La apertura del procedimiento penal fue confirmada este martes por el fiscal colombiano, Fabio Espitia, quien instruyó al desarrollo de las investigaciones relacionadas al robo y uso indebido de fondos, delitos cometidos por Rossana Barrera y Kevin Rojas en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

«El fiscal (Fabio Espitia) dio instrucciones a sus colaboradores para continuar con las investigaciones», informó a medios locales Humberto Calderón Berti, nombrado arbitrariamente por Guaidó como «embajador» de Venezuela en Colombia y quien ha manifestado públicamente sus diferencias con el «autoproclamado» en torno a la trama de corrupción que se le atribuye.

Previamente, el Estado venezolano, a través del Ministerio Público (MP), anunció un investigación penal contra los dos militante del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), quienes habrían desviado más de $ 125.000 en gastos personales y engrosado el número de militares desertores a 1.450, cuando realmente se trataba de 700.

Ante ello, Barrera y Rojas serán imputados por la comisión de delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir, precisó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. 

La malversación de fondos, que había sido alertada por el Gobierno Nacional en marzo pasado, trascendió a raíz del artículo de Panam Post, de fecha 14 de junio, que señala tanto Guaidó como el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López ya conocían las irregularidades de Barrera y Rojas.

Los militantes de VP debían encargarse además de los alimentos donados por varios países para la supuesta «ayuda humanitaria» que pretendían ingresar a territorio venezolano el 23 de febrero. El cargamento estaría en su mayoría en estado de descomposición.