Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela no se dan por satisfechos con el informe presentado por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a pesar de que este documento es sesgado y poco objetivo.
Ahora están realizando maniobras destinadas a que se designe una comisión especial para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en la que tendrían una notable participación los países integrantes del Grupo de Lima, abiertamente enemigos del gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
La jugada está en desarrollo en las reuniones de Ginebra, en las que el gobierno venezolano sigue batallando para evitar la conformación de una entidad supuestamente investigadora, formada por naciones hostiles que ni siquiera reconocen al gobierno que surgió del proceso electoral de mayo de 2018.
Venezuela ha sostenido su estrategia de responder a los señalamientos sobre derechos humanos no solo a través de voceros oficiales, sino también de organizaciones no gubernamentales.
Una de estas ONG es Fundalatin, cuya presidenta, María Eugenia Russián, compareció de nuevo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas. En esta oportunidad se sumó al rechazo de la iniciativa de algunos países miembros de Consejo que promueven la creación de una Comisión de Investigación de la ONU para Venezuela.
“Sostenemos que no hay razones para optar por esta iniciativa. La promoción de una comisión de Investigación para Venezuela busca frenar los avances entre la Oficina de la Alta Comisionada y el Estado venezolano, entorpeciendo y duplicando los esfuerzos”, dijo Russián, durante el 42° período de sesiones del CDH.
Su intervención tuvo lugar luego de que la alta comisionada Bachelet presentara su informe oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que reconoció la cooperación que existe entre su Oficina y las autoridades del Gobierno venezolano.
“Pese a esto, preocupa que algunos países miembros de este Consejo fomenten la creación de una Comisión de Investigación de la ONU para Venezuela. Sería más razonable respaldar la labor realizada por la Alta Comisionada en lugar de instaurar un mecanismo paralelo que disperse los esfuerzos y los recursos para atender la situación del país”, subrayó Russián.
La presidenta de Fundalatin recordó que la visita de la Alta Comisionada a Venezuela en junio de este año “posibilitó la presencia de funcionarios de la Oficina en el terreno, visitas a centros de detención preventiva y la excarcelación de 83 personas que ejecutaron acciones de violencia, salvo aquellas que asumen cargos por asesinato”.
“Sin duda, son muchos los avances inmediatos que ha traído la cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las autoridades del Gobierno de Venezuela en solo meses. Por eso, hay que evitar poner en marcha nuevos mecanismos que puedan afectar o interferir con el trabajo que se viene haciendo”, señaló.
(LaIguana.TV)
