En estricto respeto a los hechos (para no hablar de la verdad, un concepto tan profanado), ¿tiene la oposición derecho a denunciar coacción en su contra, mientras piden a potencias extranjeras que coaccionen a sus adversarios políticos e, incluso, a toda la población venezolana? Parece, como mínimo, una incoherencia.
En la primera entrega de esta serie, revisamos los diversos episodios en los que las fuerzas opositoras (siempre con apoyo extranjero) han tratado de alcanzar el poder mediante la coacción. Hoy nos enfocaremos en la coacción imperial pura.
Partamos de un punto semántico. Eso que Estados Unidos y sus sucursales europeas llaman «sanciones», en Venezuela lo hemos rebautizado como medidas coercitivas unilaterales (MCU), un nombre que incluye la palabra coerción, parecida, pero no igual a coacción.
EEUU y Europa las llaman sanciones porque se han arrogado el derecho a imponerles leyes a otros países. Son instrumentos legales de rango penal, en los que se contemplan castigos para los “delitos” tipificados. En general, esos supuestos hechos punibles tienen un factor común: desobedecer las órdenes imperiales.
Una destacada abogada me comentó hace ya un tiempo que las medidas de Estados Unidos son más de coacción que de coerción, aunque la diferencia entre ambos términos es sutil. Yendo más lejos aún, sin las cortapisas del quehacer jurídico, podemos decir que son vulgares represalias mafiosas, actos violentos de extorsión, de amenaza y chantaje.
Las MCU aplicadas hasta ahora por EEUU y países de Europa han sido coacciones durísimas contra todo el país pues golpearon la principal fuente de ingresos nacionales, el petróleo, e impidieron las importaciones de productos, insumos y repuestos en áreas básicas para la vida cotidiana de la población, incluyendo las necesarias para la supervivencia, como la salud y la alimentación. El propósito, declarado por algunos de los genocidas en serie estadounidenses que se hacen pasar por diplomáticos (Brownfield, Bolton, Abrams, Rubio, Scott, entre muchos otros), fue causar tanto sufrimiento a la colectividad nacional como fuera posible, para que esta terminara aceptando un cambio forzoso de gobierno. Más que coacción, esto fue un acto brutal y prolongado de extorsión y asedio, destinado, como lo confesó abiertamente Donald Trump, a hacer colapsar a Venezuela para robarla a placer.
¿Algo ha cambiado en materia de coacción imperial?
Las nuevas MCU anunciadas recientemente por Washington contra Venezuela pretenden ser personalizadas. Pero ¿a qué personas van dirigidas? A personas que ejercen funciones fundamentales del Estado venezolano. Funcionarios de los poderes Legislativo, Electoral, Ciudadano y Judicial, así como a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es algo «personal», en realidad, sino misiles disparados contra el sentido de soberanía y autodeterminación. Es coacción pura.
Con esas «sanciones», EEUU envía el mensaje de que quienes ejerzan esos cargos deben actuar según los dictados del poder imperial o serán «castigados» en términos individuales, perseguidos a escala global, tratados como peligrosos delincuentes.
Se presentan estas nuevas MCU como selectivas, diferenciándolas de las represalias indiscriminadas y del bloqueo, que son como bombas atómicas contra toda la población, incluyendo los adversarios internos del gobierno. Pero estas nuevas medidas son igualmente perversas, pues criminalizan el ejercicio de funciones públicas cuando no respondan a los intereses imperiales.
Es el injerencismo sin máscara, tocando directamente los poderes autónomos del Estado-nación, a través del chantaje y la extorsión a quienes ejercen cargos clave en ellos.
¿Puede hablarse de procesos electorales «libres y creíbles» si una superpotencia castiga a los funcionarios electorales y judiciales con este tipo de represalias?
El doble juego
Otro aspecto central de la coacción imperial contra Venezuela es el permanente doble juego de Estados Unidos y sus aliados. Por un lado aparecen como eminentemente diplomáticos, expresando “preocupaciones” por los acontecimientos políticos internos. Por otro lado, tienen una agenda conspirativa, subversiva, de guerra sucia. El ejemplo sumario de esto fue la expresión: “Todas las opciones están sobre la mesa” que se pronunció repetidamente durante el gobierno de Trump.
Las evidencias demuestran que mientras Washington “dialoga” o hace llamados a la salida democrática, sus agencias de inteligencia están trabajando en opciones violentas. El magnicidio frustrado de 2018; la pantomima del concierto humanitario en Cúcuta (en cuyo contexto político estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence); el blackout eléctrico de 2019; el caricaturesco intento de golpe de los Plátanos Verdes, ese mismo año; la Operación Gedeón, en 2020; el boicot al ingreso de vacunas durante la pandemia; las acciones de piratería contra barcos iraníes cargados de gasolina e insumos para las refinerías. Todo eso es apenas una parte de la lista de agravios cometidos por EEUU contra Venezuela con el único fin de forzar un cambio de gobierno. ¿No es eso coacción?
Mención aparte merece el secuestro, robo y destrucción del avión de carga de Emtrasur, delitos perpetrados en complicidad con los gobiernos argentinos de Alberto Fernández y Javier Milei. La intención de amedrentar fue evidente cuando la costosa aeronave, en perfectas condiciones de funcionamiento, fue desguazada en Miami. Coacción imperial en modo gángster.
Efecto interno
La injerencia constante de los poderes imperiales en la gestión de los poderes públicos radicaliza los criterios de selección de los funcionarios que deben ser designados por el Ejecutivo o por el Legislativo.
A sabiendas de que van a enfrentarse a tan enormes presiones políticas, la tendencia natural será a nombrar a individuos comprometidos con los principios de defensa de la autodeterminación y la soberanía. Esto, en términos pragmáticos, es sinónimo de estar alineados políticamente con la Revolución Bolivariana. ¿De qué otro modo podría hacerse si la coacción está a flor de tierra?
(Clodovaldo Hernández / Laiguana.tv)
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