En labores conjuntas con la Fiscalía Tercera del Ministerio Público (MP) y efectivos de la Guardería Ambiental del estado Delta Amacuro, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocailismo y Aguas (Minea), inició las investigaciones referidas a la muerte de un ejemplar de la fauna silvestre de la especie jaguar.
El director estadal del Minea, Joel Dicurú, informó la coordinación de una comisión interinstitucional para que hiciera presencia en el sector Los Cocos, donde habitantes de la comunidad habrían dado muerte al animal.
De acuerdo con la información técnica aportada por los especialistas de la Unidad de Diversidad Biológica, se trató de un ejemplar hembra, en edad reproductiva que habría llegado hasta el caserío tras abandonar su hábitat.
El jefe estadal reveló que entre las diligencias que se practican, están las entrevistas a los habitantes del sector y la inspección en el sitio para determinar si el felino se hallaba solo o en compañía de algún otro de su especie y que ahora pudiera estar amenazado por el hombre.
El Minea exhorta a las comunidades a denunciar la captura de este tipo de ejemplares de la fauna silvestre y notificar al ente ecosocialista en caso de avistamientos en zonas urbanas que atenten contra su existencia.
“Pedimos al Poder Popular, desde cualquiera de nuestros espacios, fomentar la práctica de una cultura ambientalista que repercute en el comportamiento de las personas y su interacción con la naturaleza. Exigimos respeto hacia nuestra flora y fauna”, expresó Dicurú.
En peligro de extinción
De acuerdo con el portal web de Diversidad Biológica del Minea, el jaguar, tigre americano o mariposo, conocido científicamente como Panthera onca, en Venezuela se encuentra incluido en la lista oficial de Animales Vedados para la Caza, según Decreto N° 1.485 de fecha 11 de septiembre de 1996.
Asimismo, las poblaciones de esta especie distribuidas al norte de la línea Meta-Orinoco están en la lista oficial de Animales en Peligro de Extinción de acuerdo con el Decreto N° 1.486 emitido ese mismo año. También, se encuentra en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).
La Ley Penal del Ambiente establece sanciones desde tres años de prisión para quienes se dediquen a la caza ilícita de animales de la fauna silvestre, sanción que pudiera incrementarse al tratarse de especies en peligro de extinción y demás agravantes que considere el órgano penal.
(Nota de Prensa)
