El 14 de marzo de 2025 marcará un antes y un después en la relación de EEUU con el resto del continente americano. Ese día, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que resucita la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, permitiendo la detención y deportación de extranjeros sin juicio en casos de guerra o amenaza de invasión.
Esta decisión, tomada en un contexto sin conflicto bélico declarado, ha puesto en jaque los derechos humanos y la estabilidad regional. Expertos en materia internacional aseguran que es una amenaza directa para la región, de acuerdo a un trabajo especial publicado por el medio Últimas Noticias.
Venezolanos víctimas
Con la activación de este instrumento jurídico, 238 migrantes venezolanos fueron sus primeras víctimas, al ser deportados -sin previo juicio- desde Texas a El Salvador en tres vuelos, acusados sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal ya extinta en el país, para ser encerrados en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), considerado un «campo de concentración» al estilo de los utilizados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos.
Esta acción contravino la solicitud del juez de Estados Unidos James Boasberg, quien ordenó al Gobierno de su país que devolviera las naves que transportaban a personas expulsadas en virtud de la orden ejecutiva firmada horas antes, sin embargo, la orden no fue ejecutada y en la actualidad siguen secuestradas en ese país.
¿Qué dice la Ley de 1798?
Promulgada durante las guerras independentistas, esta ley autoriza al presidente Trump a actuar contra extranjeros en tiempos de guerra o peligro inminente.
Dicha ley fue aprobada cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y el Partido Federalista temía que los extranjeros que vivían en su país simpatizaran con los franceses.
Hasta este año, la normativa solo había sido aplicada en tres ocasiones, todas relacionadas con conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
Especialistas consultados por el medio, como el politólogo Martín Pulgar, subrayan que no hay guerra ni invasión que justifique su uso actual, lo que cuestiona su legitimidad en este caso.
“Para que se aplique debe haber una declaración de guerra o una amenaza real de invasión y no es el caso de Venezuela que no le ha declarado una guerra a Estados Unidos”, aseveró Pulgar.
Amenaza continental
Analistas advierten que esta política no solo ataca a Venezuela, sino que amenaza a toda la región. La estigmatización de migrantes, el riesgo de detenciones masivas y la violación de derechos humanos podrían tensar relaciones internacionales, alimentar la xenofobia y golpear economías locales dependientes de inversión y turismo.
¿Y ahora qué?
De acuerdo con los expertos, El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, se han prestado para esta atrocidad para evitar que salvadoreños que se encuentran de manera ilegal en EEUU sean deportados al país centroamericano y evitar así una crisis económica en su país. Además, de que esta nación recibe beneficios económicos directos por cada migrante venezolano que arriba a estas tierras.
“El retorno masivo de las deportaciones genera un impacto social y económico y esto es lo que no quiere el presidente Bukele”, señaló Pulgar como el motivo por el cual el mandatario salvadoreño se alinea a la política estadounidense.
La reactivación por parte de Trump de una ley de hace más de dos siglos ha desatado un debate global. Mientras Trump defiende su decisión como una medida de seguridad, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos alertan sobre un retroceso democrático y un futuro incierto para los migrantes en América.
(Laiguana.tv)
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