En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas presentó el expediente de los cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fueron imputados por abusar de su autoridad tras torturar a un ciudadano que habían recluido.
Rojas aclaró que este acontecimiento se compagina con el arresto del fiscal Asdrúbal Hernández y la remoción del fiscal superior de Guárico, Dixon Daniel Zerpa Pérez, dado a que hacían uso de su cargo para extorsionar a civiles con el montaje de falsos informes.
“Aun cuando parecieran decisiones independientes, los tres hechos guardan relación con el montaje de expedientes a personas para luego exigirles altas sumas en dólares y borrar la respectiva investigación. Esa fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab cuando en sus redes abundó sobre la detención del fiscal Asdrúbal Hernández”, refirió el periodista.
Según Saab, el accionar de Hernández evidenció irregularidades en la sustanciación de una causa simulando un hecho punible.
“En otras palabras, aquí se describe el montaje de un expediente y cuando el fiscal habla de los ‘funcionarios actuantes’ se refiere a los cinco agentes de la Guardia Nacional Bolivariana capturados e imputados por simulación de hecho punible, entre otros delitos”, acotó Rojas.
Por otra parte, la intervención de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sacó más detalles a relucir sobre el modus operandi de estos funcionarios de la GNB.
“Ese expediente contiene la causa abierta contra cinco funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, identificados como Eduard Manuel Trejo Rodríguez, Carlos Manuel Alagares Arvelo, Jhosner José Fermín Bernard, Cheremos Rebolledos, Jefersson Euclides y Wilfred José Meza Ocanto, todos con la jerarquía de sargentos en distintas gradaciones. En ese expediente también se incluye a una civil, se trata de la profesional de la medicina Yoherlin Aurisnavi Infante Quintana, señalada de falsificar informes médicos”, agregó el conductor de Tubazos.
¿Cuál es el prontuario de los acusados?
Eligio Rojas señaló que el historial delictivo de estos militares, en complicidad con la especialista en medicina, se remonta febrero del 2024 con la detención de Gabriel Antonio Ramírez Ferrer, una de las víctimas de esta red de corruptela al fungir como técnico medio en Contabilidad, mototaxista y delivery.
Dicho mototaxista recibió un mensaje de un supuesto cliente que requería de sus servicios de transporte.
“Él acude al llamado de ese potencial cliente a quien recoge en las inmediaciones del terminal de pasajeros de San Juan de los Morros. Ruedan unos minutos y el pasajero sacó un arma de fuego, le apuntó en la cabeza y lo obliga a ingresar a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) ubicado en la Avenida Fuerzas Armadas, urbanización Evaristo Linares Vegas, al norte de la capital guariqueña”, relató el comunicador.
Tras arribar al Conas, la víctima fue recibida por Cheremos Rebolledos, Jefersson Euclides, Eduard Manuel Trejo Rodríguez, Carlos Manuel Alagares Arvelo, Wilfred José Meza Ocanto y Jhosner José Fermín, quienes sin algún justificativo legal o penal proceden a inmovilizarlo.
“Lo colocan sobre un colchón que se encontraba sobre el piso, enrollan papel alrededor de sus muñecas y colocan sus manos atrás, mientras la cabeza sobresalía del referido colchón”, relató Rojas.
Posteriormente, Cheremos Rebolledos y Jefersson Euclides se sentaron sobre la víctima, le dieron golpes en las costillas y rosto, que provocó la fractura uno de sus molares superiores, e hicieron uso de una bolsa negra para asfixiarlo.
“Asimismo, le da una patada en el pecho, generando adormecimiento en la mitad de su rostro. De igual manera, le exige la cantidad de cinco mil dólares americanos, para no vincularlo con algún expediente o bandas delictivas. En virtud de que el ciudadano Gabriel les manifestó no contar con el dinero, lo amenazaron con relacionarlo a una poderosa banda delictiva denominada ‘Tren del Llano’, lo cual generó temor a la víctima. Aquí ya se va configurando los delitos de trato cruel y preparan el terreno para montarle un expediente al detenido, amenazándole con vincularlo al Tren del Llano”, relató.
Desde luego, que los agentes corruptos manipular los objetos personales, como fue el caso del teléfono celular para sumar a otra víctima y fabricar pruebas en su contra tras la alteración de sus datos, mientras que la doctora fabricó informes falsos para ocultar esta irregularidad.
“Nos encontramos ante unos hechos grotescos por cuanto fueron cometidos por funcionarios adscritos a un órgano de seguridad del Estado, quienes están llamados a preservar el orden social y proteger a la ciudadanía, y por el contrario actuaron con total desprecio a la protección de los derechos humanos que están llamados a preservar por mandato constitucional”, dictó Rojas al citar la sentencia del Ministerio Público.
Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.
(Laiguana.tv)
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