En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas indicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impuso una multa de 12 mil euros al juez Antonio María García Araujo por desacatar una orden judicial que buscaba esclarecer los detalles de un delito asociado a abuso sexual.
El presunto violador, identificado como Francisco Ignacio Domínguez Díaz, requirió de un apoyo externo al juzgado de Carabobo para sustentar su defensa; sin embargo, García Araujo se abstuvo de brindar dicha información que podía ser determinante para su expediente penal y jurídico.
“La información requerida por el TSJ al juzgado de Carabobo está relacionada con el proceso penal abierto a Francisco Ignacio Domínguez Díaz, por la presunta comisión del delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. En ese proceso, el Ministerio Público no consiguió suficientes elementos para solicitar un juicio contra el imputado, pero tampoco para sobreseerlo. Le quedaba el camino del archivo fiscal y así lo planteó ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en materia de delitos de violencia contra la mujer del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo”, detalló el periodista.
El acusado no estuvo conforme con el archivo fiscal del citado tribunal, por ello, interpuso una acción de amparo ante la Sala constitucional del TSJ, donde denunció la denegación de justicia.
“Para verificar esa denuncia, la Sala Constitucional emitió una decisión mediante la cual solicitó información al Tribunal de Violencia de Género, a cargo del Juez Antonio María García Araujo. A los siete días de haberse tomado esa decisión, el propio secretario de la Sala Constitucional, Carlos Arturo García Useche, telefoneó al juez García Araujo para notificarle los requerimientos de esa instancia. El 8 de agosto de ese mismo año (2020) desde la Sala Constitucional le enviaron una copia certificada de la sentencia, mediante la cual le solicitan la información sobre el proceso penal seguido a Domínguez Díaz”, informó Rojas.
En 2022 la Sala Constitucional corroboró que el citado juez desacató las ordenanzas y no remitió la información solicitada para dar continuidad al caso de Domínguez Díaz.
“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa a Antonio María García Araujo, juez del Tribunal Segundo de primera instancia en funciones de control, audiencia y medidas en materia de delitos de violencia contra la mujer del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, por desacatar una orden impartida desde esa máxima instancia judicial (…) Y es por eso que el pasado 4 de febrero, la Sala Constitucional le impuso (al juez) la multa correspondiente a 200 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), aproximadamente una equivalencia de 12 mil 400 euros”, sostuvo Rojas.
Otras irregularidades y omisiones en el sistema de justicia nacional
La sanción contra García-Araujo es una de las tantas secuelas de obstrucción a la justicia por parte de los especialistas legales. De hecho, otra se remonta al pasado 17 de marzo, con la suspensión del fiscal superior de Guárico, Dixon Daniel Zerpa Pérez, siendo el abogado Gustavo Pinto su principal sustituto mientras las investigaciones estaban en curso.
“La remoción de Zerpa Pérez se produce seis días después de la detención en San Juan de Los Morros del fiscal 16 Asdrúbal Javier Hernández Febres, quien fue imputado por la presunta comisión de los delitos de retraso u omisión intencional de funciones agravado, omisión dolosa de recursos legales, simulación de hecho punible y agavillamiento, según se lee en el expediente”, comentó Rojas.
A este caso se le suma la aprehensión de cinco militares adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), cuyos hechos también tuvieron lugar en Guárico. Presuntamente, estos militares están vinculados al montaje de falsos expedientes con el propósito de extorsionar a acusados en investigaciones inexistentes.
“Hoy añadimos que estos funcionarios fueron presentados ante el Tribunal Quinto de Control de Guárico, extensión San Juan de los Morros, donde los fiscales Mainel Ocando y Elio Benavides les imputaron la presunta comisión de los delitos de trato cruel, privación ilegítima de libertad por funcionarios públicos con abuso de autoridad, simulación de hecho punible, agavillamiento y trato inhumano, según las fuentes judiciales”, agrega el conductor de Tubazos.
Asimismo, el comunicador agregó que todas esas deliberaciones y decisiones jurídicas se desarrollaron a la par de un despliegue de policías y militares en Guárico, que están siguiendo la pista de las células aun latentes del Tren del Llano, cuyos miembros cobran vacunas de a pequeños y medianos productores de la entidad por una tarifa que puede llegar a rondar los 10.000 dólares.
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(Laiguana.tv)
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