El juez federal en San Francisco, Edward M. Chen, rechazó nuevamente los intentos de la administración de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que brinda protección a más de 350 mil venezolanos en Estados Unidos.
Esta decisión, que ya se había anunciado el lunes 31 de marzo, fue ratificada el pasado viernes 4 de abril e impide la deportación de este grupo de venezolanos, muchos de ellos residenciados en Florida y otros estados.
El juez argumentó que la revocación del TPS, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría causar “daños irreparables” a los beneficiarios.
De acuerdo con medios internacionales, el pasado martes, los abogados del gobierno de Trump solicitaron a Chen que levantara su decisión de suspensión hasta el viernes, para que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco pueda considerar la orden que revoca la extensión del TPS emitida por la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en febrero.
Chen destacó que el gobierno no presentó pruebas suficientes de un daño a la seguridad nacional que justificara la medida, mientras que los demandantes demostraron el impacto devastador que tendría en sus vidas.
“Por el contrario, la afirmación del gobierno de que el interés público juega a su favor no es convincente, porque el gobierno carece de pruebas de que se haya producido un daño a la seguridad nacional”, añadió Chen.
El fallo también critica las motivaciones detrás de la solicitud de revocación, sugiriendo que se basó en “generalizaciones y estereotipos” negativos sobre los venezolanos, con indicios de una posible intención discriminatoria.
“Es evidente que la secretaria hizo generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS”, declaró el juez en una orden de 78 páginas. “Actuar con base a un estereotipo negativo de grupo y generalizarlo a todo el grupo es el clásico ejemplo de racismo”, puntualizó.
Además, el juez Chen destacó el aporte positivo de la comunidad de venezolanos dentro de esta nación, señalando su alta educación, participación laboral y contribución económica a EEUU.
La administración Trump, por su parte, alegó que la suspensión del juez afecta al poder ejecutivo y al interés público, vinculando a algunos beneficiarios del TPS con la pandilla Tren de Aragua, aunque sin una evidencia concreta.
(Laiguana.tv)
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