El Ministerio Público (MP) informó este viernes 15 de noviembre que el ciudadano Jesús Martínez, quien se encontraba privado de libertad de forma preventiva por su participación en los hechos de violencia ocurridos luego del proceso electoral del 28 de julio, estaba siendo atendido por el personal del Centro Médico Luis Razetti, en el estado Anzoátegui, desde el día 11 de octubre, debido a su padecimiento de Diábetes Tipo 2.
“Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”, indicó el MP a través de un comunicado emitido a través de sus redes sociales.
En este sentido, el organismo señaló que el Estado venezolano garantiza el debido proceso a todos los privados de libertad del país. Igualmente, el gobierno garantiza el “goce de los demás derechos constitucionales, tales como el de la salud, no solo para la persona a la que se hace referencia este comunicado, sino también para el resto de quienes aún se encuentran privados de libertad, tanto por los casos iniciados en el marco de esta coyuntura, como de cualquier otra persona que se encuentre privada de libertad”.
De esta forma, queda desmentida la versión difundida por la ultraderecha, según la cual Martínez murió por falta de atención médica.
A continuación el comunicado ofrecido por el Ministerio Público:
El Ministerio Público lamenta el fallecimiento del ciudadano Jesús Martínez, quien se encontraba preventivamente detenido desde el día 2 de agosto por su participación en los hechos violentos cometidos tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, que dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos.
Esta persona, a pesar de encontrarse preventivamente privada de libertad, estaba hospitalizada en el Centro Médico Luis Razetti en el estado Anzoátegui desde el día 11 de octubre, por padecer Diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba.
El Estado venezolano, así como todas las instituciones llamadas a perseguir y sancionar las acciones cometidas contra la paz y el orden público, incluyendo el Ministerio Público como director de la investigación penal, ha procurado la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el goce de los demás derechos constitucionales, tales como el de la salud, no solo para la persona a la que se hace referencia este comunicado, sino también para el resto de quienes aún se encuentran privados de libertad, tanto por los casos iniciados en el marco de esta coyuntura, como de cualquier otra persona que se encuentre privada de libertad en nuestro país.
Caracas, 15 de noviembre de 2024.
(Laiguana.tv)
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