¿Por qué atacaron el sistema de transmisión de datos CNE el domingo 28 en la noche?
En este y en próximos artículos reflexionaré sobre lo que creo ocurrió antes durante y después del evento electoral. Aclaro que mis opiniones no se basan en ninguna fuente de inteligencia, o en el testimonio de la tía de un primo de un cuñado que estuvo en la Sala de Totalización del CNE esa noche. Se fundamentan en un análisis razonado del problema, a la luz de la lógica del sistema electoral y de la operación política —que el presidente calificó, acertadamente, como “apagón electoral”— y que sin duda operó en la elección del 28 de julio.
El primer punto es que el voto en Venezuela es electrónico. La gente vota en una máquina que muestra en la pantalla un tarjetón táctil; allí el elector pulsa sobre la opción de su preferencia. La manifestación electrónica de ese voto queda digitalizada y depositada en la memoria de la máquina, que es la verdadera urna electoral. El contenido de dicha memoria será luego transmitida al CNE, tras el cierre de las mesas.
El esquema de garantías del sistema electoral establece que la primera auditoría la hace el elector. Tras producirse el voto, la máquina emite un comprobante impreso en papel. Aunque legalmente este comprobante físico no es el voto, permite a cada elector o electora hacer su propia comprobación. Estos respaldos se depositan en una caja de resguardo y al final del día se cuentan en acto público el 54,3 % de las cajas, en la denominada auditoría de verificación ciudadana.
Al cerrar la mesa de votación, la máquina imprime un acta en papel con el resultado de los votos de la mesa. Esta acta es firmada por los miembros de mesa y los testigos de los partidos políticos; inmediatamente, la máquina se conecta a la red de transmisión del CNE y envía la información al Centro Nacional de Totalización del órgano electoral. Transmitida la data, se imprime y se entrega una copia del acta de totalización a cada testigo de los partidos. Luego se sortean las cajas que serán abiertas para auditar los comprobantes físicos. Hasta aquí, cada votante pudo comprobar su voto y los partidos tienen copia de lo que la máquina registró como resultado.
El CNE recibe la data de cada mesa y en pocas horas —y para brindar tranquilidad al país— emite y publica su primer boletín, siempre con resultados irreversibles.
Este sistema se fue perfeccionando desde el año 2004. Recordemos que el voto electrónico se inauguró con motivo del referendo revocatorio al presidente Chávez. Con el tiempo, el sistema venezolano se ganó —con justicia— la calificación de ser el más transparente, eficiente y seguro del mundo.
El sistema, pues, está “blindado” contra fraudes. O, al menos, eso parecía. Pero quedó un cabo suelto: ¿qué tal si la noche del domingo no llegaba la data al CNE? ¿Si el CNE se quedaba “mudo”, sin resultados que ofrecer al país, en medio de un ambiente en el que ya se había posicionado la narrativa de que el Gobierno —en caso de perder— cometería fraude?
El apagón electoral del domingo en la noche no fue otra cosa que la intervención externa al sistema de transmisión de datos, bien para impedir que los datos llegaran al CNE, para ralentizar el cómputo, o para capturar dicha data y, eventualmente, modificarla. Para hacerlo, también era necesario dejar fuera de línea el portal del CNE, donde se publican los resultados.
Si el CNE no divulgaba los resultados y los partidos no podían chequear dicha data con las actas en su poder, era obvio que se generaría una situación de incertidumbre sobre el resultado electoral.
Intervenir la transmisión rompía el virtuosismo del sistema de votación y generaba las condiciones para gritar fraude, disparar la violencia, y claro, activar la campaña internacional en contra del proceso electoral. En el papel, un crimen perfecto.
El problema es que el apagón no lo apagó todo. La intervención del sistema de transmisión no impidió al CNE recibir el suficiente volumen de datos como dar su primer boletín y proclamar a Nicolás Maduro como ganador la medianoche del domingo, cuando denunció el ataque informático sufrido.
Entonces la narrativa del fraude, reforzada antes del 28 de julio con encuestas de dudosa reputación y exit polls el propio 28, se aceleró. La conclusión era obvia: si el CNE no entregaba los resultados tan rápido como lo suele hacer, era porque el chavismo había perdido y se preparaba un fraude.
Para que el relato funcionase, era necesario publicar “las actas” que tenía la oposición en sus manos. En 48 horas, después del domingo, el comando de MCM-EGU publicó un grupo de supuestas actas del 28J en el que se ratificaba el “triunfo abrumador” de Edmundo González Urrutia, exactamente con las cifras de las proféticas encuestas y los sondeos a boca de urna, con el mismo resultado en todas las mesas y en todos los centros de votación del país: 70 a 30.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, la oposición ha publicado sólo 9.400 de las 30 mil actas del proceso electoral. Con ese volumen de documentos o supuestas actas, sobre las cuales se están realizando increíble hallazgos de irregularidades, se entró en la fase de presión internacional: exigencia de los cómputos y legitimación de los resultados esgrimidos por la derecha extremista. El objetivo: que la virtualidad sustituyese la voluntad de los votantes.
Con Elon Musk azuzando, con las agencias y medios mintiendo y las redes viralizando “el fraude”, todo iría sobre ruedas.
Empezando por Estados Unidos, siguiendo por Europa, y terminando en países latinoamericanos, comenzó una operación de chantaje sobre Venezuela y el Poder Electoral para que emitiera los resultados desglosados, obviando la dificultades generadas por la intervención informática.
La presión internacional se elevó a niveles de alarma, tras producirse el lunes una larga serie de hechos de violencia vandálica y terrorismo callejero que fueron presentados al mundo como ”protestas espontáneas contra el fraude en Venezuela”.
Frente a esta agresión contra el derecho del pueblo venezolano a la libre autodeterminación, y en una jugada que sorprendió a todos, el presidente de la República apeló nuevamente a la Constitución. Se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y pidió a la Sala Electoral que abriese una investigación sobre lo ocurrido, que citase a todos los candidatos, partidos, y al propio CNE, y les exigiese que llevasen las actas y la documentación en su poder.
Así, el TSJ podrá cotejar esta documentación y dirimir la controversia sobre los resultados. Curiosamente, a la primera audiencia el candidato Edmundo González Urrutia se negó a asistir. Y la oposición dice que no tiene que entregar las actas físicas porque el procedimiento en el TSJ “no es legal”.
El movimiento en el Tribunal Supremo ha puesto la solución del conflicto electoral en un nivel superior: el nivel constitucional. El poder que arbitra los conflictos en la sociedad deberá ahora investigar lo ocurrido y despejar las dudas. Darle certeza y claridad al país sobre qué aconteció. Y tendrá que hacerlo con la serenidad que requieren la verdad y la democracia.
Es demasiado importante lo que ha ocurrido. No tengo pruebas, ni tampoco dudas, de que el apagón electoral era la pieza central de una amplia operación para anular el proceso comicial, torcer sus resultados y provocar un golpe de Estado. Ese plan ha fallado, y Venezuela está en paz.
Pero es verdad que el pueblo quiere y necesita saber toda la verdad. Y es vital que se le diga.
(William Castillo / Laiguana.tv)
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