El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso el domingo 20 de abril al Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, un acuerdo para enviar a los 252 migrantes venezolanos que tiene secuestrados en una cárcel de máxima seguridad en su país, los cuales fueron llevados allí en el marco de la política antinmigrantes del mandatario de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.
A través de su cuenta en la red social X, Bukele sostuvo que el acuerdo incluiría que Venezuela libere a políticos presos, quienes han sido juzgados por la justicia venezolana, con el debido proceso y en apego a las leyes nacionales, por su implicación en actos terroristas, de magnicidio y desestabilización contra el país.
La lista mencionada por el mandatario salvadoreño incluye, entre otros, a Rafael Tudares (yerno de Edmundo González), a Roland Carreño, Rocío San Miguel, y los dirigentes de extrema derecha que están escondidos en la embajada argentina en Caracas.
Esta propuesta de Bukele, que a todas luces constituye en una medida de chantaje, lejos de reconocer que tiene secuestrados a venezolanos que no cometieron ningún delito ese país de Centroamérica y están incomunicados y sin derecho a una defensa, se pone de lado de quienes realmente han buscado socavar la paz del pueblo de Venezuela.
Esos migrantes secuestrados por Bukele en contubernio con Trump han sido defendidos por el Gobierno Bolivariano, países hermanos y organizaciones de los derechos humanos, pues se trata de personas que han sido humilladas y trasladadas a esa cárcel para terroristas por el simple hecho de poseer tatuajes y ser venezolanos.
Incluso el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, en su última evaluación, contradijo la justificación de la administración de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos y encarcelarlos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), vinculándolos injustamente con el extinto Tren de Aragua.
Las agencias que conforman la inteligencia estadounidense determinaron, además, que no existe ninguna coordinación entre este grupo delictivo calificado por Washington como terrorista con el gobierno del presidente Maduro ni con altos funcionarios del Estado bolivariano.
(Laiguana.tv)
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