El Parlamento salvadoreño aprobó este miércoles 29 de enero una reforma a la Ley Bitcoin, la cual deja sin efecto su uso como moneda oficial. De esta forma, dicho instrumento financiero queda a discreción de los usuarios.
Esta reforma, por cierto, ocurre luego de casi dos años de presión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho organismo, cabe destacar, había puesto como condición “mitigar los riesgos del bitcoin” a cambio de aprobar un crédito de 1.400 millones de dólares que el presidente Nayib Bukele «necesitaba con urgencia».
El Gobierno salvadoreño, en este sentido, tenía como límite el último día del mes de enero para reformar el referido instrumento legal, para poder acceder al dinero en cuestión.
La decisión incluyó varias reformas a la ley del bitcoin. «La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcoin (…) con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente en cualquier transacción y a cualquier título que requieran realizar», establece uno de los artículos modificados.
Otro de los cambios establece que «únicamente las personas naturales o jurídicas con total participación privada podrán aceptar bitcoin como forma de pago cuando así les sea ofrecido», con lo cual se limita el uso de la criptomoneda por el sector público.
Ambas decisiones están comprendidas en un acuerdo suscrito el 18 de diciembre pasado con el FMI sobre un nuevo programa, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, siglas en inglés) por unos 1.400 millones de dólares para respaldar la agenda de reformas del Gobierno.
En esa fecha, un equipo técnico del FMI informó en un comunicado de prensa que se están mitigando los riesgos relacionados con el bitcoin en El Salvador, que en septiembre de 2021 se convirtió en el primer país en darle curso legal a esa criptomoneda.
«La aceptación del bitcoin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con el bitcoin será delimitada», precisó el FMI entonces.
Otra modificación importante elimina la posibilidad del uso del bitcoin para el pago de compromisos y deudas del Estado.
«Art. 12. Las obligaciones monetarias del Estado, domésticas y externas, deberán ser pagadas en las monedas que fueron contraídas», establece la nueva normativa.
Según el Gobierno, las reformas tienen el objetivo de asegurar la mejor aplicabilidad de la ley de cara a las necesidades de la población y garantizar su eficacia y la permanencia del bitcóin como moneda de curso legal. La normativa establece que las modificaciones tendrán vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.
(Sputnik / Laiguana.tv)
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