El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) interpuso este viernes 4 de abril una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, para declarar inconstitucional la recepción y reclusión de 245 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La acción legal denuncia que el traslado de estos connacionales a una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano, tras un acuerdo económico con Washington, infringe la Constitución salvadoreña y tratados internacionales de derechos humanos.
Además, indicaron que el Gobierno de Nayib Bukele viola al menos siete artículos de la Constitución de la República. Estos serían: el 144, 145 y 146, relacionados con la ratificación de tratados internacionales, con la violación al derecho a la libertad personal contemplado en el artículo 2, con el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 3, con la violación al principio de legalidad y al debido proceso contemplado en el artículo 12, y con la violación al artículo 14 que indica que “corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas”.
El 15 de marzo El Salvador acogió a los venezolanos deportados de manera ilegal, amparado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de Estados Unidos. Por esto recibió a cambio 6 millones de dólares por un año. Sin embargo, el BRP sostiene que el gobierno carece de autoridad legal para confinar a extranjeros en el Cecot —originalmente concebido para pandilleros— sin un proceso judicial que justifique su detención.
La portavoz del BRP, Marisela Ramírez, dijo que uno de los “vicios de forma» que encontraron en el procedimiento de recepción y traslado de los venezolanos al Cecot, es que “solo se supo que hubo una reunión entre Marco Rubio y el presidente Bukele, en donde dijeron que podían llegar a un acuerdo, pero no se estableció un acuerdo legal y tampoco se ratificó a través de la Asamblea Legislativa”.
El Bloque argumenta que los venezolanos, señalados sin evidencia pública contundente como miembros del extinto Tren de Aragua, enfrentan condiciones inhumanas y discriminación por su condición migratoria, lo que contraviene principios del debido proceso y dignidad humana.
“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”, manifestaron.
La acción se suma a los habeas corpus presentados el 24 de marzo por abogados venezolanos, exigiendo la liberación de los detenidos.
Los demandantes señalaron que, en caso de que la demanda de inconstitucionalidad sea aceptada, este grupo de venezolanos pueda ser devuelto a su país de origen. Asimismo, indicaron que han mantenido contacto con altas autoridades del gobierno venezolano para abordar la situación.
(Laiguana.tv)
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— LaIguanaTV (@la_iguanatv) April 5, 2025
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