Este miércoles 9 de octubre el gobierno de Gustavo Petro publicó un comunicado, titulado “En defensa de la democracia”, en el que se pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional un hecho que, según se afirma, “puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de derecho”.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló cargos contra el presidente de la República de Colombia, quien tiene fuero integral subjetivo y funcional. Al hacerlo, el CNE se arrojó una competencia inexistente en el sistema constitucional colombiano, pues vulneró el debido proceso previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, y desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, destaca el texto.
Según la administración de Petro, el CNE mezcló criterios que deben diferenciarse con claridad. “Una cosa es su competencia para investigar la campaña, y otra atribuirse de manera excesiva la función de investigar a un aforado constitucional, como lo es el presidente”, señala.
En el comunicado se señala que la decisión tomada por el órgano electoral este mismo martes “es contraria a la jurisprudencia constitucional” y “evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad” por parte de sus magistrados.
La decisión, por ende, buscaría bloquear el avance de las políticas públicas y las reformas sociales que hoy día impulsa el gobierno neogranadino.
Recordemos que este mismo martes, después de la decisión de la Sala Plena del CNE de Colombia, Petro denunció que se emprendió un golpe de Estado contra él y contra el Pacto Histórico, maniobra que ya había advertido en días anteriores.
“Ha comenzado el golpe de Estado”, alertó el mandatario neogranadino. La disposición, por cierto, insta a iniciar una investigación y presentar cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del bloque Pacto Histórico.
Además, el ente comicial precisó que esta coalición está representada “por Gustavo Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; el movimiento político Colombia Humana y el Partido político Unión Patriótica (UP)”. Estos serán sometidos a un proceso administrativo “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.
En esta línea, Petro hizo un llamado a las organizaciones populares del país a entrar en asamblea permanente e indicó que “la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.
(Laiguana.tv)
En Defensa de la Democracia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2024
Comunicado público del gobierno. pic.twitter.com/Zs8s6EWXyH
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