Zoraida Bravo no se cansa nunca de buscar justicia para su hijo asesinado. Pero a veces la golpea la desesperanza porque son muy poderosos los intereses que se empeñan en que el crimen quede impune.
Ella es la madre del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Ramzor Bracho Bravo, quien cayó muerto en el sector Mañongo de Naguanagua, estado Carabobo, cuando intentaba auxiliar a su compañero, el sargento Harold Warschau Vargas, que había recibido un disparo en la pierna. Él corrió con peor suerte, pues el tiro que le dieron le quitó la vida.
Estos hechos ocurrieron durante las guarimbas de 2014, concretamente el 12 de marzo. Ahora parecen muy lejanos, sobre todo porque en 2017 se produjo una ola de disturbios con resultados aún peores, que pusieron al país al borde de una guerra civil. Pero para Zoraida Bravo es como si hubiese ocurrido ayer, no solo por el natural dolor que produce la muerte de un hijo, sino porque el caso judicial se ha estancado.
Han sido muy extraños los manejos en Valencia y Maracay, donde se ha radicado la causa, al punto de que partes importantes del expediente, incluyendo elementos importantes de la experticia, “se han extraviado”.
Esas raras circunstancias han favorecido a las personas que fueron originalmente imputadas por los cargos de homicidio calificado por motivos fútiles, homicidio en grado de frustración, instigación pública, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
El único de los procesados que sigue en prisión es Antonio Garbis González, un dirigente de Voluntad Popular que está preso en Tocuyito desde junio de 2014. Mientras tanto, el tribunal le otorgó casa por cárcel a Juan David Poletti Pérez, quien estaba detenido desde junio de 2015. Se le otorgó el beneficio debido a que padece estrés. Ambos han sido incluidos por los partidos opositores y ONG de derechos humanos en las listas de presos políticos.
Luisa Ortega Díaz lo imputó y ahora lo defiende
La situación más polémica relacionada con este caso es la de Antonio Vathiotis Psofiu, alias “el Griego”, preso en Bogotá, luego de haber intentado que se le diera el estatus de perseguido político.
En esta persona se evidencia una de esas lacerantes ironías de nuestro acontecer político. Él fue imputado por su presunta participación en los delitos antes mencionados en 2014, cuando el Ministerio Público estaba bajo la conducción de Luisa Ortega Díaz.
Pues bien, ahora que Vathiotis está preso en Colombia, Ortega Díaz se ha solidarizado con él y le ha prometido a su esposa gestionar su libertad ante el gobierno neogranadino. En varios tuits la exfiscal se hace cargo del asunto. En uno de ellos dice: “Hola estimada Mairelys, ya el caso de tu esposo lo he conversado con altas autoridades de #Colombia y espero que pronto podamos solucionar su situación. Estamos haciendo todo lo necesario para que recupere su libertad!”.
En otro de sus trinos, incluyó una fotografía abrazada con la esposa del detenido, tomada en la locación que utiliza para hacerse ver como la fiscal en ejercicio, con una bandera de Venezuela el estandarte del Ministerio Público.
Reunida con Mairelys de Vathiotis @psofiu conversando sobre las acciones que hemos ejecutado en Colombia para procurar la libertad de su esposo, el ciudadano venezolano Antonio Vathiotis, quien está detenido en Bogotá tras una ilegal solicitud de extradición del régimen madurista pic.twitter.com/PmazAcLC5j
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) November 1, 2018
Fuentes judiciales colombianas indican que las autoridades mantienen preso a Vathiotis no porque quieran cumplir con la solicitud de extradición hecha por el gobierno venezolano, sino porque la solicitud de captura la hizo Grecia a Interpol.
En los alegatos a favor de la libertad de Vathiotis nunca se explica la razón por la cual Grecia también lo requiere ni se dice que en Venezuela se le acusa por un homicidio. Igual que tantos otros, se dice que es un perseguido “por pensar distinto”.
Sigue la batalla
La madre del capitán Bracho Bravo asegura que continuará luchando porque el caso judicial se reactive. Ella ha intentado entregar un documento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, hasta ahora sin éxito. Igualmente quiso tener una audiencia con Delcy Rodríguez, cuando la actual vicepresidenta de la República era presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de su Comisión de la Verdad. Tampoco lo logró.
Asegura que el Ministerio Público, desde que está en manos del fiscal general Tarek William Saab ha procurado agilizar el juicio, pero al parecer hay obstáculos insalvables tanto en las dependencias de este organismo como en los tribunales de Carabobo y Aragua.
(LaIguana.TV)
