Con «la temporada alta» en su apogeo término que define el periodo de mayor afluencia de pasajeros en las terminales aéreas y terrestres del país, se manifiestan numerosos casos de corrupción el cual afecta a centenares ciudadanos de venezolanos y de otras latitudes que continúan apostando en conocer nuestras inmensas bellezas naturales. Lo que a continuación narraremos fue protagonizado por algunos usuarios de las línea aéreas que mantienen operaciones en la terminal nacional del aeropuerto internacional «Simón Bolivar» ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

En una estancia de más de 12 horas en la referida terminal nacional de dicho aeropuerto; observamos numerosos pasajeros intentar afanosamente un cupo que les permitiera viajar en alguna línea aérea, como: «Aeropostal», «Acerca» o «Láser». Su desgracia se traducía en que no contaban con una reservación previa y mucho menos con un ticket de avión, el cual les garantizara su objetivo de iniciar sus vacaciones, cumplir con algún compromiso familiar o de negocios. Mientras las esperanzas se desvanecían ante la imposiblidad de encontrar cupos, las garras de la corrupción se manifestaban con la presencia de personas que ofrecian un destino -a media voz- como si se tratara de una terminal: terrestre, «Cumaná», «Margarita», «Puerto Ordaz».

«Cupo aéreo» por «el módico precio» de Bs. 25 Mil

Pero lo cierto de todo este drama que padecen a diario centenares de pasajeros venezolanos y extranjeros; es la presencia de «los gestores» o «revendedores» de boletos aéreos  que acechaban a cada paso, buscando incautos a los cuales les ofrecían «un cupo aéreo» por «el módico precio» de Bs. 25 Mil, a parte del costo del pasaje que debían cancelar ante las taquillas de las referidas líneas áreas.

Pasadas las nueve de la mañana a una jóven andina, que había perdido la posibilidad de viajar previamente al detectar a un ciudadano portando un «uniforme» de la guardia nacional, el cual llamó la atención de la jóven, pués ese extraño ciudadano que no portaba maletas o equipaje alguno, no era un pasajero. Solo se limitaba a caminar por todos los mostradores de las líneas aéreas hablando por un celular constantemente. La jóven al percartarse de su extraño comportamiento lo interceptó y le grito: 

«Por culpa de usted no pude viajar, corrupto, revendedor de boletos áereos…». «Usted es una vergüenza nacional al estafar al pueblo, y además aprovechándose de su uniforme».
 

Vía celular se gestan los delitos de corrupción 

Horas más tarde, un hombre con corte de cabello bien rebajado, canoso, de chemise color azul y pantalón jeans se encargó «en atender» a otros pasajeros desesperados por la módica suma de Bs. 25 Mil bolívares. Aunque muchos pasajeros intentaron denunciarlos ante los funcionarios del INAC, estos «gestores» o estafadores del pueblo venezolano, hábilmente contratan sus servicios al funcionario de línea aérea a través del teléfono celular, lo cual dificulta detectar el acto de corrupción en tiempo real.

Fiscalía enfrenta delitos y hechos de corrupción

Recientemente la Fiscalía General de Venezuela informaría acerca de varios hechos de corrupción, uno de ellos el presentado ante el Acervo probatorio del Ministerio Público, condenados a 4 años y seis meses de prisión el exgerente general de Operaciones Terrestres del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), Alberto Rafael Bogarín, y el exgerente de Operaciones en Plataforma, Luis Alberto Salvatore, quienes admitieron su responsabilidad en la venta con sobreprecio de boletos nacionales e internacionales.

El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público el pasado mes de febrero de 2016, por directivos de la aerolínea estatal; y durante la audiencia preliminar, las fiscales 28° nacional y 77º auxiliares del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Sugley León, Yajaira Ríos y Carla Pereira, respectivamente, ratificaron la acusaron contra los dos exgerentes por los delitos de tráfico de influencias y asociación para delinquir.

El Tribunal 47º de Control del AMC dictó la sentencia condenatoria para Bogarín y Salvatore, quienes quedaron recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, municipio Guaicaipuro del estado Miranda; y además la instancia judicial también les impuso la prohibición de ocupar cargos públicos por el tiempo que dure la pena.

(Agencias)