Las declaraciones políticas del presidente y el fiscal general de Chile sobre la supuesta participación del Gobierno de Venezuela en la ejecución en ese país del connacional Ronald Ojeda son parte de una operación de bandera falsa, un falso positivo, y constituyen la prueba de que está en marcha una nueva campaña para presentar a Venezuela como un país violador de derechos humanos, como un Estado forajido, cuando faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales.

Esta tesis fue planteada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en una entrevista exclusiva con Miguel Ángel Pérez Pirela, que será difundida este domingo a las 7 de la noche, hora de Venezuela, a través de todas las plataformas y redes Laiguana.tv.

El filósofo y comunicador político presentó algunos fragmentos de dicha conversación en su programa Desde Donde Sea de este jueves 13 de junio.

Pérez Pirela señaló que las revelaciones de Saab prueban que están nuevamente en marcha tramas internacionales para atacar a Venezuela, con la finalidad de influir en las elecciones presidenciales. Las falsas denuncias brotan desde diversos lugares, entre ellos Chile, cuyas autoridades parecen estar empeñadas en vender a Venezuela como un país que no respeta los derechos humanos, un gobierno terrorista que supuestamente ejecutó un crimen en ese país, es decir, que funcionarios venezolanos fueron a Chile a asesinar a un compatriota. “Miren ustedes qué gravedad”, subrayó antes de presentar las intervenciones del fiscal general, en las que “se tomó el tiempo de lanzar algunas primicias y responderles al presidente chileno, a su canciller y al fiscal general de aquel país, diciendo cosas que nunca antes había dicho”.

Pérez Pirela puso en contexto el tema, indicando que hubo un asesinato de un venezolano en Chile, Ronald Ojeda, y salieron unos delincuentes venezolanos en Miami a dar detalles y a mostrar videos. “¡Qué cosa tan rara!”, expresó.

En la entrevista exclusiva, el fiscal Saab calificó de insólito que tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como su canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional de la nación austral, Ángel Valencia, se hayan dedicado con tanta intensidad a intervenir en este caso. Especialmente corrosivo ha sido Van Klaveren, quien se refirió a Saab como “la persona menos indicada como para dar lecciones de esa naturaleza”.

Señaló que, de acuerdo al clásico principio universal de cooperación entre poderes públicos de una nación, la Fiscalía chilena debió haber informado al gobierno de Boric y a su canciller sobre las gestiones que el Ministerio Público venezolano ha realizado en relación al asesinato de Ojeda.

Saab explicó que, previa autorización de su par chileno, envío a dos directores de su despacho: el director general Contra Delitos Comunes (cuyos fiscales investigan el caso por ser un homicidio); y el director de Asuntos Internacionales, que tiene que ver con la cooperación a nivel penal y judicial. “Yo le anuncié esa visita una semana antes al fiscal general de Chile y lo digo aquí como primicia, lo hice vía WhatsApp porque tengo una buena relación con él. Me escribió, me preguntó, diciéndome que se enteró por los caminos verdes, de manera informal, que miembros de mi equipo iban a Chile y quería corroborarlo conmigo para estar atento y cooperar. Yo tengo el capture de esa conversación”, detalló.

Adicionalmente, el fiscal venezolano envió una carta oficial una semana antes de la visita pidiéndole cooperación para que los enviados pudieran entrevistarse con el propio fiscal general de Chile y con el fiscal que lleva el caso Ojeda, tener acceso al expediente, revisar las actas y entrevistar a los familiares de Ojeda. “Es el tipo de trabajo de cooperación en materia penal que establecen los estatutos de la Asociación Iberoamericana de Misterios Público (AIAMP). Se suponía que él, estando informado una semana antes, iba a cooperar. Pero, ¡oh sorpresa! que para mí no lo fue tanto: ni el fiscal general de Chile ni ninguno de los otros recibió a los funcionarios venezolanos”, puntualizó Saab.

“No les contestó las llamadas. Tampoco se les dio acceso al fiscal que lleva el caso ni les permitieron tener acceso al expediente, y les prohibieron ver a la familia de Ojeda —denunció Saab—. Esto es importante que salga y se haga viral. Lo único que hicieron, como un saludo a la bandera, fue que el director de Cooperación Internacional chileno los recibió para decirles que no conocía las intimidades del caso, pero que estaban dispuestos a ofrecer la cooperación internacional. Yo pregunto ¿a qué estaban dispuestos?… A nada”.

