Una vez más toma espacio la controversia acerca de la existencia o no de ese punto en el que la muy amplia llanura de la libertad de expresión llega a uno de sus bordes y el discurso se precipita por algún espeluznante barranco.

Los días 29 y 30 de julio, numerosas personas difundieron textos, fotos, videos, memes y demás recursos del repertorio de las redes sociales con amenazas de muerte, agresión física y hostigamiento psicológico contra los dirigentes, militantes o simpatizantes del chavismo. Buena parte de esas personas han sido ubicadas, detenidas e imputadas por el delito de incitación al odio, entre otros.

Allí surge la pregunta que titula este artículo: ¿por qué es tan difícil diferenciar entre libertad de expresión y mensajes de odio?

La respuesta puede ser que hay varios segmentos de la sociedad empeñados en no encontrar esa diferencia, por más clara que sea. Para efectos de esta revisión, dividámoslos en subgrupos: los que no creen que haya diferencia; los que todavía no habían entendido que la libertad de expresión tiene fronteras; los que no quieren que esa distinción exista; los que siempre niegan que se haya traspasado el límite; los que afirman que las legislaciones que ponen coto a la libertad de expresión son propias de gobiernos autoritarios; y los que aceptan regulaciones de entes privados, pero no de leyes nacionales.

Los que no creen que haya límite

Un sector de la sociedad opina (o dice opinar, que no es lo mismo) que todo mensaje debe ser admitido, aceptado como válido, tolerado, respetado, pues lo expresado es reflejo de lo pensado y la libertad de pensamiento es sacrosanta.

Con ese aparato argumental, este sector exige la liberación inmediata de las personas que han sido detenidas por haber difundido en redes sociales mensajes de incitación a la violencia y al odio. Como de costumbre se les caracteriza como presos políticos y se afirma que han sido secuestrados por el pecado de «pensar distinto».

En los casos que se han expuesto públicamente, los detenidos se autoinculparon. Hicieron videos selfies en los que, muy orondos, se declaran a favor de exterminar a cualquiera que sea chavista o que parezca serlo. Las proclamas fueron dirigidas contra el presidente, otros altos jerarcas, dirigentes partidistas, figuras mediáticas y cualquiera que sea sospechoso de haber votado por el rrrrégimen. 

No contentos con decirlo, unos cuantos aparecieron en acción, se grabaron asediando a vecinos y líderes comunales o destruyendo bienes públicos, obras icónicas y símbolos del proceso revolucionario.

En algunos de esos episodios, la proclama asesina se hizo realidad. Corrió sangre y no fue virtual. Así que, pese a lo breve que resultó este brote de violencia, tuvo un saldo trágico que las autoridades fijaron en 25 vidas perdidas.

[Por cierto, la prensa global se hace la “objetiva” y ejecuta malabares retóricos para atribuirle esas muertes al gobierno, como ya ha ocurrido en otros episodios de guarimbas y calenteras. Pero ese un aspecto del tema que hoy no trataremos].

Los que no habían entendido (y ahora sí… ¿En verdad?)

Una vez detenidos, muchos de los imputados confesaron sus faltas y pidieron perdón. Algunos alegaron que fueron “contratados” para emitir esos mensajes y hacer esas grabaciones de hechos violentos. Otros reconocieron que vivieron horas de locura, de histeria colectiva. En su actitud arrepentida parece reflejarse el hecho de que alcanzaron conciencia de haber actuado mal, tal vez porque la policía o los fiscales “les leyeron la cartilla”.

Puede especularse que no conocían las leyes que rigen esta materia, aunque ignorar la ley no es excusa para violarla y, además —hay que subrayarlo— usar medios masivos de comunicación para amenazar a otros no sólo está mal desde el ángulo jurídico, sino también desde el punto de vista moral.

Por otro lado, esos arrepentimientos exprés siempre resultan dudosos, en especial para las potenciales víctimas de las amenazas vertidas al ciberespacio, casi todos “picados de culebra”. ¿Serán manifestaciones honestas o esos actos de contrición son un requisito impuesto por las autoridades para reducir la pena en sus respectivos juicios?

La duda cabe, sin caer en una valoración de esas personas individualmente en el plano ético o de su salud mental. Cabe porque todos los síntomas indican que este tipo de brotes psicóticos son producto de las grandes campañas de guerra psicológica que se han desarrollado por años y años.

Los que no quieren fijar el límite

Muchas de las personas que emiten esos mensajes y terminan en prisión son tanto victimarios como víctimas. Son gente que ha visto a las grandes figuras de la oposición, empezando por los jerarcas del poder imperial, menospreciar, despreciar, difamar, injuriar, calumniar a los gobernantes, ministros, altos mandos políticos y militares e, incluso, a los ciudadanos comunes que los han respaldado.

Si se observa la edad de buena parte de esas personas, puede concluirse que desde que tienen uso de razón están recibiendo este tipo de mensajes, a diario, sin tregua alguna, reproducidos y aumentados por todos los medios de difusión posibles.

