Este viernes autoridades bolivianas informaron la captura de varios dirigentes mineros de ese país, como parte del proceso de investigaciones abierto a raíz del asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, ocurrido 24 horas antes.
El jueves 25 de agosto el cuerpo del alto funcionario del gobierno de Evo Morales, apareció a un lado de la carretera de Panduro, población ubicada a 180 kilómetros de La Paz, desde donde se había trasladado con la intención de mediar en un conflicto impulsado por cooperativistas que rechazan la aplicación de medidas oficiales que, según dicen, les perjudican directamente.
El crimen ha generado serias interrogantes, toda vez que ha sido el sector minero -junto al indígena- uno de los más grandes aliados de Morales desde que este ascendió al poder en el año 2006.
La intención de aplicar justicia por parte del sector oficial, sumado a la intransigencia del sector que indudablemente ha atesorado enorme poder (político y económico) en el altiplano, parecen haberse combinado no solo para desembocar en el homicidio de Illanes y en la muerte previa de tres cooperativistas, sino en la incertidumbre que tales sucesos podrían acarrear a la estabilidad institucional en la nación andina.
¿Exceso de poder?
La vocería minera se niega a acatar la aparición de sindicatos en las cooperativas, tal y como es el espíritu de una reforma legal dada a conocer el 19 de agosto.
“Entendemos que es una declaratoria de guerra del Gobierno”, declaró entonces el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas, quien dejó abierta la posibilidad de “responder en el mismo sentido” para lo que emplearía mecanismos legales y también “las diferentes formas de movilizaciones”, reportó la agencia BBC Mundo.
En las primeras de cambio Arguedas no figura entre quienes fueron aprehendidos: Carlos Mamani, Carlos Castos Julián Pinto, Paulino Layme y Clemente Colque, siendo que Mamani es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) “y está acusado, junto a otros de su gremio, de generar el caos con diferentes jornadas de bloqueo que causaron la muerte de tres personas, entre ellos Illanes”, señaló Telesur.
El conflicto suscitado podría estar potenciado por el rol de empresarios de las cooperativas “que han logrado bastante concesiones y privilegios”, indicó -a BBC Mundo– el sociólogo boliviano, Estaban Ticona.
Al mismo tiempo, las cooperativas mineras han absorbido tal cuota de privilegio que están convencidas de que tales privilegios pueden aumentar “sin límite alguno, ni legal ni económico, ni racional”, indicó Rafael Puente, ex viceministro del Interior.
Razones inaceptables
Además de la renuencia a aceptar la figura del sindicato en las organizaciones, los cooperativistas pretenden ser complacidos en otros aspectos, de acuerdo al análisis del bloguero Katu Arkonada.
Uno de ellos, asociarse con empresas privadas (nacionales y extranjeras), lo que violaría la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Cabe destacar que una de las firmas que resultaría beneficiada con esta intención es Comsur, propiedad del expresidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia, residenciado en Estados Unidos y quien entre los años 2002 y 2003 aplicó severas políticas neoliberales que generaron serias protestas que obligaron a su renuncia y huída del país.
Protestan asimismo –según Arkonada- las regulaciones ambientales, pidiendo su flexibilización lo cual contraría la Constitución Política de Bolivia.
A juicio de este exasesor del viceministerio de Planificación Estratégica y de la Cancillería del país, “el gobierno boliviano ha mantenido una posición de diálogo, convocando a los cooperativistas mineros a reuniones con los ministros de Presidencia, Gobierno y Minería”, en lo que el homicidio de Rodolfo Illanes parece darle la razón.
Derrotado intento de golpe
Sin titubear, el viernes Evo Morales convocó de emergencia a su tren de gobierno apenas se confirmó el asesinato de uno de sus hombres de confianza.
“Denunció una conspiración política contra su Gobierno por parte de los cooperativistas mineros”, informó la agencia digital Sputnik”.
Este sábado, el mandatario indígena fue más allá: “El Gobierno nacional ha derrotado un golpe de Estado”.
Sus palabras fueron difundidas por la Agencia Boliviana de Información, ABI, desde una conferencia de prensa que el líder brindó en la Gobernación de Cochabamba.
“Según Morales, la movilización de los cooperativistas mineros fue una conspiración política para derrocar al Gobierno porque se tiene pruebas de que estuvo planificada y preparada con el respaldo de políticos de la derecha”, agregó la ABI.
