Según activistas de los derechos humanos y abogados expertos en materia de migración, los venezolanos que fueron secuestrados por Estados Unidos y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, se encuentran desprotegidos y en un limbo jurídico.
Así lo expresaron a la cadena estadounidense CNN, donde dejaron claro que sobre este tema hay más interrogantes que respuestas.
“La Constitución salvadoreña no ha previsto esta situación, pero además no hay ninguna ley que autorice al sistema carcelario a recibir detenidos, procesados o condenados de otras nacionalidades, lo que deja a los deportados en un limbo, porque no se sabe bajo jurisdicción de qué Estado están, si de EEUU, que fue el país que los detuvo; o del Estado salvadoreño, porque físicamente están en su territorio”, explicó a este medio el abogado constitucionalista Enrique Anaya.
Precisa la nota que un funcionario del Servicio de Inmigración gringo atestiguó ante un tribunal federal que se hizo una “evaluación cuidadosa de las afiliaciones a pandillas de los 261 deportados y que brindaron amplias descripciones de los delitos por los que fueron arrestados”.
Estas declaraciones, contrastan con lo señalado por familiares de varios de los detenidos, quienes aseguran que estos no están vinculados a ninguna banda delictiva.
Mientras tanto el presidente Donald Trump aseguró que los migrantes “pasaron por un proceso de selección muy riguroso”.
Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró a CNN que el gobierno gringo no ha presentado una sola prueba de que estas personas estén vinculadas al Tren de Aragua.
“Ahí hay una violación básica de las obligaciones internacionales de EEUU”, aseguró.
Asimismo, Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, recalcó que al ser llevadas al Cecot (Centro de Confinamiento de Terrorismo), ubicado en El Salvador, estos venezolanos “quedan desconectados del resto del mundo, sin comunicación con sus familiares, sus abogados, ni ningún recurso legal para intentar garantizar la defensa de sus derechos”.
Esto genera que estas personas se encuentren en una situación “que no es posible verificar por autoridades independientes, ni de Estados Unidos, ni de El Salvador”, tal y como afirmó David Morales, jefe jurídico de la organización de derechos humanos Cristosal.
Según CNN, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que los venezolanos que fueron deportados a ese país centroamericano permanecerán ahí durante un año, periodo que podría extenderse.
Sobre esto, Anaya se preguntó: “¿Quién va a decidir sobre la libertad de estas personas? Porque los jueces salvadoreños no tienen los expedientes para examinar si tienen antecedentes o si hay evidencia para que continúen detenidos. Este vacío es un problema”.
Carolina Jiménez, presidenta de la organización de derechos humanos Oficina de Washington para América Latina (WOLA), señala que “una de las primeras preguntas que hay que hacerle al Gobierno de El Salvador es bajo qué delitos van a mantener privados de la libertad a un grupo de personas no nacionales que no han cometido ningún crimen en ese país”.
“Hasta el momento se desconocen los antecedentes penales de los detenidos o las causas que estuvieran abiertas en EEUU, pero incluso aquellas personas que tienen pasados criminales tienen derecho a un debido proceso”, recalcó.
Por su parte, David Morales, de la organización Cristosal, refiere que esta situación con los connacionales “viola sistemáticamente los derechos humanos con prácticas de tortura, tratos inhumanos, confinamientos e incomunicación absoluta de las personas detenidas, de tal manera están prácticamente sustraídas de la protección de la ley”.
El abogado constitucionalista, Jaime Ramírez Ortega, afirmó que los detenidos no cuentan con “ningún estatus jurídico que proteja sus derechos fundamentales”.
“Lo más seguro es que estos venezolanos tampoco van a tener acceso a poder ver a sus familiares y es aquí donde se activan los protocolos internacionales”, puntualizó, al tiempo que observó que la situación “violenta indudablemente tratados internacionales con respecto al tema de los derechos humanos de las personas y su acceso a una legítima defensa y a un debido proceso”.
(Laiguana.tv)
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