En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas trajo a colación un acontecimiento que sacudió a la población de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, en el año 2020, cuando cuatro funcionarios militares mataron a un civil que estaba haciendo cola para surtir su vehículo con combustible.
Según la versión de los periodistas de sucesos que siguieron el caso, los ánimos se caldearon, ya que, supuestamente, los militares que custodiaban la bomba dejaron que varios vehículos se colearan.
“En perjuicio de quienes llevaban varios días haciendo la cola. Para controlar la protesta, los militares dispararon causando la muerte de Carlos Enrique Chaparro, de 47 años de edad, e hiriendo a Cristóbal de Jesús Ruíz”, recordó Rojas.
Por su parte, la versión oficial asevera que Chaparro se dedicaba a la venta de cupos que les garantizaba a sus clientes la posibilidad de que su vehículo estuviera surtido con gasolina.
“En virtud de ello, llegó una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a detenerlo y cuando tratan de ejecutar dicha detención, la gente protesta. Protesta que es controlada por los militares con el accionar de sus armas orgánicas”, agregó el periodista.
Fue así como aprehendieron a los funcionarios de la GNB: Luis Carlos Romero Febres, Carlos Alberto Borregales Castellanos (jefe de la comisión) y Jorge Leonardo Meneses Peroza.
De igual manera, el civil Danny José Areyan Vallenilla estuvo bajo arresto domiciliario; sin embargo, fue absuelto de los cargos a medida que avanzaba el juicio.
“Al no tomar las previsiones al caso, el funcionario, Carlos Alberto Borregales manda Luis Carlos Romero Febres, Víctor Danilo Meza Escorcha, Jorge Leonardo Meneses Peroza y Danny José Areyan Vallenilla, que procedan a utilizar sus armas de fuego y disparar directamente contra la población civil”, dicta la versión oficial.
¿Cómo los castigaron?
En cuanto a las consecuencias del caso, Eligio Rojas aseveró que el Ministerio Público, encabezado por la fiscal Isbert Carrasquel Moy, solicitó el enjuiciamiento de los cuatro militares y el civil implicado en esta medida.
La fiscalía determinó que Romeros Febres fue quien provocó la muerte de Chaparro y al abrirse el juicio se le imputaron delitos de: homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en grado de autor, omisión al socorro, agavillamiento y uso indebido de armas orgánicas en perjuicio de la baja civil.
Los otros militares fueron procesados en calidad de cómplices. A medida que continuaba el juicio se determinó que los cuatros funcionarios del GNB, cumplirían una condena de 15 años, dos meses y cuatro días de prisión por asesinato.
“De esta manera, el sistema de justicia castiga los excesos cometidos por funcionarios policiales o militares que actúan en el control del orden público”, concluyó el comunicador.
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(Laiguana.tv)
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