Añadió que, en contrapartida, el Ministerio Público venezolano ha cumplido con todas las solicitudes de información hechas por Chile. “Yo he enviado tres respuestas más un alcance a preguntas que me formuló la Fiscalía chilena. Venezuela ha cooperado, la Fiscalía venezolana ha cooperado. Uno de los documentos tiene 55 páginas. A pesar de eso, salió el presidente Boric y el canciller y el ministro, y la ministra de Justicia y el director de Policía diciendo que nosotros no hemos colaborado. Por acá se lo podemos desmontar con mi respuesta”.

Prosiguió el fiscal general indicando que “en vista de que nos cerraron las puertas, yo llegué a la conclusión de que allí pasó algo muy grave. Lo hice como titular de la Fiscalía de la República, pero también como investigador, como abogado que no me gradué ayer, sino hace 32 años en el 1990, con especialización en Derecho Penal, aprobada con 17 puntos, con estudios avanzados en Derechos Humanos en la UCV, y con cualquier cantidad de seminarios, diplomados, etcétera”.

Aseguró que la reacción desproporcionada es una muestra de que algo muy oscuro está por detrás. “Se incomodaron, les molestó que fuéramos a tratar de hacer nuestro trabajo. No cumplieron con lo que establece la AIAMP para cooperación internacional. Ellos violaron lo que establece esa asociación, que es la cooperación en materia penal porque no recibieron a nuestros funcionarios, no nos permitieron conocer las resultas del expediente. Pero, en cambio, sin medios de prueba han acusado a Venezuela”.

Rememoró Saab que cuando se conoció la lamentable de la muerte de Ojeda, el fiscal que lleva el caso dijo que fue una disputa interna, entre facciones al margen de la ley. “Él lo dijo. Esa fue la línea de investigación: en un ajuste de cuenta, matan a Ojeda. Incluso él dice que por la estructura de la organización que comete el crimen, no era posible achacárselo a una banda delictiva, pero para mí que lo llamaron al botón. Le dijeron ‘mira, mejor no sigas hablando, vamos a cambiar esa línea que tú estás diciendo”.

A partir de entonces, lanzaron una versión que concuerda con la que dio un terrorista prófugo de la justicia venezolana, radicado en Miami, según la cual Ojeda fue ajusticiado por agentes del gobierno venezolano y delincuentes del Tren de Aragua. “Yo pregunto cómo entraron los funcionarios que secuestran a Ojeda y cómo obtiene un terrorista prófugo en Miami ese video que se supone en secreto, un asunto de Estado. ¿Cómo es posible que un prófugo de la justicia venezolana en Miami tuviera acceso a ese material para decir que fue el Estado venezolano, a través de un cuerpo policial, el que entró a Chile y mató a Ojeda. Uno ve en el video a personas con uniformes de la Policía de Inteligencia chilena, que es como decir el CICPC en Venezuela, todos uniformados y portando armas orgánicas pertenecientes a ese cuerpo. Ahí está la grabación, pero dicen que fue una banda delictiva disuelta en nuestro país, como es el Tren de Aragua, lo que es imposible por su estructura, por la logística que usaron, por los carros que movieron, etcétera. Además, ¿si enterraron el cadáver y lo cubrieron con cemento, cómo llegaron luego a desenterrarlo? Los chilenos han hecho todas estas acusaciones sin tener pruebas ni mostrarnos indicios de que el secuestro se organizó en Venezuela. Esa es la primera gran mentira”, dijo el funcionario.

Explicó que fue una descortesía, una acción inamistosa del Estado chileno y la Fiscalía chilena, en contra de dos directores de alto nivel del Ministerio Público de Venezuela, que fueron en base a una carta oficial y que debieron ser recibidos en los términos formales que se estilan. “Si a mí me piden cooperación, créame que yo los atiendo, atiendo a los dos directores, coloco a los fiscales que llevan el caso para que los atiendan, muestro los resultados de nuestros avances. Pero ellos no hicieron nada de eso y allí es donde y fue después de ese maltrato que yo decido lanzar esa rueda de prensa que les dio la madre, que les dolió en extremo y por la cual tienen un llantén insólito de más de una semana y siguen hablando en todo tipo de programas. Yo creo que es una labor de lavar el cerebro a la población, de mantenerla en otra onda, pues es algo impresionante que todos esos altos funcionarios estén dedicados al caso y dar respuesta a mis declaraciones”.

Saab se pregunta por qué les dolió tanto, al punto de que han hablado el presidente, el canciller, el director de la policía, la fracción parlamentaria del gobierno y muchos opinadores profesionales. “Es porque yo lancé una nueva teoría de investigación. Nosotros concluimos que la ejecución de Ojeda fue una operación de falsa bandera, un falso positivo que se ejecutó con presunta participación de funcionarios chilenos y agentes al servicio de una potencia extranjera, es decir, agentes de inteligencia de un servicio extranjero —precisó—. Cometieron ese hecho para luego culpar a Venezuela en el momento más importante del relanzamiento de las relaciones entre Venezuela y Chile y para lanzarle esa acusación sin pruebas a nuestro país en plena campaña electoral. Esta teoría es la que ahora debe investigarse”.

