La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, fue citada por el Ministerio Público para declarar el próximo 2 de enero en la investigación que se le sigue por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, del cual fue militante hasta 2022.
El anuncio fue realizado por la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, en una entrevista concedida a Latina TV este domingo. Durante la conversación, Espinoza recordó que el 5 de diciembre también se abrió una investigación contra Boluarte por presunto abandono de cargo y omisión de actos funcionales, tras no informar al Congreso sobre una cirugía a la que se sometió en 2023.
El caso del encubrimiento tomó notoriedad en marzo, cuando el programa «Punto Final» de Latina TV difundió una fotografía que mostraba el automóvil presidencial estacionado cerca de un condominio en un balneario próximo a Lima. Según se reportó, la imagen fue captada el 24 de febrero de 2024, coincidiendo con un operativo policial en la zona para localizar a Cerrón.
El viernes pasado, la Fiscalía realizó una diligencia para verificar la ruta del vehículo presidencial, con la participación del suboficial de la Policía y conductor del automóvil Félix Montalvo, que trasladó a Boluarte al condominio en cuestión.
En relación con la investigación por abandono de cargo, Espinoza aclaró que no está vinculada a la decisión de someterse a la cirugía, sino a la falta de notificación al Congreso. Según la fiscal, el caso se centra en determinar si Boluarte habría dejado de ejercer sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, período en el que podría haber estado incapacitada.
Cuando Boluarte pidió públicamente a la fiscal general garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, Espinoza consideró la declaración como una señal positiva, interpretando que la presidenta está dispuesta a colaborar en el caso. «Firmé la resolución fijando la fecha de la citación para los próximos días», indicó.
Respecto a otras investigaciones en curso, Espinoza se refirió a las denuncias constitucionales contra Boluarte por el caso conocido como «Rolexgate», que involucra un supuesto enriquecimiento ilícito, y por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales entre finales de 2022 y 2023. Ambas denuncias siguen en trámite en el Congreso.
Finalmente, la fiscal general instó al Legislativo a establecer plazos razonables para tratar estas denuncias, evitando que queden sin resolución por largos periodos.
(teleSUR)
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