano) fueron solicitadas fervorosamente por dirigentes de la oposición venezolana como Julio Borges, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Carlos Vecchio y muchos más. Son esos los mismos personajes que ahora prometen un gobierno que reparará los daños hechos al aparato económico nacional. 

Con Trump, bloqueo y robo

Mientras seguía avanzando la estrategia de sembrar la violencia extrema en la población y ya con el conservador Donald Trump en la presidencia, Estados Unidos dio una vuelta de tuerca y se lanzó con el bloqueo total contra Venezuela.  

Yamile Andrea Montenegro, en un artículo titulado “Sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela: consecuencias regionales”, publicado en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, detalla la forma como se profundizaron las medidas unilaterales: 

“Un año después, se expide la tercera Orden Ejecutiva 13827 de marzo 19 de 2018, que reacciona ante la creación de la moneda digital por el Gobierno de Venezuela y la califica como un intento de evadir las sanciones anteriormente impuestas. Por esta razón, prohíbe la provisión, las transacciones y el financiamiento con esta moneda digital por parte de personas estadounidenses o que se encuentren en Estados Unidos”. 

“La cuarta Orden Ejecutiva 13835 llega dos meses después, el 1 de mayo de 2018, y prohíbe las transacciones o el financiamiento relacionados con la compra de cualquier tipo de deuda al Gobierno de Venezuela, así como la venta, transferencia, asignación o prenda de garantía del Gobierno de Venezuela y cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación del 50% o más”. 

“La quinta Orden Ejecutiva, número 13850 de noviembre 1 de 2018, llega medio año después y, por medio de ella, se bloquean las transacciones relacionadas con propiedades en Estados Unidos y que operen en el sector oro de la economía venezolana. También bloquea aquellas transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, con proyectos o con programas gestionados por el Gobierno venezolano”. 

“Menos de tres meses después entra en vigor la sexta Orden Ejecutiva 13857 de enero 25 de 2019, que aclara que para las órdenes anteriormente dictadas se entenderá por Gobierno de Venezuela al Estado de Venezuela y cualquier subdivisión política, agencia, Banco Central de Venezuela y PDVSA y cualquier persona que haga parte o que esté controlada directa o indirectamente por el régimen de Maduro”. 

“La séptima Orden Ejecutiva 13884 tiene fecha de agosto 5 de 2019 y ordena el bloqueo de todas las propiedades e intereses del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos o que entren a futuro en Estados Unidos y prohíbe cualquier tipo de transacción con estos”. 

De nuevo debe acotarse que todas estas medidas violatorias del derecho internacional fueron respaldadas por la oposición, especialmente por aquellos dirigentes y partidos que comenzaron a beneficiarse de los despojos al patrimonio nacional por la vía de la ficción del gobierno interino. 

A partir de 2019 se llevó a cabo la nueva fase, en la que el bloqueo significó robar a Venezuela desde grandes empresas como Citgo y Monómeros hasta el oro depositado en Inglaterra, las cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa y todo aquello que se moviera y pudiera ser “cazado” por la pandilla opositora en la que estuvieron inicialmente no solamente Voluntad Popular y Primero Justicia, sino también Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, aunque luego estos partidos se desentendieron de esa megabanda.  

Tanto los unos como los otros (pirómanos y moderados) están ahora en onda de restablecer la normalidad económica del país y formulan sus promesas como si nada hubiesen tenido que ver con el desastre sufrido por el país a lo largo de una década larga. 

[En las siguientes entregas de esta serie, se analizará qué tanta autoridad moral tienen las fuerzas opositoras para hablar de paz social, concordia, respeto a la autoridad y a los derechos humanos, mirando de nuevo en retrospectiva sus actuaciones durante los últimos años respecto a esos campos]. 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

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