Pérez Pirela hizo un paréntesis en la difusión de los adelantos de la entrevista a Saab para comentar que “una bomba atómica lanzó el fiscal general de la República en contra estas acusaciones irresponsables por parte del presidente de Chile, Boric, de su canciller y del mismísimo fiscal, quienes señalaron a Venezuela con un video que sacó desde Miami un prófugo de la justicia venezolana”.

Recalcó que en otras partes de la conversación, Saab hace algunas preguntas incómodas para Chile, cuyas autoridades se están plegando a los intereses de Estados Unidos.

Una de esas preguntas es por qué la justicia chilena dejó en libertad a miembros del Tren de Aragua, luego de hacer tanta alharaca respecto a ese grupo delictivo al que han llegado a atribuirle toda la culpa de la inseguridad ciudadana en Chile. “Cuando ellos dicen que fue el Tren de Aragua, yo hago una pregunta a las autoridades chilenas desde este programa: ¿por qué entonces el sistema judicial, los tribunales de Chile acaban de liberar a tres presuntos miembros del Tren del Aragua? ¿Por qué le dieron libertad, señores? Respóndame. ¿No dicen que es la banda que tiene acabada Chile y que mató a Ojeda… entonces por qué ustedes liberaron a tres de sus miembros?”

Otra de las interrogantes del fiscal general se refiere a la forma como entraba y salía de Chile uno de los presuntos implicados, otro venezolano que había participado en tres acciones delictivas, en tres secuestros en Chile, pero nunca lo detuvieron. “Respóndanme ¿por qué no lo detuvieron ustedes en su territorio… Será que era un doble agente, que al mismo tiempo que cometía secuestros participaba con órganos de inteligencia en esto? —desafió Saab—. Yo me lo pregunto porque si un extranjero está participando en secuestros de manera contumaz, tiene que ser detenido de manera inmediata. Luego, cuando ocurre el asesinato Ojeda, dicen que esa persona, que nunca fue detenida en los tres señalamientos como secuestrador en Chile, es el presunto implicado en asesinato de Ojeda y se dedican a decir que está en Venezuela. No es cierto. No está en Venezuela. Chile nos manda el nombre de ese presunto implicado y nosotros les respondimos de inmediato con los registros de donde pudo haber vivido en otro tiempo, pero aclarándole que no vive en Venezuela actualmente”.

Otra pregunta que hace el fiscal es por qué Ojeda, que supuestamente era un refugiado, salía y entraba a Chile y venía con frecuencia a Venezuela para conspirar contra el gobierno constitucional. “Si Ronald Ojeda tenía estatus de refugiado, ¿cómo era que entraba y salía de Chile y, según un audio que se filtró, venía a conspirar para asesinar al presidente Nicolás Maduro? ¿No se supone que quien tiene un estatus refugiado no puede entrar al país del que supuestamente salió como perseguido? Se sabe que para obtener el estatus refugiado, tenía que permanecer en Chile. ¿Por qué le permitían entrar y salir y venir a Venezuela para actividades conspirativas? ¿Por qué le permitían la entrada y salida si era refugiado?”.

Según el fiscal, esta serie de preguntas han dejado muy mal paradas a las autoridades chilenas y es por eso que han salido a lanzar acusaciones sin fundamento. “Debería haber respondido, en forma amigable, el fiscal general de Chile, no el presidente ni el canciller ni otros ministros ni los parlamentarios. Yo siento que los hemos descubierto y eso es algo que les ha dolido mucho porque devela una realidad lamentable que está sucediendo en Chile, las fallas terribles de un sistema de justicia que no tiene cualidad para investigar un hecho que ocurrió allá. Porque este homicidio no ocurrió en Venezuela, ocurrió en Chile, señores, ocurrió en Chile y ustedes son los que debieron en tiempo real detener a los asesinos, entre ellos a este que entraba y salía pese a estar supuestamente implicado en tres secuestro, y a todos los demás. No lo hicieron, según mi teoría, para echarle la culpa al Estado venezolano, al pueblo venezolano, a la nación venezolana, a las autoridades venezolanas y así propagandizar e instrumentalizar una nueva campaña contra nuestro país, casualmente en época electoral”, remató el fiscal general.

Pérez Pirela invitó al público a ver la entrevista completa, que tiene una duración de más de 3 horas, para conocer en detalles las apreciaciones de Saab sobre este y muchos otros temas.

(LaIguana.TV)

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