Si te han dicho, repetido y machacado que todos los problemas que te afectan, que te causan dolor son culpa de un líder y un partido político, ya eres un arma de guerra lista para disparar.

No es algo exclusivo de Venezuela ni de este tiempo. Los ejemplos de pueblos llevados hasta la guerra civil y el genocidio menudean a lo largo de la historia y en toda la anchura del planeta.

La gente común, independientemente de su grado de educación, sabe que está mal agredir a otro. Está muy mal quitarle la vida y es peor aún si esto se hace con el concurso de varios atacantes, es decir, si se puede hablar de un linchamiento. Pero si esa gente común tiene toda su vida o parte sustancial de ella sometida a condicionamiento psicológico, puede actuar irracionalmente en momentos de alta tensión.

Intencionalmente se borran los límites entre una confrontación verbal dura con un adversario político y descoserlo a puñaladas o quemarlo vivo.

Los que siempre niegan la violación del límite

Hay gente que ni siquiera quiere discutir la existencia del lindero entre libre expresión y mensajes de odio. Son los que, pese a las evidencias de los mensajes escritos o audiovisuales, aunque haya confesiones explícitas, siguen negando que se haya cometido delito alguno.

Líderes políticos, mediáticos y de redes, junto a un entramado internacional, propician la impunidad para esas acciones, siempre y cuando sean perpetradas por la derecha, contra el gobierno venezolano. En cambio, cuando ocurren en países con gobiernos de derecha, se condena la violencia y se legitima la respuesta represiva. 

Ha quedado muy claro esto porque los desórdenes en Venezuela ocurrieron de forma simultánea con hechos análogos en Reino Unido. Y el tratamiento fue opuesto.

Los que hablan de leyes autoritarias

Deliberadamente se confunde el derecho a la protesta pacífica con el discurso de odio y la incitación a la violencia. Se pretende hacer ver que la legislación venezolana sobre la materia es dictatorial y demasiado severa, cuando en casi todos los países (incluyendo los que se erigen como adalides de la democracia y los derechos humanos) hay normas draconianas al respecto.

Abundan los ejemplos de ciudadanos que han sido detenidos y condenados a severas penas en Estados Unidos y países de la Unión Europea por haber escrito mensajes o hecho videos con amenazas de magnicidio u otros hechos violentos.

Hasta niños de primaria han sido capturados por el FBI luego de escribir en Facebook en tono de amenaza sobre iniciar un tiroteo en su escuela.

Hace apenas unas semanas, el 20 de julio, la policía de Florida hizo preso a un hombre por publicar amenazas de muerte en las redes sociales contra el candidato republicano, Donald Trump, y su número dos, J.D. Vance, y sus familias.

Incluso, desde antes de que existieran esas legislaciones específicas, varias convenciones internacionales ya fijaban delimitaciones claras entre la libertad de expresión y la apología del delito.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, estipula que son punibles los actos de genocidio, la asociación para cometer genocidio, la instigación pública y directa para cometer genocidio, su tentativa y su complicidad. Y advierte que por ello deben ser castigados tanto los gobernantes y los funcionarios como los particulares.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, por su parte, establece que «toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley», igual que «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia».

Los que aceptan regulaciones privadas

Este asunto, como tantos otros, está cargado de contradicciones, paradojas y posturas de doble rasero.

Por ejemplo, muchos de los líderes partidistas, mediáticos y de redes que se manifiestan en contra de las normativas nacionales sobre delitos de incitación a la violencia y el odio son, a la vez, de los que se pasan buena parte de su tiempo intentando que las empresas propietarias de esas redes y plataformas sancionen las cuentas de sus adversarios políticos.

Es decir, la gente a la que le parece que vociferar: “¡Vamos a matarlos a todos!” en videos difundidos viralmente es un acto de libre expresión del pensamiento, es la misma gente que aplaude que X, YouTube o Instagram suspendan o cierren la cuenta de alguien con o sin razón.

El mensaje es claro: si un Estado nacional sanciona a un ciudadano por emitir mensajes tipificados como delito en su legislación, ese Estado es dictatorial; pero si el dueño de una corporación cierra o suspende la cuenta de un usuario “por violación de las normas sobre contenidos” —o por su capricho—, es algo razonable y hasta aplaudido.   

Colofón

Los abogados especialistas en la materia acotan que los delitos de incitación a la violencia y el odio se agravan dependiendo del contexto espacial y temporal.

Explican que, por ejemplo, no es lo mismo emitir un mensaje violento contra un grupo religioso en una conversación privada que hacerlo a gritos, a las puertas de su templo. Tampoco es lo mismo difundir ese tipo de contenidos en tiempos de tranquilidad, que hacerlo en medio de una alteración del orden.

Las personas detenidas por los sucesos del 29  y 30 de julio arrojaron sus incendiarias proclamas en medio de un clima enrarecido, en las casas de los dirigentes y militantes, en sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Consejo Nacional Electoral y en lugares públicos donde había símbolos del chavismo. O sea, en el contexto espacial y temporal apropiado para que esas ideas explotaran —como lo hicieron— en violencia real, destrucción y muerte. No hay confusión posible.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

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