Este domingo 16 de marzo, unos 238 migrantes de nacionalidad venezolana señalados de ser supuestos miembros de la extinta banda Tren de Aragua fueron llevados a El Salvador, para posteriormente ser trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como el Centro de Reclusión para Terroristas (Cecot).
A través de las redes sociales circulan imágenes del arribo de estas personas que fueron deportadas desde Estados Unidos. En las mismas se muestra cuando los detenidos son bajados de los autobuses y llevados a las instalaciones encadenados de manos y pies.
Seguidamente, funcionarios del recinto trasladan al grupo de manera brusca, inclinados, sin poder levantar la cabeza, a las celdas.
Este domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó sobre la llegada de estos migrantes, tras un acuerdo con EE.UU. por un período de un año (renovable).
El gobernante destacó que el convenio incluye una cuota cancelada por Washington, que favorecerá a financiar su sistema penitenciario, al presente con un monto anual de 200 millones de dólares. «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros», expresó en X.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó a través de un comunicado oficial, las intenciones de asociar a venezolanos migrantes con el crimen organizado y consideró la medida ilegal y como una «persecución ilegítima» promovida por las sanciones aplicadas desde el país norteamericano, en una clara violación a sus derechos humanos.
«No son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas», reza la misiva.
El Ejecutivo venezolano aseguró que la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos de aplicar una normativa del año 1798, denominada Ley del Enemigo Extranjero, busca criminalizar a los migrantes.
La administración de Trump llevó a cabo el traslado de los connacionales a El Salvador pese a que un juez federal de Estados Unidos ordenó suspender de inmediato las deportaciones de migrantes basadas en la polémica ley, que varias organizaciones humanitarias consideran un abuso de poder.
(Laiguana.tv)
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