Para el pasado lunes 22 de diciembre se pautó que la Asamblea Nacional (AN) haría el proceso de renovación de los Poderes Públicos, a través de votaciones, para escoger los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Poder Ciudadano.

Para estas designaciones, los diputados hicieron mesas de trabajo en las que participaron tanto los adeptos al Gobierno como los de la bancada opositora; estos últimos “se echaron para atrás al final”, así lo declaró el diputado a la AN por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), José Ávila, quien rechazó que los parlamentarios opositores, una vez más, se empeñen en irrespetar la Constitución de la República al problematizar las votaciones.

En este sentido, Ávila afirmó: «Estos diputados pasaron dos años pidiendo renovación de los poderes públicos y sólo tenían que levantar la mano y ejercer su voto, pero decidieron echarse para atrás de una forma irresponsable, y siendo minoría quisieron imponer su criterio para obstaculizar la designación».

Asimismo, repudió las acciones ilógicas de los diputados que, después de haber trabajado en todo el proceso de postulación y selección de los candidatos, incluso haber propuesto nombre de la lista, declinaron su palabra y armaron el plan de sabotaje.

«No tienen palabra, ya que después de participar en las comisiones, en las sesiones de trabajo y firmar el informe final, decidieron negarse a votar cuando llegó el momento de la plenaria», resaltó el parlamentario.

Ante la negativa apremiante de los diputados de oposición de escoger a los nuevos representantes, Diosdado Cabello en su rol de presidente de la AN, interpuso una solicitud ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que pide una interpretación del artículo 129 de la Constitución.

Dicho artículo reza:

“El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente. Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley”.

A través de dicha solicitud, se ratificó el Poder Ciudadano con la mayoría simple de la AN, Luisa Ortega Díaz conservó su lugar como Fiscal General de la República, y se eligió a Manuel Galindo como Contralor y a Tarek William Saab como Defensor del Pueblo.

(LaIguana.TV)